Jóvenes presos por el estallido social en Arica: El miedo en democracia y en dictadura

Por Estefani Carrasco Rivera / Cinco jóvenes de Arica vieron interrumpidas sus vidas bruscamente tras ser detenidos y puestos en prisión preventiva por casos relacionados a manifestaciones ocurridas luego del estallido social. Se trata de trabajadores y estudiantes que nunca antes habían estado relacionados en hechos policiales y mucho menos prisioneros de ningún delito.

Cristopher, de 22 años: padre, trabajador y estudiante, paso tres meses en la cárcel de Acha, dos de ellos bajo el regimen de 23 horas de encierro y una hora de recreación. Tania de 26 años: estudiante y trabajadora, estuvo 45 días en prisión preventiva en la sección femenina de Acha, cuatro de esos días en la modalidad 23 a 1. Peor aún fue su detención, realizada por personal de civil de Carabineros, de sorpresa y usando la fuerza.

Ambos fueron detenidos en un momento de fracaso del sistema económico y político de Chile, donde la comunidad está enardecida por las injusticias sociales, manifestándose para decir basta.

MOTIVADO POR OPORTUNIDADES

Cristopher Ríos ha estudiado toda la vida en la educación pública ariqueña: la básica en el escuela Lincoyan y la media en el Liceo Politécnico, donde debió retirarse en 3º medio para comenzar a trabajar, ya que a la edad de 17 años se convertía en padre por segunda vez. El año pasado sacó tercero medio con clases nocturnas y este año está sacando cuarto medio de manera online.

Tiene una hija y un hijo, quienes hoy tienen cinco y seis años. Ellos son la razón de por qué Cristopher se puso a trabajar con su papá y otros maestros, hasta que cumplió la mayoría de edad y comenzó a laburar en empresas constructoras.

La construcción es una área que le apasiona y es como espera proyectar su vida, ya que busca una oportunidad para dedicarse a la soldadura de estructuras metálicas, algo que le gusta y donde le gustaría lograr ser su propio jefe. “Empezar de abajo como todo el mundo”, comentó.

Su padre, Pedro Ríos, sabe sobre construcción, albañería y gasfitería: “Yo lo apoyaba en ese sentido, trabaja conmigo hasta ahora, cuando salen pololos”, añadió desde el living de la casa que arriendan entre los tres, junto a la mamá de Cristopher.

Fue uno de sus profesores del Politécnico, que realiza el taller de soldadura en estructuras metálicas, que lo llevó a trabajar en esta técnica. “Me veía más motivado que mis compañeros, entonces trabajé tres meses con él haciendo portones, rejas y sombras, de todo un poco. Tuvo la confianza de meterme en un espacio que es de él, me dio la oportunidad de seguir aprendiendo y de trabajar, porque me servía. Agradezco caleta eso”, recordó el joven.

En el hogar, son su mamá, papá y él, además de sus hijos que van a visitarlos. Vivieron en German Riesco, lugar donde Cristopher pasó su infancia y juventud. Hace solo dos años viven en la población Miramar. “Siempre hemos arrendado, mi señora ha postulado a casas pero nada, además a veces cuando uno está mal lo primero que hace es sacar la plata de la libreta y quedamos en cero de nuevo”, comentó Pedro.

PASIÓN POR ESTUDIAR

Tania tiene 26 años, es nacida y “malcriada”en Iquique, pero ha vivido en diferentes ciudades. Es independiente y lleva nueve años trabajando en el área turística, y guía freelancer hace un par de años. A través de este trabajo se dio cuenta que le gustaba mucho la arqueología e impulsada por su sueño de contar con un título profesional, decidió irse a vivir a Arica.

“Estaba buscando poder obtener un título profesional porque cuento con el técnico de traducción inglés-español. Tomé la determinación de hacer la PSU y volver a estudiar a los 26 años. Saque un puntaje bueno y obtuve la gratuidad con varias becas y beneficios”, señaló Tania.

Así, entró a la carrera de antropología en 2019 y actualmente sigue con clases online. Al comienzo arrendaba una pieza en una pensión y justo este año se iba a cambiar a un departamento con una compañera y su gata Ula.

“Por lo general trabajo todos los veranos, hago buen monto y eso me sirve para subsistir durante el semestre, si me faltaban lucas me venía a Iquique un fin de semana largo”, explicó Tania, quien como estudiante de la Universidad de Tarapacá cuenta con beca de almuerzo, la tarjeta Junaeb y gratuidad.

Durante los 45 días que fue prisionera tuvo que contactarse con mucha gente para poder congelar la carrera y no perder la gratuidad que tanto le costó conseguir. “Traté de llevarlo de la mejor manera, mirar para adelante porque no había más opción, ponerle el pecho a las balas”, comentó.

TIEMPO PERDIDO

A pocos días de realizarse la PSU por segunda vez en el año, el 25 de enero, Cristopher fue acusado de portar artefactos incendiarios y fue trasladado directamente a la cárcel de Acha hasta el 26 de mayo, fecha en que se realizó el cambio de la medida cautelar de su caso.

“Nunca había estado en un calabozo o detenido, primera vez detenido y primera vez preso. Fue fome todo el proceso, cuatro meses. Cuando nos cambiaron al área laboral tuvimos más libertad, comenzamos a ganarnos los puestos, nos dieron talleres. Fue una experiencia fuerte, uno nunca sale de la casa pensando que va a caer en la cárcel, un día hacía mi vida normal y al siguiente estaba arriba queriendo salir sin poder hacerlo”.

Este episodio cambió totalmente la vida de Cristopher y su familia, generando un shock emocional en su entorno: “Emocionalmente fue choqueante, porque no podía ver a mis hijos. Los primeros días no tenía contacto con nadie, no tenía plata y no tenía nada, nos quitaron todo. Cuando tuve contacto con mi familia empecé a tranquilizarme y empezar a asumir todo. No es para nadie lo que viví, no puedo recuperar el tiempo que pase encerrado, pero puedo ocuparlo mejor ahora”.

MIEDO EN DEMOCRACIA Y DICTADURA

Tras la marcha realizada en Arica que conmemoró el Día Internacional de la Mujer, el pasado 9 de marzo, Tania Sampson fue detenida de forma violenta por Carabineros de civil y al día siguiente fue acusada de lanzar artefactos incendiarios y agredir policías. Los primeros cuatro días tuvo aislamiento total, pasando 23 horas encerrada.

“Nunca había sido detenida de esta manera o secuestrada, porque así fue, irregular. Me pasaron muchas cosas por la cabeza, principalmente miedo. Me tomaron por sorpresa, por la espalda y me tiraron a una camioneta. Los hombres no tenían uniforme, me insultaban, dentro de la camioneta, me tenían afirmada del pelo y manos. Me llevaron a la altura de La lisera, me bajaron y me encontré rodeada de pacos, era excesivo, aplaudieron como si fuera la delincuente más peligrosa del mundo”, contó la estudiante.

Además de verse afectada por la detención, esta angustia se expandió a sus padres, hermana y abuela: “Más allá de mi persona, me preocupaba más la gente de mi entorno, mi familia de Iquique que tenía que viajar para visitarme, eso me afectaba demasiado. Eran hartos los factores, estar lejos, incomunicada, la manera en que me detuvieron. Hubo efectos colaterales en mi persona, como dificultades para dormir, sueños reiterativos de persecución, pena y rabia”.

El abuelo de Tania fue José Sampson Ocaranza, militante socialista asesinado en Pisagua por la dictadura de Augusto Pinochet. Su cuerpo nunca fue entregado a la familia.

“Que esto me pasara, afectaba el triple que a una persona común por el miedo de que ellos ya lo vivieron. En un principio cuando se comunicaron con mi papá le dijeron que no me encontraban, que me llevaron en una camioneta, revivir ese sentimiento de angustia fue bastante duro. Mi papá empezó a tomar medicamentos, mi mamá lloraba cada vez que me iba a ver. Mis amigos fueron un siete, hay mucho que decir de ellos, me ayudaron un montón, me visitaban, llevaban encomiendas e hicieron harto ruido por lo que estaba pasando, porque era una injusticia, estaban exagerando todos los hechos”.

Tania cree que hay muchas cosas que se mantienen vigentes desde la transición de la Dictadura a la actualidad, por ello el año pasado junto a la carrera de antropología de la UTA realizó una actividad recordando a su abuelo.

“Fue buscando visibilizar lo que se ha cometido ante la negligente y nula justicia que tenemos. Realizamos una actividad para el 11 de septiembre, relatando las cartas de mi abuelo. Al final la única persona que muere es la que se olvida, los vestigios de la dictadura siguen presente, quizás no de la misma manera porque hay otros métodos de castigo”, afirmó Tania.

PRESOS POLÍTICOS

Durante el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019 y hasta marzo de 2020, se evidenció el descontento total hacia el sistema económico y político de Chile, el cual ha repartido desigualmente los recursos, endeudando a la comunidad, enriquecido a los más ricos y potenciando a las grandes empresas privadas. En prácticamente todas las ciudades de Chile se realizaron multitudinarias manifestaciones, siendo la reacción del gobierno una fuerte represión en vez de escuchar a la comunidad.

De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, a marzo de 2020, más 3800 personas fueron heridas por agentes del estado en contexto de las manifestaciones, ya sea por balas, balín, perdigones, lacrimágenas o golpes. Más de 400 personas sufrieron lesiones oculares, entre ellos los casos emblemáticos de Gustavo Gativa y Fabiola Campillai, quienes perdieron la visión de sus dos ojos. Asimismo, hay más de 1800 víctimas de querellas por violencia sexual, torturas, tratos crueles y uso excesivo de la fuerza por parte de policías estatales. En estas causas, aún no hay ningún funcionario detenido.

Es en este contexto nacional, más de 2500 personas, en su mayoría jóvenes, fueron detenidos con prisión preventiva. Durante marzo de este año, la Comisión Chilena de Derechos Humanos solicitó públicamente revisar cautelares de estas 2500 personas y los denominó presos políticos.

El abogado penalista, Julio Cortés Morales, a través de una columna de opinión en Radio Universidad de Chile, explicó el concepto basándose en el Informe de la Comisión Valech, señalando que existiría motivación política en la privación de libertad o la tortura “cuando tal motivación estaba presente en los agentes del Estado que las ordenaron o realizaron”.

La motivación política “no siempre es evidente y de hecho la actividad represiva siempre buscó respaldo en la supuesta defensa de la seguridad del Estado, del orden público, de la lucha contra el terrorismo, etc”.

Nicolás Toro, abogado de la Coordinadora del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, y parte de la Coordinadora 18 de Octubre en Santiago, comentó que hay varias definiciones del concepto de prisionero político, siendo el más restringido el encarcelamiento por opiniones y el más amplio aquellas personas que se oponen a un régimen, siendo encarcelados por acciones.

“Más allá de la discusión de definición de preso político, yo te digo los indicios para entender que hablamos de prisión política. Los estados nunca van a reconocer los prisioneros y prisioneras políticas, los tratarán como prisioneros comunes, incluso cuando las leyes sean lo más política posibles, dirán que son leyes comunes”.

Los indicios, indica Toro, son el marco normativo, el tratamiento de los poderes del estado y el uso desproporcionado de la prisión preventiva. “En el marco normativo está por ejemplo la Ley de Seguridad del Estado, la cual surge en el ’58 después de la rebelión contra Ibáñez del año ’57, la cual comenzó siendo estudiantil y luego de todo el pueblo de Chile, dado el contexto del alza del transporte público, donde también hubo estado de sitio y muertes. Un contexto similar al estallido social de 18 de octubre. La ley justamente buscó aplacar movimientos sociales y populares”.

El abogado afirmó que la Ley de Seguridad del Estado ha permitido que mucha gente pase a estar en prisión preventiva por hechos comunes: “El caso del profesor de matemáticas, que por pegarle a un torniquete del metro, lo cual es un daño menor, termina en prisión preventiva. Hay querellas por esta ley incluso por convocar movilizaciones, pasó con los chicos de la Aces, lo cual es claramente político”.

En el caso de la Ley de Control de Armas, que es por la que estuvieron en prisión Cristopher y Tania, Nicolás Toro dice que ocurre lo mismo: “Sus últimas modificaciones lo que han hecho es intentar abordar un fenómeno que no podía ser tomado por la Ley Antiterrorista, en relación a la magnitud de los hechos. El ejemplo más común en estos casos es la molotov, el artículo 14 D, también tiene un fundamento ideológico porque se ha ido transformando en todos los procesos de rebelión en este país: en 2006 y el 2011 se vuelve a modificar”.

Respecto al tratamiento de los poderes del Estado, Nicolás Toro menciona las conductas represivas hacia la gente que se moviliza: “Las Cortes de Apelaciones, por ejemplo, han revocado todas las medidas de libertad que se han dado en distintos casos para asegurar la prisión preventiva. Han sancionado a los jueces que se han opuesto a estas medidas desproporcionadas, como pasó con el Juez Daniel Urrutia. El Tribunal Constitucional justo cambió de jurisprudencia para rechazar los requerimientos y la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley de control de armas y las constantes querellas del Ministerio del Interior, por hacerse parte de todos los procesos de hechos de connotación pública después del 18 de octubre, para asegurarse que la gente quede privada de libertad”.

Respecto al uso desproporcionado de la prisión preventiva, comentó que ocurre con hechos que no arriesgan, como futura condena, penas privativas de libertad: “Siempre va a ser un uso absolutamente desproporcionado la prisión preventiva, porque quiere decir que la prisión es, en el fondo, un castigo social”.

En Arica, cinco jóvenes estuvieron en prisión preventiva luego de ser involucrados en delitos relacionados a la protesta social. Cristopher y Tania tuvieron la oportunidad de salir de la Cárcel de Acha con la medida cautelar de arresto domiciliario, al igual que dos de sus pares. Sin embargo, durante ocho meses lleva en prisión preventiva Roberto Saavedra, joven acusado por el articulo 14 D de la Ley de Control de Armas y la Ley de Seguridad del Estado, querella realizada por la Intendencia de Arica liderada por Roberto Erpel (UDI).

En la ciudad, un grupo de jóvenes trabajadores y estudiantes conformaron la Coordinadora por la Libertad Arica, organización que informa a través de redes sociales el estado de los prisioneros de la revuelta social y realizan actividades en beneficio a las familias de los afectados.