La querella por torturas -presentada por la sede regional de Arica y Parinacota del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)- en contra de siete funcionarios de Carabineros de Chile fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de la localidad.
El recurso judicial fue presentado luego de que se denunciaran los hechos ocurridos el pasado 30 de agosto de 2012, cuando un carabinero de la Tercera Comisaría de Arica ingresó al recinto policial y se encontró con una persona detenida, acusada del robo de un vehículo de propiedad del uniformado.
En el calabozo del lugar comenzaron los tratos indebidos del funcionario policial, quien golpeó por más de quince minutos al detenido en su rostro y en la cabeza con un arma de fuego. A la vez, lo amenazó de muerte para que se auto inculpara de los hechos que se le imputaron, intentando que tomara una arma blanca para que sus huellas quedaran impresas y obtener una evidencia falsa en su contra.
De esta manera, el uniformado pretendía conseguir imputar al detenido por un delito de mayor gravedad. Los otros funcionarios policiales que se encontraban presentes en el recinto no hicieron nada para impedir las torturas ni denunciaron el abuso a sus superiores. Al día siguiente, antes de que el acusado fuera trasladado al tribunal para su control de detención, el teniente ingresó nuevamente al calabozo para pedirle que lavase su cara ensangrentada. Al negarse, el detenido recibió nuevos golpes.
Actualmente, la tortura constituye una violación a los derechos humanos de extrema gravedad, además de ser prevista y sancionada como delito en el artículo 150 A del Código Penal. Durante los últimos años, se han acumulado numerosos casos que dan cuenta del abuso policial y de torturas que incluso han sido denunciadas por dirigentes estudiantiles.