Por Jorge Molina Araneda
Con bombos y platillos, a fines de diciembre, Codelco y SQM anunciaron Memorándum de Entendimiento para avanzar hacia una asociación público-privada para explotar litio hasta 2060 en el Salar de Atacama. La firma del acuerdo definitivo está prevista para este 31 de mayo -tras aplazarla un mes-.
Sin embargo, una inesperada jugada de Tianqi (dueña del 22% de SQM), la presencia de la familia Ponce Lerou en la compañía y diferencias dentro de las comunidades atacameñas aledañas al sector han llenado de obstáculos la recta final.
Y si bien la operación aún iría por buen camino, algunos en el mundo político -ligados al oficialismo- ya han señalado preferir que no haya acuerdo, por ejemplo, si la familia Ponce participa de manera directa en la explotación. Así, las tensiones aumentan a medida de que se acerca la fecha clave.
He aquí una pequeña biografía del actuar gansteril de Julio Ponce Lerou, el exyerno de Augusto Pinochet.
–El origen
Poco y nada se sabía en el ambiente nacional de Julio Ponce Lerou, ya que era un completo desconocido en el ambiente político-empresarial hasta el comienzo de la dictadura cívico-militar encabezada por el dictador Augusto Pinochet, a la postre su suegro y promotor de sus prerrogativas.
Nacido en La Calera y formado en el Internado Nacional Barros Arana, el ingeniero Ponce tuvo uno de los encuentros más importantes de su vida al conocer, en Maitencillo, aVerónica Pinochet Hiriart, hija del exdictador, quien, a modo de observación, fue la única que no tenía cuentas secretas en el Banco Riggs, en parte porque su situación económica siempre fue más holgada que la del resto de la familia.
Dos hijos de la unión Ponce-Pinochet, Julio y Francisca Ponce Pinochet, tuvieron hasta hace poco una activa vida empresarial al alero de su progenitor.
Julio César Ponce Pinochet, ingeniero comercial con un Business Administration en la Regis University, estuvo en el directorio de Pampa Calichera hasta 2015. Su hermana Francisca Lucía, en 2018, tuvo que acatar el fallo de la Corte Suprema tendiente a la devolución del fundo El Pafu, ubicado en la comuna de Puyehue (región de Los Lagos), a Juan Guerrero Castro y la comunidad indígena Llanquileo. Además, ese mismo año enajenó acciones clase B de SQM tras el reingreso de su padre como consejero de dicha compañía.
Los Ponce Lerou tenían una casa de veraneo en Maitencillo, que lindaba con la de Osvaldo Hiriart, exministro del Interior durante el gobierno de Juan Antonio Ríos, ex fiscal de Corfo, y padre de Lucía Hiriart, la esposa del oficial de Ejército Augusto Pinochet Ugarte. Julio Ponce y Verónica fueron pololos primero y luego novios durante cinco años y se casaron en Iquique, donde Pinochet era ya general y comandaba la Sexta División del Ejército.
Gracias a Verónica la vida para Julio Ponce, al menos en el tema económico, cambio del cielo a la tierra con el golpe que convirtió a su suegro en el militar más poderoso de Chile.
En 1972 Ponce Lerou se fue a Panamá, donde llegó a ocupar el cargo de subgerente del aserradero El Chagres. Según cuentan varios conocidos, el propio presidente de ese país centroamericano, el general Omar Torrijos, lo llamó al gobierno, pero él prefirió seguir con sus actividades empresariales. Ahí se encontraba cuando ocurrió el golpe militar en Chile el 11 de septiembre de 1973 que defenestró al presidente Allende.
Hizo su práctica profesional como ingeniero forestal en Canadá en un aserradero al norte de Ontario. No trabajó como ejecutivo, sino como obrero forestal. Según versión también de sus cercanos, buscó irse a ese país sin saber ni una palabra de inglés, porque quería trabajar en la mayor potencia forestal de esos años.
En Chile laboró en Industrias Forestales S.A., donde fue gerente general con solo 23 años de edad. La firma tenía como principal activo una fábrica de papel de diario en Nacimiento. Después trabajó en la planta de Concepción de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), la emblemática empresa del grupo Matte.
En 1974 la industria forestal presenta cambios profundos, donde la Conaf tenía a su cargo los predios expropiados de la Corporación de Reforma Agraria (CORA). Uno de estos cambios es el Decreto Ley 701, impulsado por el ministro de Economía Fernando Léniz e implementado por Ponce Lerou. Esta iniciativa de ley fortaleció la bonificación de la plantación forestal por parte del Estado, la cual implicaba la bonificación de un 75% para las plantaciones de pinos y eucaliptus beneficiando a los empresarios del sector, siendo la base de la multiplicación de la riqueza de los grupos forestales como los Angelini y los Matte. Merced al DL 701 se efectuó la entrega de tierras a manos privadas durante la gestión de Ponce Lerou en la Corfo, dando origen al ahora histórico conflicto que mantiene en constante disputa a los comuneros con las forestales, con el Estado y latifundistas.
El falaz éxito macroeconómico propalado por la tiranía militar no se tradujo en beneficios para los bosques y comunidades campesinas, ya que aquel tristemente célebre decreto ley autorizó a la Conaf para enajenar las tierras en la denominada “contrarreforma agraria”, proceso reaccionario que despojó al campesinado y el mundo mapuche de la posibilidad de recuperar parte de sus tierras.
Hacia fines de 1975 se dio tiempo para presidir el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, uno de los predios más ricos en reservas forestales del país. Allí estaría hasta 1982. Tuvo a su cargo el traspaso a privados de las tres empresas forestales (mencionado en términos generales en el párrafo los dos últimos párrafos precedentes)) que estaban en manos estatales: Celco, Arauco e Inforsa. Las dos primeras pasaron a manos del grupo económico que dirigía Manuel Cruzat Infante y que, luego de la quiebra de ese conglomerado, quedaron en manos del grupo Angelini. Julio Ponce consolidó su poder e influencia en el ámbito forestal a través de la dirección de Conaf.
En octubre de 1980, poco después de dejar la Conaf, el yernísimo formó la Sociedad Ganadera y Forestal Martell Ltda., en asociación con Javier Vargas Nielo, gerente agropecuario del Complejo Panguipulli. Esta sociedad llegó a disponer, entre otros, de los fundos Tres Palos, El Caulle, El Manzano y Hoyería.
Para entonces Ponce tenía en sus manos la presidencia de la Compañía de Teléfonos y de la Industria Nacional Azucarera (Iansa), además de integrar el directorio de la Empresa Nacional de Minería (Enami).
Valga decir que hasta 1979, Soquimich era una de las tantas empresas deficitarias de la Corfo. Perdía más de 20 millones de dólares al año. La intervención era urgente y la cruzada modernizadora no podía quedar a medio camino. Ya había sido cerrada la Oficina Victoria y el posible cierre de María Elena era un rumor que rondaba los campamentos. En 1980 entraron a Soquimich Julio Ponce Lerou y Patricio Contesse. En 1981, llegó a Soquimich el hermano del empresario, Eugenio Ponce Lerou, que se hizo cargo del departamento de ventas.
Tras pasar por la dirección de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en 1978 Pinochet le asignó el mando de la Celulosa Constitución Celco, entonces una empresa estatal que fue licitada a privados un año después. En 1979, el ingeniero fue designado gerente de empresas de la Corfo, que entonces mantenía vinculación directa sobre las grandes empresas del Estado chileno. Ponce Lerou se mantuvo en esa posición hasta abril de 1983, cuando fue nombrado gerente general y ya registraba una fortuna que era muy extraña que la tuviera habiendo trabajado casi siempre como empleado público.
De acuerdo a la Premio Nacional de Periodismo María Olivia Monckeberg, en su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado Chileno (2001): “No tenía ni un peso más que el de un profesional cualquiera, cuando se decidió el golpe militar y posterior en los años 70″.
“Entre 1973 y 1983, este señor, que no tenía más que su título profesional, era un potentado. Al interior incluso de gente que apoyaba a la dictadura, se comenzó a cuestionar la presencia de este exyerno”, detalla Monckeberg.
De hecho, en el diario alemán Die Welt, del 5 de enero de 1983, declaraba Francisco Baraona, hermano del exministro Pablo Baraona: “Se critica al Presidente Pinochet por el poder y la influencia que han cobrado su mujer y sus diversos familiares. Particularmente se hablaba de uno de sus yernos”.
La polémica, finalmente, lo obligó a salir de la escena de la gestión pública durante un tiempo. Sin embargo, en ese entonces, el empresario ya había hecho una importante labor en la articulación de una red de contactos y socios políticos, militares y civiles para retornar unos años después a sacarle provecho.
Cabe señalar que durante la dictadura, una amplia serie de empresas estatales fueron privatizadas bajo un discurso generalizado que apuntaba a la “ineficiencia” de la gestión pública. Años después, un informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados probó que los diversos procesos de privatización de empresas ocasionaron al Estado una pérdida de cerca de 6 mil millones de dólares, según datos de Contraloría.
Entre las privatizaciones se contó la Sociedad Química y Minera de Chile, productora de salitre y yodo. Pese a la abrupta salida del cónyuge de Verónica Pinochet años antes, en 1987, la privatizada SQM tuvo de regreso al yerno de Pinochet a su directorio, donde llegó a ser accionista controlador y hasta presidente. En esa empresa se percató que Soquimich era dueña de los yacimientos de litio y se dio cuenta por esos años que estaba sentado ni más ni menos que en una mina de oro.
El matrimonio Ponce Pinochet se prolongó desde 1969 a 1991, año en que la unión fue legalmente anulada. Además de los hijos de la relación, investigadores y especialistas coinciden en que el vínculo marital forjó de manera decisiva el éxito de su fortuna, consideradaincluso en los rankings de la revista Forbes como una de las más suculentas de Chile y el mundo.
–Amistades
Ponce Lerou aprovechó, aparte del dinero, de hacer buenas amistades como Hernán Büchi (figura aún hoy como director de SQM), a quien Ponce Lerou le financió su campaña presidencial en 1989 en la que fue derrotado por el DC Patricio Aylwin.
Jorge Contesse fue otro de los amigos destacados, a quien nombró gerente general de la empresa SQM y quien alcanzó, durante el último año de dictadura, la presidencia de Codelco. Su hijo, Patricio Contesse Fica, fue uno de los multados por la Superintendencia de Valores, junto a su amigo Ponce Lerou, por el llamado “Caso Cascada”, por fraude al mercado de valores. Al día de hoy Contesse Fica figura como Vicepresidente de SQM.
Otro amigo es el empresario Isidoro Quiroga (fundador y accionista mayoritario de la sociedad Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.). Su amistad partió porque este tenía acciones de Soquimich en 1988 y necesitaba de su apoyo para que Ponce saliese elegido director en la minera no metálica. Como Quiroga tenía un vivero de kiwis aledaño al campo de su hermano Eugenio Ponce, le pidió su apoyo y afianzaron su amistad.
A León Vial lo conoce desde la década de 1980, cuando se hizo cliente de LarraínVial para transacciones con acciones, según dicen cercanos a Ponce. De acuerdo a profesionales del mundo bursátil, la amistad se consolidó con los numerosos negocios posteriores en el mercado.
Para cubrir aún más con su oscuro manto de influencia, el empresario ubicó en puestos de confianza a parte de su círculo más cercano. Entre ellos, Cristián Leay, exdiputado y exjefe de la bancada UDI; Osvaldo Puccio, exministro secretario general de Gobierno de la administración de Ricardo Lagos, y Alejandro Ferreiro, titular de la cartera de Economía durante la primera administración de Bachelet, quien además estuvo al mando de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
En cuanto a este último, “Durante su gestión nunca se fiscalizaron las empresas de Ponce Lerou y cuando él sale de la Superintendencia, acude rápidamente a trabajar como director de uno de los entes que él había tenido que fiscalizar, como son las sociedades cascadas”, detalló el abogado Mauricio Daza, quien defendió a uno de los accionistas minoritarios de SQM involucrado en el citado caso.
Además, es de público conocimiento que la empresa de Ponce Lerou ha contratado los servicios de Imaginacción –de asesoría comunicional- dirigida por el lobbysta Enrique Correa. Por otro lado, Juan Hurtado Vicuña, al mando de la corredora LarraínVial S.A –otra de las multadas por la SVS- es uno de los principales dueños de la Universidad Santo Tomás y de todo el complejo educativo que incluye universidades, CFT’S y colegios, amén de ser presidente de Entel, y ser el mandamás del directorio de la Sociedad Punta del Cobre (Pucobre); asimismo integra el directorio de Consorcio Financiero. De Entel participa de su propiedad a través la sociedad de inversiones El Almendral, que comparte junto a otros grupos empresariales, como la familia Matte, el grupo Fernández León, el grupo Izquierdo Menéndez y Consorcio.
En síntesis, sus primeros contactos con la política y los políticos comenzaron desde el primer año del retorno a la democracia en 1989. Estos contactos derivaron con los años en procedimientos para financiar ilegalmente la política en Chile mediante la emisión de boletas falsificadas engañando directamente al Estado.
Para los políticos, de derecha o de izquierda, las acciones ilegales de Ponce les daban lo mismo, mientras hubiese dinero fresco para sus campañas todo estaría bien. Hasta políticos que fueron torturados por orden de su exsuegro o enviados al destierro o detenidos en lugares inhóspitos como Isla Dawson, estuvieron, sin embargo, dispuestos a olvidar el pasado para recibir platas frescas del exyernísimo.
Además de la creación del Instituto de Libertad y Desarrollo, Ponce Lerou fue financista de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
Durante el 2012, el empresario se consolidó con la adjudicación de la licitación para acceder a los contratos especiales de litio, convirtiéndose en el mayor productor a nivel mundial. Solo en el 2011, las exportaciones de litio fueron cercanas a los US$300 millones.
La privatización de Soquimich por Pinochet, llevó a Ponce Lerou a convertirse en uno de los personajes más ricos de Chile y también del mundo. Esto nunca fue investigado porque estuvo dentro de los acuerdos que firmó el tirano con la oposición antes de entregar el poder el 11 de marzo de 1990. Se infiere en círculos ligados estrechamente a las cúpulas partidarias de la exConcertación de Partidos por la Democracia que esto se realizó de tal manera para dar viabilidad al período de transición a la democracia y evitar un nuevo golpe de Estado, teniendo en cuenta que Pinochet continuaría como Comandante en Jefe del Ejército.
No obstante, de acuerdo a María Olivia Monckeberg : “nunca he podido establecer que haya habido tales acuerdos. Sí podría decir que hubo un cierto temor a investigar más acuciosamente y tomar medidas, asumir políticas que hubieran implicado volver atrás en todas las privatizaciones que hubo en aquellos años”.
A modo de agregado u observación, el boom del litio, empujado por el avance de tecnologías que lo requieren para su funcionamiento, aumentó en unos US$500 millones la cuenta del cuestionado empresario.
-Casos Judiciales
1) Sociedad Monasterio
Tras su salida del gobierno, Ponce hizo su propia empresa, Sociedad Monasterio, que tenía por finalidad la explotación agrícola y forestal. Entre 1984 y 1985 pidió un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), intermediado por la Corfo, de 145 mil UF para comprar 50 vaquillas finas, dos reproductores, 600 vaquillas preñadas y 25 reproductores de masa, monto del cual solo pagó 50.000 UF porque la sociedad quebró en 1987.
Las irregularidades de este caso fueron investigadas años más tarde por presunto fraude al Fisco, por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que sobreseyó el caso ya en los ‘90. El abogado a cargo del proceso en representación del Estado chileno fue Davor Harasic.
Según la Cámara de Diputados, el préstamo del BID fue avalado por prendas en garantía, entre ellas 12 parcelas en Huechuraba y la zona El Abrazo de Maipú, y vaquillas preñadas.
De acuerdo a un informe de Corfo de 1990, citado por la Cámara, por esta operación la entidad “experimentó una pérdida de 80 mil UF que debió ser absorbida por la propia Corporación”.
2) Financiamiento ilegal de campañas políticas
Los millones que la minera no metálica aportó irregularmente a la política se reparten en actores de todas las tendencias. El primer puesto lo ocupa la UDI ($1.294 millones), seguida de cerca por la DC ($978 millones) y RN ($779 millones). También están entre los beneficiados el exPresidente Sebastián Piñera y la expresidenta Michelle Bachelet. Finalmente, con montos menores pero igualmente sustanciales, se alistan socialistas, radicales, independientes y progresistas, entre otros actores.
El 15 de diciembre de 2015 el estudio de abogados estadounidense Shearman & Sterling presentó ante el comité ad hoc de directores de SQM un informe que fue remitido, posteriormente, a la Superintendencia de Valores y Seguros y al Ministerio Público, que decretó su reserva.
En él se describe el proceso de investigación y se sintetizan los hallazgos que se pueden resumir en tres materias: controles internos, pagos cuestionados y evaluación de los riesgos de soborno.
La empresa minera no metálica SQM ha realizado tres rectificaciones tributarias ante el SII, por un total de 14 millones 747 mil 125 dólares en seis años. La contabilización completa incluye 1.425 pagos corregidos y 223 proveedores únicos. Los peak de estos pagos se realizaron en años de elecciones, como las presidenciales de 2009 y las municipales de 2012.
El informe incluye además a los 20 proveedores principales rectificados, dentro de los que aparecen Luis Saldías (exasesor de Ponce Lerou), Cristián Warner (exjefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami), Sebastián Piñera, Giorgio Martelli, Cristina Bitar, Marcelo Rozas, Carlos Ominami y Pablo Longueira.
El 96 por ciento de estos pagos rectificados fue aprobado por el exgerente general de SQM Patricio Contesse.
Si bien el estudio concluye que ciertos pagos pudieron haber sido motivados por el deseo de tener la benevolencia de políticos hacia SQM o al propio Contesse.
A nivel de partidos, el desglose indica que un 45 por ciento de los pagos está ligado a la UDI, el 11 por ciento a RN, el 10 por ciento a la DC, un 8 por ciento al PRI, 7 por ciento al PS y un 3 por ciento al PR y al PPD.
La tercera parte del informe incluye el detalle de diez emisores: el exsubsecretario de Minería de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, el senador socialista Fulvio Rossi, el desaforado senador Jaime Orpis, renunciado a la UDI, y Pablo Longueira, con el cual se ligan cerca de 20 proveedores.
Posteriormente se menciona a los DC Roberto León y Marcelo Rozas, el contador Luis Saldías, el abogado Roberto Guzmán y finaliza con Giorgio Martelli y Cristián Warner.
La hebra que llevó a investigar judicialmente a esta compañía eran algunas de las boletas que aparecía recibiendo la cuñada del exsubsecretario de minería, Pablo Wagner, desde esa compañía. Esto permitió al entonces fiscal Gajardo investigar a la compañía y requisar su información contable entre los años 2009 y 2014. Eso sí, el persecutor solo pudo investigar aquello que el Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció, y este último solo se querelló por el mes de julio de 2009.
La revisión de ese mes permitió a Gajardo elaborar una lista con 19 RUT sospechosos, entre los que figuraban una asesora del entonces Senador del PS Fulvio Rossi, varios militantes de la DC y dirigentes regionales de la UDI.
Poco después, El Mostrador publicó una revisión de 240 RUT que emitieron boletas para Soquimich durante el año 2010 (año de la segunda vuelta presidencial), revelando la presencia de 39 personas relacionadas al mundo político, pertenecientes a todos los espectros de este. Así, aparecían dirigentes de la UDI, RN y la DC; tres asesores de Fulvio Rossi; el senador UDI Jaime Orpis, Juan Antonio Coloma (UDI) y Joaquín Lavín (UDI), más autoridades de Gobierno y el Poder Judicial.
Tras hacerse pública esta información, la entonces Fiscal Nacional subrogante, Solange Huerta (en reemplazo del Fiscal Nacional Sabas Chahuán, quien se encontraba de vacaciones) decidió separar la investigación de Penta de la de SQM, traspasando la investigación de esta última al fiscal Andrés Montes, hijo del actual ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes; y la arista Penta al superior del fiscal Gajardo, Alberto Ayala, con quien este tenía importantes diferencias. Gajardo quedaba así fuera de su propia investigación. Aunque el argumento era que el caso se había tornado muy complejo y requería dividirse, la decisión de todas formas levantó toda clase de sospechas. De hecho, la revista Qué Pasa insinuó que la presión mediática de Gajardo para forzar al SII a abrir la investigación a todo el período de campaña, podría haber sido una de las razones de su remoción de la causa.
Al regreso de sus vacaciones, Chahuán revirtió la medida de Huerta (que él mismo había aprobado), manteniendo toda la investigación como una sola y se puso a sí mismo a la cabeza de la misma, con los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias como miembros de su equipo. Según señaló Qué Pasa, en aquella ocasión, la decisión fue en parte motivada por el escándalo público, pero también por la amenaza de renuncia de Gajardo.
Para mayor abundamiento, el autor de Todo sobre Julio Ponce Lerou, Manuel Salazar, explicó hace algunos años en Radio Universidad de Chile cómo el exyerno de Augusto Pinochet comenzó a crear sus lazos con el mundo político.
“A comienzos de la década de 1990, él empieza a financiar publicidad en la revista Hoy. Dicha publicación en ese momento era propiedad de Marcelo Rozas, un connotado gestor político de la Democracia Cristiana, muy cercano a Soledad Alvear y Gutenberg Martínez. A partir de ahí Julio Ponce comienza a gestar su relación con la política, a través de la Democracia Cristiana”, detalló Salazar.
El autor comentó además la forma en la que Ponce Lerou consolidó esa relación durante los gobiernos de la postdictadura. “Termina el gobierno de Aylwin y empieza a vincularse con ejecutivos que trabajaban con Frei y más tarde se da cuenta que probablemente el próximo presidente sea un socialista, Ricardo Lagos, y establece vínculos con gente cercana al PS. Lo ayuda mucho Enrique Correa, pero también se vincula con Osvaldo Puccio y otra gente que poco a poco se ha ido sabiendo”.
Salazar se refirió además al interés que tiene Ponce Lerou en afianzar dichos lazos. “Después de los 90 él sabe que tarde o temprano van a empezar a revisar cómo se quedó con Soquimich, cómo se hizo cargo de los salares donde está explotando el litio y para eso necesita protección y la consigue con dinero, financiando campañas políticas”.
Esta relación transversal entre Ponce Lerou y el mundo político se grafica en la obra de Salazar con la serie de reuniones que tuvo Patricio Contesse con siete políticos en tan solo 48 horas. De acuerdo con él, el 19 de mayo de 2014, el exgerente general de SQM recibió al entonces senador de la UDI Jovino Novoa, así como a los diputados gremialistas Ernesto Silva y Javier Macaya, que habían sido electos recientemente en la directiva de ese partido. Luego recibió a Pablo Zalaquett y Carlos Ominami.
Al día siguiente, en tanto, se reunió con Pablo Longueira y Cristián Leay, ambos de la UDI. Además, se constatan llamados telefónicos que Contesse efectuó a los senadores Fulvio Rossi y Guido Girardi.
3) Caso Cascadas
Es el conflicto que se desató entre el accionista mayoritario de SQM, Julio Ponce Lerou y los accionistas minoritarios de la compañía, entre ellos, las AFP de Chile o Moneda Asset, empresa que inició acciones legales contra Ponce Lerou al señalar que los minoritarios se vieron perjudicados por una serie de operaciones de compra y venta de acciones de SQM por parte del controlador.
Recibe el nombre por el tipo de control que Ponce Lerou ejercía en SQM, la que efectuaba a través de una serie de sociedades (cascadas): Norte Grande, que a su vez controlaba a Oro Blanco, sociedad que a su vez controlaba a Pampa Calichera, compañía que poseía cerca del 23% de SQM. Por medio de otra cascada, la misma Norte Grande controlaba a Nitratos de Chile, que a su vez poseía el Control de Potasios de Chile, sociedad que era propietaria de aproximadamente el 7% de SQM.
En abril de 2012, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) solicitó rehacer los estados financieros de las sociedades cascadas y en julio de ese mismo año, Moneda Asset y las AFP de Chile rechazaron las memorias y los estados financieros de Nitratos.
Tras una serie de diligencias solicitadas, tanto por los accionistas de los minoritarios, como por Ponce Lerou, controlador de la cascada, en septiembre de 2013 la SVS formuló por primera vez cargos contra los ejecutivos de la cascada por infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y de Valores.
De acuerdo a la investigación de la SVS, las sociedades cascadas vendían acciones de Oro Blanco, Calichera-A y SQM-B a un precio menor al de mercado a otras sociedades, que la SVS clasificó en relacionadas (de Julio Ponce Lerou), Vinculadas (de Roberto Guzmán Lyon) e Instrumentales (controladas por Leonidas Vial Echeverría y Alberto Le Blanc Matthaei). Las sociedades cascadas luego compraban estas mismas acciones a precios mayores a los que habían sido vendidas a las sociedades antes mencionadas.
Según expresó la SVS, «lo anterior, dio cuenta de la realización de prácticas que no persiguieron el interés social de las Sociedades Cascadas, pudiendo incluso vislumbrarse como contrarias al mismo, afectando el correcto funcionamiento del mercado de valores, basado principalmente en la confianza del público inversor y en su transparencia«.
De acuerdo a la relación de hechos entregada, entre 2008 y 2011, las sociedades cascadas «realizaron una serie de operaciones sociales, tanto de inversión como de financiamiento, que tuvieron por objeto dejar disponibles importantes paquetes de acciones para su remate en el mercado, para luego, recomprar esos títulos a precios mayores a los de su venta inicial«.
«Las Sociedades Cascadas vendían estos títulos a sociedades identificadas como Relacionadas (controladas por Julio Ponce Lerou), Vinculadas (controladas por Roberto Guzmán Lyon) e Instrumentales (controladas por Leonidas Vial Echeverría y Alberto Le Blanc Matthaei), para luego recomprar a estas mismas sociedades paquetes de acciones, de igual o mayor número, siempre a un mayor precio. Dependiendo del año, se observa la participación de terceros, la que en todo caso no dejó de ser marginal«, dice la SVS.
Por otra parte, siguiendo a la periodista Pilar Rodríguez en un reportaje por ella realizado en 2014 respecto del detrimento sufrido por las Administradoras de Fondos de Pensiones, tenemos el siguiente panorama:
AFP Hábitat: Fue la AFP que abrió los fuegos, denunciando en 2012 ante la SVS irregularidades en la transacción de títulos relacionados con Soquimich y sociedades cascadas. Fue la primera y, hasta el momento, la única que ha seguido la vía criminal para perseguir responsabilidades, de la mano de los abogados Álvaro Morales y Luis Inostroza (exfiscal). En su informe a la Superintendencia de Pensiones, anunciaron que sumarían una demanda para reclamar indemnización por los daños.
Para anclar el cálculo de sus pérdidas –estimadas en $5.941.980.776 (aprox. US$11,5 millones)– detallan seis operaciones bursátiles de las que recoge el fallo de la SVS, en que habría operado este esquema para generar ganancias a los controladores de Soquimich y sociedades Cascadas, en desmedro de los inversionistas minoritarios, como las AFP. En todos los casos citados, el método de cálculo es el sobrecosto que asumieron las sociedades cascadas al comprar y vender una determinada acción. Luego, en base a la participación accionaria de Hábitat en esa sociedad, estiman el impacto directo sobre los fondos previsionales invertidos en estos papeles.
De acuerdo al reporte de Hábitat, la operación que generó mayores perjuicios para esta AFP asciende a US$4.5 millones y tuvo lugar entre el 29 de marzo y el 7 de noviembre de 2011. Esta operación es relevante, porque de un lado la AFP gana y del otro pierde, aunque el balance final sea negativo.
La cadena de transacciones se inicia cuando la empresa cascada Oro Blanco vende en marzo 163.000.000 de acciones Calichera-A a $726 cada una, en un remate que se adjudica mayoritariamente Inversiones SQ, controlada totalmente por Ponce Lerou. Un porcentaje menor lo adquiere la sociedad de inversiones Norte Grande, que es la matriz de Oro Blanco.
Ocho meses después, en noviembre de 2011, Potasios –filial de Oro Blanco– compra 137.140.080 de las mismas acciones Calichera-A a quien le había vendido en marzo, Inversiones SQ. El precio de la transacción fue de $1.065 por acción, es decir $339 más de lo que había vendido en marzo. Potasios financió la mitad de esa compra con un préstamo que le hizo la misma vendedora, controlada por Ponce Lerou. Hábitat concluye que Potasios pudo haber comprado directamente a su controladora Oro Blanco cuando vendió títulos a $726 por acción, y en cambio terminó pagando un 46.7% de sobreprecio a una empresa de Ponce Lerou.
Durante ese mismo periodo, el 4 de noviembre de 2011, Potasios compró de las mismas acciones Calichera-A a Norte Grande a un precio de $1.050 por acción, en un remate a través de la corredora Larraín Vial en un solo lote y con 23 horas de difusión. Hábitat concluye que, al igual que en el caso anterior, Potasios pudo haber comprado esas acciones directamente a su controladora Oro Blanco, cuando vendía a $726. Sin embargo, terminó pagando $1.050 a la sociedad matriz de Oro Blanco, en una vuelta más larga y cara.
Ese mes se genera una tercera operación del mismo tipo: Potasios compra acciones de Calichera-A a la sociedad instrumental Inversiones Transcorp (controlada por Alberto Le Blanc) a $1.060 la acción, cuando pudo comprarla a Oro Blanco, su matriz, a $726 la acción.
Hábitat establece que en total hubo un perjuicio para sus fondos, porque Oro Blanco vendió 163 millones de acciones Calichera-A y luego compró esos mismos títulos (194.763.547 acciones) a través de su filial Potasio a un precio muy superior. En total, la pérdida sería de US$114 millones para la sociedad cascada. Como Hábitat tenía en ese momento un 5.45% de la propiedad de Oro Blanco, estima el perjuicio en casi US$5.5 millones. Sin embargo, el otro lado de la medalla son las ganancias que obtuvo Hábitat a través de su participación en la sociedad Norte Grande, al comprar a Oro Blanco en $726 la acción mientras que le vendió a Potasios en $1.050 la acción. En ese momento, Hábitat tenía un 3.82% de Norte Grande, por lo tanto, obtuvo una ganancia de US$1,2 millones.
Sumando y restando, la AFP vinculada a la Cámara Chilena de la Construcción estima que sufrió un perjuicio neto de casi US$4,3 millones de dólares, considerando que las sociedades cascadas en estas operaciones perdieron aproximadamente US$85 millones.
De acuerdo a Hábitat, la pérdida por fondo y los cotizantes afectados se distribuyen así (cifras de la época en que ocurrieron los acontecimientos):
Fondo A: $438.718.100 (307.119 afiliados)
Fondo B: $644.789.440 (854.347 afiliados)
Fondo C: $918.655.579 (885.669 afiliados)
Fondo D: $127.458.336 (229.558 afiliados)
Fondo E: $3.068.772 (116.052 afiliados)
AFP Capital: En mayo de 2014 esta AFP demandó a Julio Ponce Lerou, Roberto Guzmán Lyon, Aldo Motta Camp, Leonidas Vial, Alberto Le Blanc y ejecutivos de la Corredora Larraín Vial, a quienes la SVS ya había formulado cargos. El escrito presentado en los tribunales civiles fue enviado también a la Superintendencia de Pensiones, estimando en US$6,7 millones los perjuicios netos de los fondos previsionales invertidos en las sociedades.
En la misma línea de la demanda, el informe de Capital a la superintendencia afirma que solo los fondos que tuvieron participación en las cascadas desde un inicio de las operaciones cuestionadas pueden adjudicarse daños. Luego, establece dos fórmulas para calcular los perjuicios para los fondos de los afiliados a Capital. El primero es el diferencial entre el precio al que se compraron acciones ofrecidas en el aumento de capital (y donde los minoritarios no concurrieron) y el precio al que efectivamente compraron en una segunda etapa, con el consiguiente perjuicio por el pago de sobreprecio. El segundo criterio es considerar los dividendos que no percibieron por no contar con las acciones en la oportunidad debida.
En base a la revisión de todas las operaciones donde hubo fondos de Capital comprometidos, la presentación concluye que los daños se distribuyen en cuatro de sus cinco fondos previsionales, como sigue (cifras de la época):
FONDO A: $1.666.964.558 (306.107 afiliados)
FONDO B: $1.497.263.420 (646.422 afiliados)
FONDO C: $584.184.034 (777.573 afiliados)
FONDO D: $133.163.692 (258.505 afiliados)
La primera figura que dibuja Capital es la “pérdida de oportunidades de negocio” para los accionistas de las AFP. Reclaman que en 2008, 2010 y 2011 los directorios de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera aprobaron aumentos de capital, que las sociedades cascada no pudieron suscribir en la etapa de opción preferente. Luego se pusieron a disposición del mercado las acciones remanentes de ese aumento de capital y tampoco concurrieron al remate u operación directa, dejando la pista libre para que compraran acciones otras sociedades relacionadas, vinculadas o instrumentales, beneficiando nuevamente a Julio Ponce Lerou y los ejecutivos sancionados por la SVS. Según la defensa de Capital, la transacción ocurrió en un remate en condiciones que “no contaron con la publicidad alineada al objetivo de maximizar la captación de mayores recursos” imponiendo barreras de entrada a la participación de mayor número de inversionistas.
Luego, sociedades que habían comprado ponían las acciones de vuelta en el mercado y las mismas dos empresas cascadas compraban de vuelta a un precio muy superior, lo que en opinión de Capital, impidió una oportunidad de negocio que habría beneficiado a las AFP como accionistas minoritarios. Gran parte de estas operaciones de recompra eran financiadas por las sociedades de inversión que controlaba Ponce Lerou (Inversiones SQ e Inversiones SQYA).
Como segundo modo de operar de este esquema liderado por el exyerno de Pinochet, el escrito de la AFP menciona “el sobreendeudamiento y venta de activos accionarios” en perjuicio de los intereses de las sociedades cascada. Capital sostiene que las forzaban a endeudarse o generaban aumentos de capital “sin consideración a un proyecto de inversión conocido o real o simplemente no concurriendo una legítima razón de negocios”, replicando el argumento que contiene el fallo sancionatorio de la SVS. De ese modo, con la presión del sobreendeudamiento se justificaba que se desprendieran de su propio capital accionario, oportunidad que aprovechaban las sociedades relacionadas, vinculadas o instrumentales para comprar. Pero como estas sociedades cascadsa no podían perder el control sobre Soquimich, que es el activo que finalmente sustenta toda esta cadena, recompraban al cabo de un tiempo las mismas acciones a un precio superior. El argumento de Capital es que se consolidaba “la extracción sistemática de la liquidez y el detrimento económico ilícito de las sociedades de inversiones cascada, en beneficio de su controlador principal, Julio Ponce Lerou”.
Una tercera conducta irregular que menciona en su demanda la AFP Capital es la “generación de utilidades ficticias”. El mecanismo que cita la venta de acciones a una sociedad cascada relacionada o bien a un tercero, en una transacción que nunca pretendió desprenderse realmente de los títulos, sino generar una recompra a un precio superior. El objetivo: subir el precio del activo de modo de generar utilidades contables que servirían luego para repartir dividendos
AFP Cuprum: En un escueto documento, la administradora reportó a lo menos US$5 millones en pérdidas tomando como base el cálculo que contiene el fallo sancionatorio de la SVS y que estima un daño total de US$300 millones para todas las sociedades cascada. No adjunta documentos explicativos ni desglosa los criterios que tuvieron a la vista para llegar a esa cifra. Solo menciona que “existen otros métodos de cálculo que esta administradora considerará en su mérito en el momento en que se interpongan las acciones del caso”. Es probable que esta AFP haya expuesto verbalmente ante la superintendencia su metodología para estimar los daños, como parte de su estrategia.
AFP Provida: Sin entregar mayores detalles –los habría entregado verbalmente– agrupa las pérdidas según los tres ciclos que estableció la SVS en su investigación, para separar los momentos en que habría operado el esquema para perjudicar a las sociedades cascada en beneficio de Julio Ponce Lerou y las empresas relacionadas, vinculadas e instrumentales. No analiza operaciones al detalle.
Con insistencia, Provida aclara que la metodología de cálculo es la misma que utilizó la SVS para estimar los perjuicios y que “los montos indemnizables solo pueden ser determinados judicialmente”. Provida presentó una demanda, a través de los abogados Enrique Alcalde Rodríguez y Germán Subercaseaux, y en esa oportunidad no especificó montos de perjuicios. En cambio, sí lo hace en su respuesta al oficio de la Superintendencia de Pensiones.
En total, Provida calcula que las pérdidas derivadas de las operaciones sancionadas por la SVS alcanzan 186.954UF ($4.530.456.282 o US$7,7 millones, en dinero de la época). Durante el primer ciclo (2009) reporta un perjuicio avaluado en 43.476UF ($1.053.553.908 o US$ 1.8 millones, en montos de la época); para el segundo ciclo (2010) estima el monto en 143.478UF ($3.476.902.674 o US$5,9 millones, cifras de la época) y en el tercer ciclo (2011) Provida determinó que no hubo perjuicio, porque no había inversiones comprometidas en ese momento en las sociedades cascadas.
En el documento que hizo llegar a la Superintendencia de Pensiones desglosa estos montos según el impacto que tuvo en cada fondo que administra (cifras al momento de ocurrido el ilícito):
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AFP Planvital: El informe que remitió a la autoridad señala que sus fondos compraron acciones de Norte Grande en agosto de 2011 y de Oro Blanco entre enero y marzo de 2012 “por lo que no tuvieron exposición a las transacciones entre las sociedades cascadas, vinculadas, relacionadas e instrumentales” del esquema develado por la SVS.
El único hecho que podría salpicar a los fondos de Planvital –y que es mencionado en el informe– es un dictamen que emitió la SVS en mayo de 2012 y que obligó a rehacer los estados financieros de Oro Blanco del año anterior. En ese momento sí tenía acciones comprometidas. Lo que objetó entonces la superintendencia fue que se consignaron en los balances como utilidades contables las utilidades obtenidas por la transacción de acciones entre empresas relacionadas, no mediando un tercero, como exigía la SVS. Al respecto, Planvital afirmó que “aquel hecho no habría afectado la trayectoria del precio de la acción”, por lo que los fondos administrados por Planvital tampoco habrían sufrido el daño económico de otros inversionistas.
La conclusión, tras analizar el detalle de las transacciones con las acciones de Oro Blanco y Norte Grande, es que “no se puede comprobar que haya existido pérdidas económicas”. El informe de Morandé consigna que Planvital vendió todas las acciones que mantenía de Oro Blanco en agosto de 2014, esto es un mes antes de que se conocieran las sanciones de la SVS. En el caso de Norte Grande, la AFP se deshizo de los títulos en abril de 2013, cinco meses antes de que la SVS formulara cargos en este caso.
¿Qué significó esta operación para quienes participaron en ella? La SVS sostiene que al contrario del sobreprecio pagado por las cascadas a las sociedades relacionadas, vinculadas o instrumentales, para los participantes de la operación, «la utilidad estimada por las operaciones que hicieron las Sociedades Relacionadas al señor Julio Ponce Lerou con las Sociedades Cascada entre 2009 y 2011 asciende, aproximadamente, a UF 3.125.000 (aprox. US$ 128 millones)”.
Respecto de los otros involucrados, la SVS dice que «las ganancias estimadas de las Sociedades Vinculadas al señor Roberto Guzmán Lyon con las Sociedades Cascada, en el mismo período, fueron de UF 3.122.000 (aprox. US$ 128 millones). Las utilidades estimadas de las Sociedades Instrumentales del señor Leonidas Vial Echeverría fueron de UF 1.761.000 entre 2009 y 2010 (aprox. US$ 72,3 millones) y las utilidades estimadas de las Sociedades Instrumentales de Alberto Le Blanc Matthaei fueron de UF 91.800 en 2011 (aprox. US$ 3,7 millones)«.
Tras las formulaciones de cargos, realizadas en septiembre de 2013 y la de enero de 2014, la SVS recepcionó cargos de las partes involucradas y recibió antecedentes y declaraciones de los diferentes actores del proceso. Según consta en la información de la Superintendencia de Valores y Seguros, tras «el análisis de más de un millón de transacciones bursátiles, esta Superintendencia pudo constatar la existencia de una secuencia de operaciones de compra y venta de acciones, con patrones comunes y reiterados en el tiempo y con el concurso de los mismos participantes, estableciéndose de esta forma la existencia de un esquema coordinado de operaciones«.
Ocho ejecutivos y una corredora fueron sancionados en 2014 por la SVS con multas por una cifra cercana a los US$ 164 millones. Entre ellos, los principales multados fueron Julio Ponce Lerou, con una multa de US$ 62 millones; Aldo Motta con US$24 millones; Roberto Guzmán Lyon con US$ 22 millones y Leonidas Vial con US$20 millones.
Julio Ponce Lerou fue el principal sancionado por la SVS (US$62 millones), pues según el organismo, «este esquema benefició directa y económicamente al presidente de las Sociedades Cascada, señor Julio Ponce Lerou, y a personas cercanas a él que participaron de diversas formas en dicho esquema, a través de Sociedades Relacionadas, Vinculadas e Instrumentales -en los términos que se definen en la Resolución-, todo en desmedro económico y contra el interés social de las Sociedades Cascadas, las que, además, tenían otros inversionistas como los fondos de pensiones y fondos de inversión«.
Sin embrago, la mayor multa de la historia cursada a una persona por infracciones al mercado de valores, fue reclamada por Ponce en tribunales: el 18° Juzgado Civil de Santiago ratificó la sanción el 15 de abril de 2016 y lo mismo hizo la Corte de Apelaciones en febrero de 2019. No obstante, el tribunal de segunda instancia redujo la sanción a tan solo 75 mil UF, menos de US$3 millones.
Ello porque, el Tribunal Constitucional determinó en 2018 -por seis votos a cuatro en el caso de Ponce- que la norma que permitía a la SVS multar hasta por el tercio del monto de una operación irregular era inconstitucional. El caso llegó a la Corte Suprema en junio de 2019. La Tercera Sala del máximo tribunal de justicia del país ratificó, en octubre de 2020, por 5 votos a cero las infracciones de Ponce y ratificó en aquello el dictamen de la Corte de Apelaciones. Aunque reconoció que en las compras y ventas de acciones reprochadas Ponce empleó modalidades bursátiles que a primera vista son legítimas, el reproche consiste en usarlas “para hacer parecer como independientes transacciones que estaban relacionadas entre sí, ejecutadas entre partes coordinadas que buscaban asegurar su realización como parte de un esquema establecido de antemano”. El fallo habla de un concierto previo en monto y tiempo, lo que “configura un conjunto de presunciones respecto de la participación voluntaria del actor”. Lo anterior fue una estocada al corazón mismo de la justicia y a la credibilidad que nuestros tribunales superiores de justicia dicen tener.
4) Caso Kowa
En 2018, tras el caso Cascadas y el financiamiento político ilegal, la Corfo obligó a Julio Ponce a renunciar al control sobre SQM como condición para que el Estado le extendiera el arrendamiento del Salar de Atacama. Pero, en la Corfo no conocían la profundidad de los nexos de Ponce con Kowa, la empresa japonesa que -con apenas un 2.3% de SQM- logró instalar a uno de sus ejecutivos en la presidencia de la minera. Ponce nunca ha reconocido el rol clave que tuvo para que Kowa se instalara en Chile.
El Centro de Investigación Periodística (2022) pudo acreditar que fue fundador, accionista, director y gerente general de filiales de la japonesa en nuestro país. Los mismos roles han ocupado su hermano, Eugenio Ponce, y su abogado de confianza: Roberto Guzmán Lyon. El nuevo presidente de SQM, Gonzalo Guerrero Yamamoto, fue director de una de las cascadas con que Ponce ha gobernado la minera.
Kowa ha sido el as bajo la manga del exyerno de Pinochet cuando su control sobre SQM ha sido amenazado. Así ocurrió en 2006, cuando una empresa canadiense intentó tomar el mando de la minera. Esa vez Ponce firmó un acuerdo con los japoneses que le permitió mantener el timón. Lo que entonces no se informó a las autoridades chilenas, ni tampoco a los otros accionistas, es lo mismo que tampoco se ha transparentado hasta hoy: los profundos vínculos entre el empresario chileno y la empresa japonesa originaria de la región de Nagoya.
Ahora esa relación vuelve a cobrar relevancia porque desde el 26 de abril del presente año el representante de Kowa es el presidente de SQM: Gonzalo Guerrero Yamamoto. En 2018, luego de la temporada de huracanes por la que atravesó la firma con el caso Cascadas y las investigaciones judiciales, económicas y periodísticas del financiamiento ilegal de la política, la Corfo obligó a Ponce a renunciar al control sobre SQM, como condición irrenunciable para que el Estado se allanara a la extensión del contrato de arrendamiento sobre el Salar de Atacama hasta 2030.
Kowa le ha servido al yernísimo porque se ha guardado información. Hasta ahora, Ponce Lerou nunca ha reconocido el rol clave que tuvo en la llegada de Kowa a Chile. Jamás ha mencionado públicamente que fue fundador, accionista, director y gerente general de las filiales de la empresa japonesa que tienen acciones en SQM. Es entendible, si esos datos se hubieran conocido, habría sido difícil que los organismos reguladores chilenos y norteamericanos le hubieran permitido asociarse con la compañía japonesa para controlar la minera.
El 6 de julio de 1987, Takayasu Miwa, entonces patriarca de Kowa, le otorgó un poder general a Ponce Lerou para representar los intereses de la empresa en Chile. Pocos días después, Kowa adquirió sus primeras acciones en SQM. Justo en ese momento, Ponce estaba volviendo a la minera, en medio de su privatización, y logró elegirse como su presidente con el apoyo, entre otros, de Kowa.
Los vínculos de Ponce con Kowa no se redujeron a esa representación inicial. Su hermano, Eugenio Ponce Lerou, expresidente de SQM, también ha sido director de las filiales de Kowa en Chile y ha representado a los japoneses en juntas de accionistas de SQM. Y uno de los abogados de mayor confianza de Julio Ponce, Roberto Guzmán Lyon, operó como accionista, director y abogado de Kowa en Chile. Una de sus empresas, SAC -que apareció en la investigación judicial del financiamiento ilegal de la política como una de las sociedades utilizadas para sacar fondos de SQM-, manejaba la administración de las cascadas y cumplía el mismo rol con las filiales de Kowa en Chile.
Bloomberg (2022) valorizó en US$3.5 mil millones la participación de Ponce Lerou en SQM, y lo calificó como la segunda persona más rica de Chile. Las cifras conocidas este año dan cuenta de que los accionistas de SQM están ganando más dinero que nunca en la historia, gracias al auge del litio. Las sociedades cascadas, bajo el dominio de Ponce, repartirán dividendos por US$140 millones, y SQM obtuvo utilidades por US$796 millones solo entre enero y marzo, un aumento de 1.071% respecto de 2021.
Entre 2005 y 2006 la batalla de Ponce con Potash no se detuvo. El 22 de diciembre de 2006 finalizó la oferta pública de acciones lanzada por los canadienses, con la que habían incrementado su poder en SQM hasta tener el 30.6% de las acciones. El Grupo Pampa tenía el 30.3%. El ya mencionado acuerdo de actuación conjunta con Kowa le permitió a Ponce Lerou sumar un 32.6% del poder accionario y retener el control de la minera. Con esa jugada pudo extender su reinado hasta 2018, cuando la Corfo le exigió deshacer su pacto con Kowa como condición para extender el arriendo del Salar de Atacama, el gran activo de SQM, hasta 2030. Al menos formalmente, Ponce salió entonces del control de la minera que actualmente está valorizada en más de US$30 mil millones.
Un reportaje de la revista Capital de 2016 cuenta que Ponce Lerou estaba tan agradecido por el apoyo que le brindaron los japoneses en su batalla con Potash, que viajó personalmente a Japón a dar las gracias. En el mismo reportaje el entonces gerente de Kochi, Yoshihito Hata, señaló que para ellos todo esto es un asunto de lealtad: “Nosotros aceptamos este acuerdo porque la administración de SQM y el liderazgo de Ponce nos dan la confianza que nuestra inversión en SQM crecerá”.
Guerrero Yamamoto, el nuevo presidente de SQM desde el pretérito 26 de abril, tiene un amplio abanico de relaciones con el Grupo Pampa que lo acercan a Julio Ponce, el hombre al que la Corfo buscó alejar de la dirección de Soquimich. Integra el directorio de la minera desde 2016. Entonces, la empresa estaba en medio de una tempestad cuando, por gotera, se fue revelando el financiamiento político ilegal a políticos desde la UDI al PS. SQM fue la compañía símbolo de esa práctica pues en Estados Unidos reconoció desembolsos por una cifra total de US$14.75 millones en pagos indebidos a personas políticamente expuestas.
Guerrero es director de SQM merced también a que una de las filiales de Kowa en el país -Inversiones La Esperanza Chile- lo nominó como su representante en el directorio. Cuatro días antes, el 22 de abril, había dejado el directorio de Oro Blanco, una de las sociedades cascadas con que Julio Ponce participa en SQM. En Oro Blanco estuvo en el directorio entre el 24 de mayo de 2013 y el 22 de abril de 2016. Allí compartió asiento con Julio Ponce y su hija Francisca Ponce Pinochet.
Su padre, Francisco Guerrero Novoa, también ha participado en los directorios de las cascadas. En Pampa Calichera estuvo entre 2015 y 2018. El empresario Guerrero Novoa fue el fundador de Integramédica, la que vendió en 2010. En esa red de centros médicos su hijo fue fiscal y director suplente durante siete años.
Gustavo Ponce Lerou, otro hermano del infumable Julio, desde inicios de la década de 1980 fue agregado comercial de Chile en Japón y en 1987 fue nombrado embajador. Él jugó un rol relevante en acercar a Julio Ponce con los japoneses. Cuando a comienzos de los años 1990 SQM abrió una oficina en Tokyo, la ex asistente de Gustavo en la embajada, Mayo Shibazaki, asumió como gerenta de SQM Japón.
En los oficios enviados por los representantes del holding japonés a la SVS en 2007 cuando se les preguntó por su relación con la minera chilena, entregaron datos sobre sus negocios en el país: el 15 de septiembre de 1992 firmaron un contrato de agencia con SQM Japón para comercializar en forma exclusiva el yodo y el litio que se extraía en Chile, en países como Japón, China, Taiwán y Corea. A cambio, recibían una comisión de ventas de entre 1,2% a 1,3%. Dijeron también que entre 2005 y 2006 los volúmenes de ventas que alcanzaron los “productos SQM” en los mercados donde los distribuían ascendieron a US$111 millones, y que su comisión llegó en ese periodo a cerca de US$1,4 millónes.
Según se informó en la junta de accionistas de SQM de abril de 2017, el 7 de noviembre del año anterior SQM firmó otros cuatro contratos de agenciamiento con Kowa para Japón y otros países de Asia.
En 2015, la Corfo, cuando era dirigida por Eduardo Bitrán, denunció que existía un perjuicio para los accionistas minoritarios de SQM de cerca de US$50 millones en cinco años debido a que la minera le vendía litio a Kowa a un precio más bajo que el del mercado. En la Corfo también llamó la atención que, a pesar de que SQM tenía oficina en Japón, prácticamente todas las comercializaciones con ese país se realizaban a través de Kowa. Ese año desde SQM descartaron las acusaciones.
No fue lo único que despertó suspicacias en la Corfo. El hecho de que el hermano de Julio, Eugenio Ponce Lerou, representara las acciones de Kowa en la junta de accionistas de SQM de abril de 2016 -cuando los japoneses instalaron por primera vez a Gonzalo Guerrero en el directorio de la minera-, los hizo preguntarse si había relaciones entre los Ponce y Kowa que no se conocieran.
–Explotación del litio
1) La polémica con Tianqi
A fines de marzo la china Tianqi solicitó a SQM que la alianza con Codelco para producir litio sea aprobada o rechazada por la junta de accionistas, luego de argumentar que la colaboración implicaría “cambios fundamentales” en la estructura y gestión de negocios de SQM. La solicitud, no obstante, fue rechazada (con respaldo de la CMF), lo que derivó en una serie de tensiones entre ambas compañías y declaraciones cruzadas entre sus gerentes.
Tianqi, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y la semana pasada -a días del plazo para firmar- solicitó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) revisar su dictamen y pedir que SQM cite a una junta extraordinaria de accionistas que se pronuncia en relación a la alianza, según constató La Tercera.
En su solicitud -señala el medio citado- la compañía china apela a un artículo de la ley que estipula que las enajenaciones de activos relevantes tienen que ser aprobadas por dos tercios de los accionistas.
En el documento presentado por la empresa ante la CMF -que fue encargado a tres académicos y que tiene 11 páginas- Tianqi señala que la asociación no se puede considerar como una simple transacción y que la información proporcionada por SQM en enero a la CMF -para sostener el dictamen de febrero- fue incompleta y omitió detalles críticos de la operación, como la transferencia de activos estratégicos.
En esa línea, la china argumenta que los accionistas de SQM no pueden evaluar adecuadamente los impactos del negocio y que la asociación implica una reorganización completa de activos de SMQ S.A y no solo de su filial SQM Salar. De ese modo -arguye la compañía asiática- la nueva estructura implica la pérdida de control de SQM sobre sus activos estratégicos y operaciones.
Por último, en su arremetida, Tianqi también solicitó al organismo adoptar medidas preventivas o correctivas para proteger los intereses de los accionistas y asegurar la transparencia y equidad del proceso.
De no prosperar este intento, el grupo chino estaría considerando acudir a tribunales. Eso, incluso si deben hacerlo después de que el acuerdo se firme, pues, en estricto rigor, la implementación de la alianza comienzaría el 1 de enero de 2025.
2) La resistencia a la familia Ponce
Otra de las aristas que tensiona la firma del contrato es el rol de Julio Ponce Lerou y su familia en la participación del directorio y administración de la compañía.
En 2018, cuando SQM firmó con Corfo para aumentar su cuota de producción de litio en el Salar de Atacama hasta 2030, se restringió la participación de Ponce y su familia en la firma hasta dicha fecha. El nuevo acuerdo, sin embargo, no considera la extensión de esa cláusula, por lo que la implicación de la familia podría volverse relevante con los años, considerando que el contrato es hasta 2060.
Desde el oficialismo algunos plantean que es preferible que no haya acuerdo si algo como eso ocurre. El senador Daniel Núñez (PC), por ejemplo, indicó a La Segunda que «un tema crucial en la empresa que crearán SQM y Codelco en ese acuerdo, es que ni Ponce ni sus hijos y familiares directos puedan ser parte del directorio de la empresa. Si esto no se cumple, yo ya no apoyaría el acuerdo, que carece de legitimidad”.
“Entre un acuerdo que legitime la corrupción, prefiero que no haya acuerdo. En vez de tener a Ponce y a sus hijos a la cabeza de la empresa, sería mejor buscar otro camino”, agregó.
3) Las diferencias entre las comunidades
Un último flanco abierto en medio de la expectación por la firma del viernes es la ligada a las comunidades atacameñas del sector. Y es que el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) -que negocia con SQM y Codelco- está fraccionado.
En la organización, compuesta por 18 comunidades, existe un grupo de cuatro comunidades -el borde sur, más próximo al salar- que siempre han exigido contar con mayores beneficios, al ser, según ellas, las que sufren mayor “afectación”. Son Camar, Toconao, Talabre y Socaire, a las que a veces también se suma Peine.
Estas diferencias internas aún no están resueltas. Conocedores explicaron a El Mercurio que es fundamental que se cierren para poder avanzar a una próxima etapa, en la que se busca institucionalizar el diálogo entre las tres partes. Algunos sostienen que hay probabilidad de que los beneficios asociados a las comunidades por el nuevo acuerdo Codelco-SQM sean distintos entre “los 14” y “los cuatro” del CPA.
El contrato entre SQM y Corfo, vigente hasta 2030, condiciona a la empresa a destinar entre US$10 y US$15 millones a las comunidades del salar de Atacama. A la fecha han entregado unos US$83 millones, de los que gran parte siguen congelados en cuentas de Corfo.
Además, el contrato de Albemarle también considera un importante pago de dinero, el que equivale al 3,5% de las ventas de la firma norteamericana, pero con una gran diferencia: el acuerdo es con el CPA.
Según Conadi, hay 2.395 habitantes inscritos en las comunidades del salar de Atacama adscritas al CPA. Suponiendo una población constante, los pagos de ambas empresas a la fecha superarían los US$ 60 mil por persona.
Finalmente, casos tan ostensibles y desnudos de corrupción, con una biografía tan preñada de ilícitos e ilegalidades hacen que la ciudadanía en general se interrogue, cuestione y ponga en entredicho el Estado de Derecho de nuestro país, ya que es abiertamente atentatorio contra todo principio de justicia, igualdad y equidad que un hombre, sin muchas luces, haya forjado su fortuna gracias a las regalías que su suegro, que creyó ser el dueño de Chile, voluntariamente y sobre miles de cadáveres le entregó… Y lo que molesta aún más, es que prácticamente todas y cada una de sus fechorías, hasta el día de hoy, hayan quedado literalmente impunes.
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