A un año exacto de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en Chile, la ONG Escazú Ahora publicó su primer informe de seguimiento de la implementación del Tratado, revelando que a un año de que se transformara en ley, los responsables de su implementación no han avanzado en ningún solo aspecto del punto más relevante del Acuerdo: la protección de las personas defensoras de los Derechos Humanos en asuntos ambientales.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado sobre protección ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo en incorporar disposiciones específicas sobre los defensores ambientales.
El proceso de adhesión de Chile al Acuerdo comenzó en marzo de 2022, cuando el Presidente Gabriel Boric firmó en su primera semana de gobierno el proyecto de ley que permitiría el ingreso de Chile al Tratado.
«Cómo no pensar hoy día en aquellos casos en los que aún la duda nos carcome. Estoy pensando en Macarena Valdés, estoy pensando en Nicolasa Quintreman y quiero mencionar por cierto a Orietta Llauca, para que no sea uno de esos casos. Muchas gracias por estar aquí presente, estamos aquí para defenderte y lo que representas», fueron las palabras del discurso del Presidente Boric tras firmar el Tratado, marcando el ímpetu de una discusión que se prolongó por alrededor de 3 meses más en el Congreso bajo la misma tónica.
Durante su tramitación, parlamentarios y parlamentarias de todo el espectro político relevaron la importancia de este Tratado en la protección de las y los defensores ambientales, y las ministras de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores se comprometieron con ellos a avanzar prontamente en la generación de medidas para dar protección a las personas defensoras del medio ambiente una vez el Tratado entrase en vigencia.
Tanto es así que, días después de su aprobación en el Senado, las ministras de Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Justicia emitieron un comunicado conjunto anunciando la creación de una mesa técnica a cargo de proponer medidas concretas para dar protección a los defensores ambientales.
Luego, en abril de 2023, el subsecretario Proaño anunció en la Segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, que fruto de un trabajo interministerial lograron poner en marcha un «Circuito de Alerta» para proteger a los defensores ambientales amenazados en el país.
Sin embargo, mediante un trabajo de investigación que incorporó la concreción de entrevistas, revisión de archivos y la realización de más de una decena de solicitudes de transparencia, la ONG Escazú Ahora reveló en su informe «Balance de la implementación del artículo nueve del Acuerdo de Escazú en Chile a un año de su entrada en vigor», que no existe un «Circuito de Alerta», como lo señaló el subsecretario Proaño ante la comunidad internacional en abril de 2023.
De hecho, el grupo técnico a cargo de su diseño ni siquiera ha definido una hoja de ruta para abordar la creación de una iniciativa de tales características.
Asimismo, el informe constata que a más de un año de que el Presidente Boric diera su primera Cuenta Pública en el Congreso Nacional, en la que aplaudió la ratificación del Acuerdo de Escazú y señaló que su gobierno impulsaría un proyecto de ley para proteger a los defensores de Derechos Humanos, este aún no se ha presentado.
Al respecto, Joaquín Salinas, coordinador de la campaña de defensores de Escazú Ahora calificó como «de suma gravedad que a un año de haberse promulgado el Acuerdo de Escazú no se haya tomado ninguna medida para dar protección a las personas defensoras del medio ambiente. No podemos proteger la naturaleza si no defendemos primero a quienes la defienden».
En esa línea, dijo que «durante el último año, como organización, hemos recibido más de 4 denuncias de casos de amenazas a personas defensoras y durante ese mismo tiempo el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Justicia no hicieron absolutamente nada, no dieron respuestas ni proporcionaron el apoyo requerido a quienes estaban siendo amedrentados en sus comunidades por defender la vida».
«Hoy el Ejecutivo debe poner el pie en el acelerador, mostrar con hechos concretos que sus discursos son más que promesas vacías y tomar medidas concretas para dar protección a quienes alzan la voz por la naturaleza. Los defensores no podemos seguir esperando», afirmó Salinas.
La investigación de Escazú Ahora también reveló que en noviembre de 2022 se creó una subcomisión de la Comisión Permanente de Coordinación de Justicia Penal, con el objetivo de elaborar un «Protocolo de defensa de los defensores de Derechos Humanos y Ambientales», para lo cual en ese entonces se habían fijado la misión de efectuar «un primer levantamiento diagnóstico a través de mesas regionales».
Pero, según consta en el informe de la ONG, a la fecha dicha comisión sólo ha celebrado 5 reuniones y todavía no ha realizado el levantamiento-diagnóstico que se habían propuesto, señalando que «aún se encuentra pendiente».
Finalmente, desde Escazú Ahora manifestaron que este es el primer informe que levantan sobre el análisis de cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Escazú en el país, centrándose en particular en lo relacionado con la protección de las personas defensoras del medio ambiente, pero que prontamente harán pública otra investigación analizando todo el proceso de implementación del Tratado en el país.
Revisa el informe completo AQUÍ
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