Un funcionario de la PDI de Viña del Mar presentó un recurso de protección contra el director general de la institución, Héctor Espinosa, indicando que fue perseguido tras denunciar presuntas faltas a la probidad cometidas por su jefe directo en el cumplimiento de órdenes de investigar emanadas desde el Ministerio Público.
Según el inspector Reinaldo Yañez, la máxima autoridad policial no cumplió con la ley 20.205 que obliga a los servicios públicos a proteger al personal que denuncia eventuales casos de corrupción. Pese a estar acogido a la normativa, la Honorable Junta de Apelaciones de la PDI bajó su lista a 4, es decir, pidió que fuera eliminado de las filas.
La parte del cuerpo legal que Espinosa estaría infringiendo señala que los funcionarios no podrán ser objeto de medidas disciplinarias de suspensión del empleo o destitución, desde la fecha en que la autoridad reciba la denuncia y hasta noventa días después de haber terminado la investigación sumaria o sumario incoado a partir de ella.
En abril de este año, Yañez acusó al actual encargado de la Prefectura del Loa, subprefecto Pablo González, por supuestamente alterar «los plazos en que deben ser diligenciados los diversos decretos y órdenes de investigación» emanados por la Fiscalía y los tribunales de justicia.
Según el recurso, el oficial «ordenaba a la oficina de partes de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Viña del Mar, alterar las fechas en los sistemas de registro computacionales para así lograr mantener al día dichos documentos» y que ni él ni el prefecto de más arriba fueran sancionados.
«Si mantenían sus unidades policiales sin atraso, lograban una buena calificación para sus hojas de vida y bonificación para seguir ascendiendo en la carrera funcionaria», indicó el inspector, agregando que si los retardos o alteraciones eran descubiertos, les significa ser mal evaluados.
El libelo hace presente que en vez de investigar esta irregularidad -que fue comunicada oportunamente a la Inspectoría General-, la PDI tomó otro camino: sancionó al policía por proferir «acusaciones tendenciosas e infundadas» contra González, iniciando un sumario para establecer cómo el denunciante accedió a los sistemas computacionales para detectar lo que ocurría.
El prefecto general Héctor Espinosa ya ha solicitado dos prórrogas a la Corte de Apelaciones de Santiago para hacer sus descargos. Según la información que consta en el portal del Poder Judicial, su último plazo para responder vencía hoy.
Matías Rojas – [email protected]
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