Itelecom habría violado sistema anticorrupción y engañado a sus empleados para realizar pago de coimas

La empresa Itelecom, investigada por lavado de activos y pago de sobornos en las municipalidades de Iquique, Chillán y Negrete, continúa dando de qué hablar.

Este jueves, salió a la luz información sobre cómo esta empresa violó su propio mecanismo de prevención del delito, y las declaraciones de especialistas encargados de elaborar dicho sistema y de sus empleados, quienes reconocieron a la Policía de Investigaciones (PDI) no haber estado al tanto de las coimas a funcionarios públicos que permitió a la firma obtener licitaciones millonarias para instalar luces led.

De acuerdo con una orden de investigar de la PDI, revelada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, dicho mecanismo para prevenir delitos, consistía básicamente en un sistema orientado a impedir que una compañía o persona jurídica incurra en actos de corrupción a través de sus funcionarios. Lo anterior, está estipulado en la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (20.393) que permitió ingresar a Chile en la OCDE en 2009.

De ser acreditados estos hechos por el Ministerio Público, Itelecom arriesga el pago de millonarias multas, reseñó el citado medio.

Una serie de formalizados

El caso de corrupción de Itelecom implicó una serie de delitos tributarios, entre estos boletas y facturas falsas, y coimas a funcionarios públicos. Dichos mecanismos ilícitos permitieron a la firma hacerse con la licitación de al menos 20 municipios para la instalación de luces led.

La lista de ejecutivos e involucrados formalizados es larga, comenzando por los cargos más altos, como el dueño de la firma, Marcelo Lefort; Pedro Guerra, subgerente; Ricardo Rodríguez, gerente comercial, y Heriberto Bustos, de administración y finanzas, a quienes se les imputa el delito de soborno a funcionarios públicos.

En la Municipalidad de Chillán, figuran su exadministrador, Ricardo Vallejos, por los delitos de cohecho y violación de secreto, y Marcelo Campos, exasesor jurídico y exjuez de Policía Local de la comuna de Pemuco, quien también está imputado por el delito de cohecho.

Respecto a los imputados en Iquique figuran los concejales Mitchel Cartes (PS), Felipe Arenas (UDI), Arsenio Lozano (PR) y Guillermo Cejas (Ind), quienes enfrentan cargos por los delitos de cohecho reiterado, lavado de activos y fraude al fisco. A estos se sumaron, Mario Villalobos, Marcos Contreras, Martín Vargas, formalizados por el delito de soborno reiterado, y Cristián Ureta, también por soborno reiterado, lavado de activos, asociación ilícita y fraude al fisco.

En cuanto a la Municipalidad de Negrete, están formalizados el alcalde, Francisco Melo, por los delitos de cohecho y violación de secreto, y David Encina Fonseca, jefe de la Secretaría de Planificación (Secplan), también por cohecho.

Mecanismo de prevención creado con posterioridad a las coimas

El mecanismo creado en 2019 por la firma, tenía el objetivo de obtener financiamiento del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros fondos de inversión para desarrollar proyectos.

De acuerdo con el documento de la PDI, una empresa asesora en conjunto con un estudio de abogados crearon en ese año las matrices de riesgo para la firma, y a su vez ejecutivos y directores recibieron capacitación. 

Asimismo, se creó un canal de denuncia interno y se designó a la abogada Carolina Lefort, pariente de uno de los ejecutivos formalizados por blanqueo de capitales, para el cumplimiento de esta medida.

Con el objetivo de aparentar el cumplimiento de los requisitos de inversionistas extranjeros y poder acceder a los recursos mencionados, la firma buscó una certificadora legalmente inscrita ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En ese entonces, mientras Itelecom llevaba a cabo estas gestiones, los teléfonos de los ejecutivos eran interceptados por la Fiscalía.

Si bien, todo este mecanismo fue creado con posterioridad a las coimas, lo cual agravaría la situación procesal de los dueños de la empresa, ni los abogados ni la certificadora tenían cómo saber de los casos de corrupción, ya que sus labores no estaban orientadas a la revisión de los estados financieros ni tampoco a las labores bancarias personales de sus dueños.

El engaño y lobby de Itelecom

De acuerdo con el documento policial, los empleados de la firma aseguraron no estar al tanto de las actividades ilícitas tramadas por Marcelo Lefort.

Carolina Lefort, quien entre sus labores, debía mantenerse comunicada con el directorio en caso de cualquier vulneración a la ley, afirmó a la PDI no tener conocimiento de ninguna clase de acto ilegal por parte de la empresa, puesto que aseguró no tener antecedentes, y por otro lado, nunca quedó constancia de alguna actividad ilícita en las actas del directorio.

“No tengo conocimiento de pagos que hayan efectuado ejecutivos de la empresa Itelecom para adjudicarse licitaciones. Todo lo que sé es a través de la prensa”, aseguró la abogada.

En la orden de investigación figuró otro de los miembros de la familia, en este caso, el primo de Carolina, Camilo Lefort, quien aseguró desconocer los sobornos, a pesar de que fue partícipe en las licitaciones de luces led en municipalidades.

“En mi impresión este mercado (…) es altamente político (…) hay que hacerle sentido a una municipalidad; se puede a través de Ley del Lobby, pero no es obligatorio que las acepten (…) y sin lobbistas parece que el mercado no resulta”, declaró el también abogado.

Por otro lado, Alex Campos, encargado de finanzas, señaló que una vez que la Fiscalía detuvo a sus jefes, comprendió situaciones que llamaron su atención en su momento.

Respecto de la emisión de documentos ideológicamente falsos emitidos por José Hidalgo Abarzúa, dueño de Servicios Parking, que sirvieron para hacer caja y pagar sobornos, Campos aseguró que alertó a sus jefes respecto de las facturas.

“En alguna oportunidad cuestioné las facturas de Hidalgo Abarzúa, pero mis jefes me indicaron que (…) estaban correctas y debían pagarse”, relató.

En esta misma línea, Campos aseguró que una vez que el caso de corrupción de Itelecom salió a la luz en Iquique el año pasado, llevó a cabo una revisión pormenorizada de las facturas ideológicamente falsas, las cuales superaban los $720 millones.