El informe “Derechos Humanos, Extractivismo Canadiense y el Agua Chilena”, elaborado por OLCA, fue entregado a la Misión Canadiense de Observación y Solidaridad con Chile, sobre la situación de los Derechos Humanos en el contexto del estallido social, y que finalizó su visita a Chile este lunes 27 de enero.
Los Tratados de Libre Comercio, los subsidios indirectos a la minería canadiense en Chile promovidos por la entidad inversionista gubernamental Export Development Canadá (EDC) y las acciones en infraestructura vital -sanitaria y eléctrica- de los fondos de pensiones de los profesores de Ontario (Ontario Teacher’s Pension Plan) son algunos de los actores canadienses cuya presencia se problematiza en el informe elaborado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
El informe del OLCA complementa a los informes elaborados por organismos de Derechos Humanos desde el campo de la conflictividad socioambiental. Sitúa al estallido social en el contexto de la profunda crisis ecológica que atraviesa el país desde hace ya más que diez años. Asimismo, revela las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que precedieron el 18 de octubre, en especial el derecho humano al agua, y describe cómo el extractivismo y sus consecuencias se han vuelto un eje central en las demandas ciudadanas en las protestas.
En el contexto de esta crisis, empresas y entidades gubernamentales canadienses juegan un papel clave: Entre 50 y 70% de la actividad minera en Chile es canadiense, y casi el 37% de los usuarios de Agua Potable a nivel nacional, dependen de una Empresa Sanitaria que es propiedad de inversionistas canadienses. Infraestructura que, como se señala en el informe, podrá ser reguardada por los militares chilenos si el cambio propuesto por el gobierno de la ley ley N° 18.948 se aprueba.
Pese a su expreso compromiso con la democracia y los Derechos Humanos en América Latina, el gobierno federal de Canadá no se ha pronunciado frente a las vulneraciones de los Derechos Humanos del gobierno de Sebastián Piñera a la población de Chile. Incluso, a través de la agencia financiera gubernamental EDC se han aprobado préstamos millonarios a empresas -entre ellas, CODELCO, Teck, BHP- operando en Chile luego del estallido, política que el OLCA critica, ya que demuestra una incoherencia frente a su actuar en otros países como Venezuela, donde se han impuesto sanciones económicas desde 2017.
Lucio Cuenca, director ejecutivo del OLCA, llamó a la comisión canadiense a que “trasmitan y se hagan parte del llamado al gobierno Canadiense a cumplir con su expreso compromiso con los DDHH, a condenar enérgicamente las violaciones a DDHH protagonizado por el gobierno de Sebastián Piñera, y a emplear las sanciones económicas que están a su disposición”, especialmente, “no otorgar nuevos financiamientos vía créditos a través de EDC, tanto a empresas canadienses que operan en Chile, como a otras empresas que reciben estos beneficios para comprar servicios o tecnologías canadiense, como el caso de Codelco”.
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