Finalmente, este martes, el Noveno Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar 80 millones de pesos a cada uno de los 31 mineros que demandaron al Estado, por los 69 días que permanecieron atrapados en la Mina San José en el año 2010.
Lidia Poza Matus, la magistrada que llevó el mediático caso, estableció la responsabilidad del Estado, específicamente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud, y la Dirección del Trabajo, por deficiente fiscalización realizada a la empresa Minera San Esteban Primera S.A, dueña de la siniestrada mina San José.
Según consigna radio Cooperativa, el fallo afirma que «llama la atención, entonces, cómo, si en casi una década de funcionamiento e intermitentes cierres por accidentes, además del incumplimiento reiterado de las exigencias de seguridad en el trabajo, nada se indicara ante el no cumplimiento de la compañía minera de la ejecución adecuada de los proyectos presentados».
El documento agrega que «por el contrario, mientras aumentaba la productividad y a la par la tasa de accidentabilidad, la entidad más importante en materia de resguardo de estos deberes no tomara medidas efectivas de cumplimiento de los estándares legales».
En esa línea, la jueza Poza Matus descartó las argumentaciones del Fisco respecto de la existencia de reparación por la serie de medidas adoptadas para rescatar a los mineros y los beneficios que se les entregaron posteriormente.
En el fallo también se realizó una alusión a la fama posterior que tuvieron los mineros y afirma que la psicóloga Tamara Tapia Zubicueta argumentó que ello ha implicado una «menor posibilidad de olvidar y superar» el accidente.
«Sin contar con que dicha exposición mediada por el tratamiento de la prensa y las propias autoridades, se transformaron en un riesgo de afectación anímica y menor sociabilidad como sostienen los vecinos de algunos de ellos que también testificaron en esta causa», concluye el fallo.
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