La organización internacional Human Rights Watch (HRW) advirtió en su último informe sobre Derechos Humanos la mantención en Chile de las leyes que otorgan a a Carabineros «amplias facultades de detención», las cuales -señalaron- ejercen «con muy escasa supervisión».
«Desde 2019, se presentaron cientos de denuncias por uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y malos tratos a detenidos que motivaron reclamos para que se lleve a cabo una reforma policial, sin lograr cambios estructurales hasta el momento», se lee en el capítulo chileno del Informe 2023 de HRW.
Seguidamente, recordaron que «la policía nacional de Chile, conocida como Carabineros, actualizó varios protocolos relacionados con el orden público, incluido el uso de escopetas antidisturbios. Sin embargo, persisten deficiencias que dejan un amplio margen para abusos».
«Aún no se reformaron las leyes que otorgan a Carabineros amplias facultades de detención, las cuales ejercen con muy escasa supervisión. Estudios basados en datos oficiales indican que Carabineros ha usado estas facultades de manera discriminatoria durante años, particularmente contra migrantes, mujeres y personas que viven en la pobreza», añade el documento.
La «reforma» que no reformó
El reporte de Human Rights Watch detalla que si bien una reforma legal entró en vigor en febrero de 2022, incluyendo algunas medidas de transparencia y supervisión por parte de autoridades civiles, esta en estricto rigor no modificó el régimen disciplinario de Carabineros, el cual no garantiza investigaciones independientes e imparciales.
«En agosto, el gobierno de Boric estableció una comisión para la reforma policial -integrada por miembros del gabinete, subsecretarios y Carabineros- y una unidad consultiva para la reforma compuesta por legisladores, gobernadores, alcaldes, organizaciones no gubernamentales y expertos. El objetivo es promover la eficiencia, la transparencia y la probidad, incorporar un enfoque de género y de derechos humanos a la actuación policial y la subordinación de la policía a la autoridad civil», dice el reporte.
De acuerdo a los datos de la ONG, hasta julio de 2021, Carabineros había iniciado 1.433 investigaciones administrativas por participación en «hechos de violencia», las que resultaron finalmente en 158 sanciones disciplinarias, y el despido de 22 policías.
Asimismo, para abril de 2022, la Fiscalía había informado de tan solo 16 condenas de 8.581 investigaciones sobre presuntos abusos policiales cometidos entre octubre de 2019 y marzo de 2020, periodo en que el país vivió las masivas protestas de la revuelta social bajo el gobierno de Piñera.
Lee el capítulo chileno del informe de HRW AQUÍ
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