Jefe regional de la PDI de Aysén llenó su casa fiscal de muebles con platas indebidas

Tras una larga investigación, la Contraloría General de la República verificó la existencia de gastos improcedentes al interior de la Policía de Investigaciones de Chile en la adquisición de bienes para la vivienda fiscal asignada al prefecto regional de Aysén, Alfredo Espinoza Ugarte, por un total de $8.351.956, y el pago en exceso por el traslado de muebles y enseres de dicho jefe policial a Coyhaique por $3.635.286.

El Informe de Investigación Especial 740/2016 – al que este medio accedió en exclusiva (leer al final) – fue el resultado de una denuncia anónima que advirtió sobre la recepción, descarga y traslado de pertenencias al hogar en que actualmente vive Espinoza, «por personal subalterno de la jefatura denunciada, mientras éste se encontraba fuera de la región».

El ente descubrió que la PDI gastó varios millones en la compra de objetos de uso privado que fueron «prestados» al denunciado, sin existir un reglamento para ello: tres camas, dos televisores LG de 32 y 42 pulgadas, dos estantes, dos bibliotecas, una aspiradora, un refrigerador, una estufa eléctrica y otra a parafina, un refrigerador, dos hornos eléctricos, un microonda, una cocina, una radio, una licuadora y una máquina saca jugo, todo con fondos públicos.

El documento señala que «las normas sobre la materia no establecen dicho beneficio, por lo que la repartición policial deberá abstenerse, en lo sucesivo, de conceder franquicias no contempladas en la normativa correspondiente».

Otra irregularidad se vincula con la forma en que se resolvió destinar, en específico, el complejo habitacional de calle Baquedano Nº 806, departamento 404, al nombrado oficial. «Se comprobó que la citada jefatura de la PDI se asignó a sí misma una vivienda fiscal ubicada en la ciudad de Coyhaique, lo cual no se condice con el principio de probidad administrativa», indica, decisión que tendría que haber recaído sobre la Jefatura de Bienestar.

Lo anterior se ve agravado por la tardanza con que se tomó la resolución: ocho meses después de asignar el beneficio desde Santiago. Ello transgredió lo consignado en el artículo 3º de la Ley 18.575, en orden a que «los funcionarios públicos deben emplear medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar dentro del orden jurídico una gestión eficiente y eficaz, lo que en el hecho no ocurrió, al evidenciarse la demora en la emisión del acto administrativo en cuestión».

Junto con las comodidades para el prefecto Espinoza, la Contraloría descubrió inexactitudes y errores en el acta de entrega y recepción de los bienes «prestados»: se identificaron 21 elementos, cantidad menor a los 39 adquiridos. Asimismo, el órgano fiscalizador determinó que el jefe policial registró bienes distintos a los comprados, sin identificar el número de inventario de aquellos que fueron señalados en el papel, algo que «vulneró principios de eficiencia, eficacia y control».

Si bien la PDI subsanó esto último aportando más antecedentes, el informe no aceptó los argumentos que presentó la institución para explicar un sobrepago mayor a los 3 millones de pesos en el traslado de los muebles del prefecto regional desde Concepción a Aysén, cuando asumió en el cargo. En la práctica, el flete de la empresa Transportes Logísticos SpA se calculó y pagó como si los enseres de Espinoza hubieran sido recogidos en la Región Metropolitana y no en el Biobío.

«Es dable manifestar que lo argumentado por la PDI, en cuanto a que es evidente que el traslado se realizó desde Santiago, atendido a que el funcionario residía en esa ciudad, no comprueba de manera suficiente que el transporte de bienes haya tenido origen en esta región, considerando que la familia de la jefatura en cuestión y el vehículo transportado se encontraban en Concepción», manifestó la Contraloría.

Una segunda entrega desmedida de fondos se relaciona con el pago indebido de asignación de casa para Espinoza, hecho que llevó al funcionario a reintegrar un total de $1.445.809 a la cuenta fiscal institucional mediante transferencia electrónica el año pasado, por el dinero que recibió en exceso entre noviembre de 2015 y junio de 2016.

El informe subraya que la institución no tomó medidas oportunas de propia iniciativa para subsanar el abultamiento, incluso cuando pidió información a la PDI.

El Ciudadano intentó comunicarse sin éxito con la oficina de Asuntos Públicos de la PDI de Aysén, a objeto de tener una versión del prefecto regional. Al cierre de esta edición, no fue posible hacer un contacto telefónico.

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