A pocos días del inicio de clases anunciado por las autoridades para el próximo lunes 1 de marzo, aún existe gran incertidumbre sobre la modalidad que tendrá este proceso. El rechazo a esta medida por parte del Colegio de Profesores, la campaña de vacunación en marcha y el anuncio del Presidente Sebastián Piñera sobre un regreso voluntario, gradual, flexible y seguro son algunos de los factores que generan dudas frente a este regreso a clases, a lo que se suma la disposición de apoderados y apoderadas.
Este último aspecto fue analizado por Vida en Pandemia, estudio longitudinal de la Universidad de Chile sobre el impacto de la crisis sanitaria en la población. La investigación, financiada en esta etapa por Unesco, indica en su informe N°8 que un 64% de los padres, madres y cuidadores/as manifiestan que el regreso a clases debe estar asociado a la vacuna y señalan que “enviaría a sus hijos/as a clases presenciales cuando exista una vacuna; no antes”.
Las diferencias más significativas por grupo de análisis se presentaron según el tipo de establecimiento educacional. Quienes plantearon esta respuesta alcanzaron al 67% en escuelas municipales y al 68% en las particulares subvencionadas, cifra que llegó al 52% entre los recintos pagados. También se registró una distinción por rango etario. 67% y 68% de los más jóvenes, entre los entre los 20 y 29 años y entre los 30 y 39 años, respectivamente, se inclinaron por esta afirmación; mientras que los grupos mayores, entre 40 y 49 y mayores de 50, lo hicieron en un 59%.
La condición que obtuvo el segundo lugar de preferencias, con un 37%, fue “cuando el establecimiento implemente las medidas sanitarias que ordena la autoridad”. Las personas que se inclinaron más por esta respuesta fueron las del segmento entre 40 y 49 años, quienes lo hicieron en un 41%, cifra que llegó al 45% entre las mujeres de este grupo. El segmento etario que menos optó por esta respuesta, con un 26%, fueron los hombres más jóvenes.
También se observaron diferencias a nivel socioeconómico y según el tipo de establecimiento educacional. 32% de las personas de menores ingresos y 44% de las de mayores recursos plantean esta opción. En las escuelas municipales y particulares subvencionadas, en tanto, esta respuesta llega al 30% y 36%, respectivamente; mientras que en las escuelas pagadas la cifra llega al 47%.
Irma Palma, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile e investigadora principal de Vida en Pandemia, sostiene que en el momento de aplicación de la encuesta “la apertura de las escuelas aparecía como contradictoria con el dispositivo social del distanciamiento social. Si se debía tener un distanciamiento físico, se preguntaba entonces cómo hacer en sentido exactamente contrario: mover y reunir a grupos, justamente a niños/as, quienes no podrían cumplir las normas del distanciamiento. Lo anterior, a pesar que la estrategia gubernamental aseguraba que era compatible asegurar protección a las personas y viabilizar el funcionamiento de las escuelas”.
Confianza en la autoridad
La encuesta, aplicada a padres, madres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes entre cero y 18 años de distintas partes del país, reveló además una baja confianza en el gobierno, principalmente entre los más jóvenes, grupos de menores ingresos, y personas tanto en el sistema municipal como en el particular subvencionado.
Sólo 28% comparte “totalmente” o “en gran medida” la afirmación “Abriendo de nuevo las escuelas, el Gobierno busca que no se afecte negativamente el aprendizaje de los/as estudiantes”. En el otro extremo, quienes comparten “nada” o “poco” esta sentencia alcanza al 45%. Por otra parte, sólo 25% comparte “totalmente” o “en gran medida” la afirmación “Al Gobierno le preocupa que los/as estudiantes más pobres sean más perjudicados si se prolonga la educación a distancia”. Quienes comparten “nada” o “poco” esta sentencia, en tanto, alcanzan al 55%.
El estudio también plantea la disyuntiva que supone exponer a la población infantil al COVID-19 con la vuelta a clases como medida para normalizar la vuelta al trabajo de padres y madres. En este ámbito, 57% de las personas está de acuerdo “en gran medida” o “totalmente” con la expresión “el Gobierno piensa normalizar la vuelta al trabajo de los padres y madres, a costa de exponer a los/as niños/as al contagio del COVID-19”, mientras que aquellas que responden “poco” y “nada” sólo llegan al 24%.
Los grupos de menores ingresos y asociados a escuelas municipales y particulares subvencionadas son los más críticos; mientras que los grupos de mayores recursos y asociados a escuelas particulares son los que menos comparten esta sentencia.
Por otra parte, sólo un 19% adscribe “en gran medida” o “totalmente” a la afirmación “El Gobierno está adecuando las escuelas en el sistema público para que los/as estudiantes retomen las clases y al mismo tiempo evitar que se contagien”. Quienes comparten “poco” o “nada” este juicio, en tanto, alcanzan el 57%.
Finalmente, sólo 9% participa “en gran medida” o “totalmente” del juicio “El Gobierno ha tomado en cuenta la opinión de los padres, madres y apoderados/as”; mientras un 73% lo comparte “nada” o “poco”. Las principales diferencias frente a esta afirmación están asociadas a las edades y a los niveles de ingresos. Si bien el rechazo a esta sentencia es alto y homogéneo, los jóvenes y personas de menores ingresos son los más críticos.
El proceso del retorno
Frente a estos resultados y el regreso a clases presenciales, Irma Palma señala que “serán aproximadamente cinco millones de estudiantes y cientos de miles los integrantes de los equipos educacionales que podrán abandonar, aunque progresivamente, la desestabilización de la vida cotidiana. El mundo del trabajo y el de la educación constituyen dos ámbitos principales de esa desestabilización. Y es en uno y otro que se resolverá la salida a la crisis. Por una parte, porque la crisis del mundo del trabajo está asociada a la crisis de la economía. Por otra parte, porque la vida cotidiana se encuentra estructurada en torno al domicilio y el trabajo (la escuela es su equivalente en las otras generaciones), y esto ha sido una de las pérdidas más fundamentales del encierro”.
Respecto a las actuales diferencias sobre las condiciones de apertura, la especialista concluye que “el cierre de las escuelas fue una decisión presionada por la sociedad, y la apertura tendría que ser una decisión consensuada entre Gobierno y sociedad y, del mismo modo que hicimos en marzo de 2020, debiésemos hacer del paso a la educación presencial un proceso. Si el paso a la educación que tuvimos en 2020 fue inédito en la historia de la educación, el que vendrá también lo será”.
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
