Investigación de Interferencia: Auditorías advierten posible nuevo fraude en Carabineros que sería tres veces superior al «PacoGate»

El portal de investigación periodística Interferencia publicó durante la presente jornada el primero de una serie de artículos que dan cuenta de la existencia de un posible nuevo fraude en Carabineros, el cual sería tres veces superior al denominado «PacoGate».

Según se informó, el citado medio tuvo acceso a una auditoría interna del Departamento de Bienestar de Carabineros, con fecha 23 de octubre de 2020, «donde se detalla una larga lista de hallazgos preocupantes sobre la gestión del Fondo de Ahorro Habitacional -sistema de préstamos empleado por la institución para financiar viviendas a sus funcionarios-, entidad a la que casi todos los 65 mil funcionarios policiales aportan con al menos 4% de su salario mensual y que, al menos sobre el papel, cuenta con activos por casi 150 mil millones de pesos», indicaron desde Interferencia.

En específico, se detalló que las cuentas de los préstamos del fondo no tienen «respaldo ni comprobación histórica; quienes procesan los registros de los créditos son los mismos que fiscalizan el proceso; no existe ningún protocolo para levantar alertas financieras para la prevención de lavado de activos; y nadie se cerciora de que los dineros entregados se gasten efectivamente en viviendas o, peor aún, que efectivamente algunos créditos hayan sido pagados, ya que la institución llevaba una contabilidad doble, donde las cifras reportadas por la unidad de finanzas y la del departamento de informática no siempre coincidían».

En ese sentido, desde Interferencia recordaron que ya en 2017, un informe de la Contraloría General de la República «reveló serias falencias de seguridad» en la contabilidad del Fondo de Ahorro Habitacional.

«La entidad fiscalizadora advirtió en ese entonces que la totalidad de los dineros ingresados a las arcas policiales corrían un serio riesgo de fraude y pidió subsanar una serie de falencias graves. Entre éstas, por ejemplo, que cualquier funcionario con acceso podía entrar y borrar o disminuir préstamos sin que existiera trazabilidad alguna, o bien problemas en la custodia de los contratos de préstamos e hipotecas otorgados entre 1981 y 2013, cuyas únicas copias están guardadas en una sala sin control de acceso ni sistema contra incendios», puntualiza la información.

Sin embargo, añade la investigación de Interferencia, «cinco años después del informe de la Contraloría y a un año y medio de la auditoría interna de Carabineros, la mayoría de los problemas subsiste y las autoridades del Departamento de Bienestar no han iniciado ningún sumario interno, pese a las evidencias levantadas dentro y fuera de la institución, y a que varios altos funcionarios de esa división vienen pidiendo hace años esclarecer los hechos».

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