El pasado martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió la querella criminal por el delito de desacato consumado presentada por la activista Cecilia Heyder, referente en la lucha por la legalización de la eutanasia en Chile, en contra el ministro de Salud, Enrique Paris, y el director del Hospital San José de la Región Metropolitana, Luis Escobar González.
La mujer de 55 años padece múltiples enfermedades graves e irrecuperable y lleva más de una década luchando por el derecho a una muerte digna. Desde principios de este año, cuando le rechazaron la opción de terminar con su vida, busca obtener cuidados paliativos en su domicilio.
En el libelo, Heyder exigió que se ponga a su disposición «los medios técnicos y humanos para brindarle las transfusiones de sangre» y otros tratamientos que necesita para combatir sus enfermedades: cáncer metastásico, lupus y un trastorno sanguíneo, entre otros padecimientos.
«No me dieron la eutanasia y me prometieron una atención digna en mi casa. Pero el hospital no quiere cumplir. Tengo que ir constantemente al doctor, esto no es vida», señaló la activista a la agencia Efe.
Hace siete meses, el tribunal supremo determinó que se debían poner a su disposición «los medios técnicos y humanos para brindarle los cuidado necesarios», pero Heyder denuncia que eso no sucedió.
La querella también apunta a Luis Escobar, director del Hospital San José, de la capital, por no entregar atención médica en su casa, donde se encuentra desde marzo después de obtener el alta voluntaria.
En la acción legal se sostiene que los querellados “han incumplido grave y reiteradamente” la sentencia dictada por la Corte Suprema el 26 de marzo de 2021, que acogió un recurso de protección de Heyder presentado por el abogado Pablo Villar Maureira, consignó La Voz de los que Sobran.
En este sentido, el tribunal ordenó que ambas partes establecieran un plazo breve para que esté a disposición todos los medios técnicos y humanos para atender a Heyder, quien padece múltiples enfermedades graves e irrecuperables.
Ambos deben “coordinadamente y en un breve plazo, pongan a disposición los medios técnicos y humanos para brindarle a la recurrente las transfusiones de sangre, como todo otro cuidado paliativo que su condición determine y voluntariamente requiera, en su mismo domicilio, a través de la unidad de hospitalización domiciliaria u otros medios”, cita la sentencia.
En la querella se advierte que, a seis meses y 22 días de la dictación de dicha resolución de la Suprema, esta “no se ha cumplido ni siquiera en parte por los querellados”.
El abogado de Heyder aseveró que el fallo marca “un importante precedente en materia de derechos fundamentales de personas terminales en nuestro país”.
“Ante la ausencia de ley de eutanasia, fue el remedio que la Corte Suprema le dio a mi representada ante las flagrantes vulneraciones de sus derechos fundamentales por parte del Estado para que pudiera tener una muerte digna. Esa es la gravedad del incumplimiento”, expresó el letrado, citado por la Voz de los que sobran.
Ante la falta de atención – se detalló en la querella –, se encuentra las largas horas de espera para poder acceder a las transfusiones de sangre que la paciente requiere constantemente.
“En contravención a lo dispuesto por la Corte Suprema, me van a buscar a mi domicilio para llevarme al Hospital San José a realizarme transfusión en dicho establecimiento (y no en mi casa como dispuso la Corte). Se me señaló que estaba todo listo para realizar la transfusión, llegando a las 15:00 horas. Sin embargo, tuve que esperar, con frío y sola, sin comer, en un pasillo hasta las 20:00 horas, ya que en realidad nunca estuvo listo el procedimiento como se me señaló por teléfono, lo que me vulnera gravemente tanto a nivel físico como emocional”, narró la paciente.
Entrevista por la Voz de los que sobran Cecilia Heyder calificó como un “hito” que se haya admitido a tramitación la querella contra Enrique Paris y Luis Escobar.
“Creo que soy la voz de mucha gente que está atrás. No puede ser que un organismo estatal venga a estar por sobre la Justicia. Es justo y necesario que se conceda el traslado a mi domicilio, como se estableció en un principio”, enfatizó la paciente del Hospital San José al tiempo que recalcó que no fue aceptada para la eutanasia.
Cabe recordar que Chile tramita un proyecto de eutanasia aprobado en abril último por la Cámara de los Diputados y Diputadas. De correr la misma suerte en el Senado, podría convertir a nuestro país en el octavo del mundo y el segundo en América Latina en contemplar este derecho .
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