Joven militante popular (29 años) que ha participado activamente en las movilizaciones estudiantiles, marchas por No+AFP y la rebelión popular de octubre, Javier Pineda Olcay es hoy candidato a la Convención Constitucional (CC) en la Lista “Movimientos Sociales: Unidad de Independientes”, por el Distrito 10, integrado por las comunas de Ñuñoa, Providencia, Macul, Santiago, La Granja y San Joaquín, con un padrón electoral de casi un millón de votantes.
De profesión abogado, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, es fundador de la Defensoría Popular de las y los Trabajadores y de la Corporación de DDHH 4 de Agosto, organizaciones que se han transformado en herramientas al servicio de la defensa de la clase trabajadora y los Derechos Humanos.
La propuesta inicial de su candidatura fue promovida, apoyada e impulsada por más de cincuenta organizaciones sociales y sindicales, tales como Confederación General de Trabajadores (CGT Chile), Directorio Asociación Regional Metropolitano de Trabajadores/as del SENAME, Sindicato Nacional de Trabajadoras de Fundación Integra N°1, entre otras organizaciones de la clase trabajadora que decidieron contar con su propia apuesta política para enfrentar a los poderosos de este país.
“Es importante saltar todos los torniquetes impuestos por este proceso institucional y así, hacer posible una vida digna en la nueva Constitución”, enuncia el candidato que forma parte de una lista también compuesta por organizaciones sociales, sindicales, feministas, brigadistas de salud, socioambientales, migrantes, trabajadoras de las artes y las culturas, quienes apostaron por articularse y unir sus fuerzas. Es así como, «Movimientos Sociales: Unidad de Independientes», fue la lista más patrocinada del país, alcanzando más de 22 mil firmas.
Hijo de madre y padre trabajadores, a lo largo de su vida Javier enfrentó diferentes experiencias que lo llevaron a comprometerse con la lucha de la clase trabajadora y fundar junto a sus compañeros y compañeras la Defensoría Popular de las y los Trabajadores, organización que hoy en día acompaña a cientos de organizaciones sindicales y de miles de trabajadoras y trabajadores a lo largo de todo el país en la defensa de sus derechos.
Su férreo compromiso por la defensa de los Derechos Humanos se expresó en la creación de la Corporación 4 de Agosto, donde acompaña a comunidades mapuche, víctimas de violaciones a los DD.HH., perseguidos políticos de la rebelión popular y ahora último, ha sido parte de la defensa, asesoría y acompañamiento de estudiantes que fueron expulsados por la red de vigilancia creada por el alcalde de Santiago Felipe Alessandri junto Carabineros en el INBA en el contexto de Aula Segura.
Asimismo, durante estos últimos meses Javier Pineda ha sido uno de los dinamizadores de la Asamblea Popular Constituyente, espacio clave para dichas organizaciones y desde donde se espera articular las fuerzas populares y sociales para profundizar el programa y elaborar un plan de lucha que permita desbordar el proceso institucional.
– ¿Por qué desbordar el proceso institucional?
– El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución no fue firmado por el pueblo, por lo cual no tenemos ningún compromiso con él. El asedio al proceso institucional desde el movimiento social y popular es clave para desbordar la Convención Constitucional, y para esto necesitamos impulsar un plebiscito intermedio como mecanismo para ‘saltarnos’ el quórum de dos tercios y que sea el pueblo quien en última instancia quien decida sobre la Nueva Constitución.
Además, el reglamento de la Convención debe garantizar distintas iniciativas de participación popular a lo largo de todo el proceso, donde sea la ciudadanía quien decida entre aquellas materias que no alcanzan el quórum de los dos tercios en la CC, siendo esto una vía para salvar el estancamiento institucional que se puede producir si la derecha y los sectores neoliberales de nuestro país consiguen más de un tercio.
– ¿Cuáles son las principales ideas o propuestas que esperas llevar a la Convención Constitucional?
– Para la Convención Constitucional hay que tener ideas claras sobre la nueva Constitución que queremos construir. Frente a esto, proponemos dos ideas claves. La primera de ellas es la “democratización del poder político y de la economía”. Nuestro mandato es democratizar todas las instituciones del poder político. Disminuir las facultades del Presidente de la República, ampliar los niveles de representación en un congreso unicameral, democratizar el nombramiento y funcionamiento del Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría, Fuerzas Armadas y de Orden Público, creando institucionalidad de Derechos Humanos. Democratizar las decisiones monetarias y económicas del país, incluyendo la distribución de la riqueza.
– ¿Cómo avanzar a la democratización política con esta nueva Constitución?
– En materia de régimen político es evidente que necesitamos una nueva institucionalidad que permita la expresión de las grandes mayorías a través de mecanismos de democracia directa, como lo son los plebiscitos, presupuestos participativos, iniciativas populares de ley, referéndums revocatorios, entre otras medidas.Se debe modificar también las instituciones de democracia representativa, de tal forma que expresen los intereses populares y no el de las élites de este país, como ocurre con el Congreso actual.
– ¿Cómo se podrán financiar derechos sociales, dando paso al fin del sistema neoliberal?
– Buscamos impulsar un Estado Solidario, capaz de garantizar derechos sociales y de recuperar la soberanía popular sobre los bienes comunes. Esta propuesta es clave para poner fin al estado subsidiario, desmantelando uno de los pilares del neoliberalismo, y para ello debemos avanzar hacia un Estado garante de derechos sociales y su financiamiento vía impuestos y actividad empresarial del Estado. Pero también debemos recuperar servicios públicos, como las empresas de electricidad y sanitarias. Asimismo, debemos poner fin a las concesiones sobre bienes comunes como el cobre y el litio, para que sólo el Estado pueda explotarlos cuando democráticamente se decida.
– ¿Cuáles son tus propuestas en materia económica y en relación a trabajadoras y trabajadores?
– En materia económica y social, se debe consagrar derechos sociales con instituciones y mecanismos que garanticen protección efectiva del derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, al agua, entre otros. Necesitamos consagrar en la Nueva Constitución medidas que permitan mejorar la calidad de vida de millones de familias de nuestro país, un salario mínimo vital equivalente al costo de la vida, donde no se permita que una persona que trabaje sea pobre, un Sistema de Pensiones de reparto, tripartito y solidario, que pague pensiones equivalentes a lo menos al salario mínimo, acceso a viviendas dignas para todas las familias de nuestro país, un sistema público y nacional de salud y de cuidados, donde pueda ser atendido de buena forma cualquier persona que habite nuestro país, sin importar sus ingresos ni de dónde viene, entre otros derechos que debemos garantizar.
Resulta necesaria una Nueva Constitución que esté orientada a la protección de los Derechos Humanos, que garantice democracia política y democracia económica, que se encuentre al servicio de las familias y no de los grandes grupos económicos y la élite política, quienes han sido los mayores beneficiados de este sistema neoliberal, el cual ha provocado profundas desigualdades en nuestro país. Eso quedó demostrado en el Plebiscito de octubre, pues no somos una sociedad polarizada, somos el 80% cansado de que un par de familias se enriquezcan a costa de la explotación y precarización de nuestras vidas.
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