Informe recomienda definir un porcentaje máximo de recursos estatales a gastar en publicidad en un medio de comunicación

La profundización de las democracias requiere de procesos de reflexión sobre la comunicación y de modernización de las políticas sobre la materia en pos de mejorar el acceso a la libertad de expresión de las personas y comunidades integrantes de las naciones.

Bajo esta premisa y como parte de la misión de los planteles públicos, es que las universidades de Chile, de La Frontera y de La Serena hicieron entrega del informe «Más amplitud, más voces, más democracia. Aporte para las comunicaciones del Chile que viene», al Ministerio Secretaría General de Gobierno, institución que encargó la elaboración de este insumo que se encuentra disponible para la ciudadanía desde este viernes 20 de enero. 

A cargo de las Escuelas de Periodismo de dichas universidades, este informe se plantea como un aporte al diseño de políticas que apunten a fortalecer la promoción de un ecosistema medial robusto, amplio y diverso, a partir de este diagnóstico que busca sentar las bases de una ruta hacia más medios locales, regionales, descentralizados y desconcentrados.

Todo esto, considerando dimensiones como la interculturalidad, perspectiva de género, educación y medios, derecho y acceso a la información, sistema de medios y democracia, medios públicos, medios comunitarios, ética periodística, democratización digital, entre otras.

Al respecto, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, destacó que «este informe, fruto de una metodología de diálogo que incluyó a una diversidad muy amplia de expertos, actorías e instituciones, es el primero de muchos pasos que contribuyen a seguir fortaleciendo nuestra democracia, y garantizando los derechos asociados a la comunicación».

En la misma línea, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, dijo que «la reflexión sobre el sistema de medios de comunicación es también una reflexión, lo sabemos, sobre la democracia, y el derecho a la información y a la libertad de expresión son garantías esenciales».

«El actual ecosistema mediático, cada vez más complejo y fragmentado, tiene distintas implicancias para la ciudadanía. Por un lado, la información está más disponible y existen mayores fuentes de acceso y producción, pero por otro se genera un creciente ambiente de desinformación, donde las comunicaciones parciales o, derechamente, las noticias falsas proliferan en la esfera pública», agregó Devés. 

El informe y sus recomendaciones

El informe propone una serie de medidas. En lo que refiere al sistema de medios, señala la necesidad de transparentar y regular la publicidad estatal de modo de que se asegure el cumplimiento de los objetivos relativos a las políticas públicas y a la efectividad del mensaje, estableciendo criterios más amplios que solo la medición de audiencias.

Junto a ello, se recomienda definir un porcentaje máximo de recursos estatales a gastar en un medio de comunicación, asociación o empresa que tenga varios medios de comunicación y dividir los gastos del avisaje y las campañas en: medios de comunicación de carácter comunitario; medios de comunicación que tienen facturación menor a 5 millones mensuales; y medios de comunicación de mayor facturación.

Sobre periodismo y ciudadanía, el informe plantea la necesidad de construir protocolos de trabajo en terreno que resguarden los mínimos necesarios para asegurar la protección de las y los periodistas; implementar un observatorio internacional que vele por el cumplimiento de los estándares de acceso a la información y de libertad de expresión; y construir un código de ética para la labor periodística y las condiciones de publicación y/o emisión de la información amplio, instancia que debiese ser integrada por representantes académicos, empresariales, profesionales y gremiales.

A nivel transversal, sugiere incorporar la educación mediática y la interculturalidad en el contenido del sistema escolar. Junto a ello señala la necesidad de promover, con financiamiento estatal, espacios comunicativos mediáticos y no mediáticos que pertenezcan y estén dirigidos a población integrante de los pueblos indígenas, migrantes, comunidades LGTBIQ+ y otros sectores no visibilizados en la opinión pública.

A esto se suma la necesidad de prevenir, enfrentar y erradicar las situaciones de violencia de género que afecten a periodistas y trabajadoras de la comunicación, así como el desarrollo de protocolos que permitan tipificar y prevenir los discursos de odio.

Revisa el informe completo AQUÍ

Participación de profesionales y trabajadores

El trabajo de levantamiento de información consideró la revisión de informes previos, jurisprudencia internacional y la experiencia y propuestas de sectores nacionales involucrados en el debate.

Asimismo, incluyó la participación de profesionales y trabajadores del campo de los medios de comunicación, de organizaciones gremiales y el Colegio de Periodistas, provenientes de Santiago, regiones e internacionales.

Para ello se realizaron 13 entrevistas grupales, además de cinco grupos de discusión, dos en la Región Metropolitana, uno en la Región de La Araucanía y dos en la Región de Coquimbo.

La coordinación del trabajo estuvo a cargo de la Universidad de Chile y el equipo de esa casa de estudios, estuvo conformado por las y los académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen: Dino Pancani, Ana María Castillo, Juan Enrique Ortega y Carolina Muñoz Castillo.

Para el caso de la Universidad de La Frontera, el trabajo se realizó desde el Doctorado en Comunicación, con la participación de los académicos Bárbara Eytel y Carlos del Valle. En tanto, desde la Universidad de La Serena, el equipo estuvo conformado por académicos de la Escuela de Periodismo: Pablo Andrada Sola, Carolina Rodríguez Malebrán y Cristian Muñoz Catalán.