Lentitud en activarse frente a un corte masivo de energía, y pérdida de información real de los desplazamientos cuando el individuo toma una bicicleta o un vehículo, son algunas de las serias fallas que presenta el sistema de tobilleras electrónicas de Gendarmería.
Así revelaron documentos internos a los que accedió El Mercurio y que, tras su publicación el fin de semana pasado, generaron inquietud en altas esferas de la administración.
Según el matutino, el ingeniero en informática René Miranda, quien presentó su renuncia a la institución, alertó que el servicio no cuenta con un soporte que sostenga su funcionamiento las 24 horas del día y que es altamente vulnerable a un corte del suministro eléctrico, hecho que se demostró luego de la caída del Data Center interno.
A la falta de protocolos para responder a incidentes de esta naturaleza, se suman problemas relativos al monitoreo de victimarios bajo libertad vigilada, cuya velocidad de movimiento alteraría la posición georreferencial (GPS) capturada por el sistema. “Puede sacar un desplazamiento de varios kilómetros de distancia sin que esto sea reportado oportunamente”, indicó Miranda.
El profesional señaló que hay una resistencia del equipo del telemático a informar estas observaciones, poniéndose más en un rol de defensa de la empresa que de fiscalización.
El ministro del Interior Jorge Burgos reaccionó este lunes indignado ante las denuncias e hizo un llamado para que el Estado ejerza acciones contra los vendedores del producto, sin desconocer que este es «un tema propio de Justicia». La cartera de Javiera Blanco, sin embargo, no quiso referirse al tema.
Fuentes confiables de El Ciudadano apuntaron a más falencias, como la pérdida de señal de la tobillera cuando el sujeto aborda el Metro y se moviliza en estaciones subterráneas. En dichos casos, la ubicación sólo se recupera cuando el individuo alcanza la superficie, con un desfase que puede alcanzar los tres minutos.
La empresa que presta el servicio es TrackerPal, conocida internamente por la baja calidad de su señal GPS y que en Chile estaría representada por ex militares.
Hay también preocupación de que la escasa mirada técnica, a la hora de sentar las bases para una nueva licitación del telemático, afecte el proceso que será abierto en 2017 y que destinará cerca de 50 mil millones de pesos, por seis años y medio, a la empresa ganadora.
No hay que olvidar que, según la carta de renuncia del informático Miranda publicada por este medio la semana pasada, dentro de Gendarmería también se han detectado hechos anómalos en procesos de licitación, de infraestructura y proyectos tecnológicos, y enormes carencias en los servicios de apoyo a la función penitenciaria.
El escenario se ve agravado por escándalos como el pago y abultamiento de los sueldos, mal uso de licencias y personal recontratado, sostuvo Miranda en la misiva.
El director de la institución, Tulio Arce, podría ser citado a declarar a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para dar explicaciones.