La democracia universitaria pareciera estar volviéndose una jaqueca para el grupo Laureate, dueño de la Universidad Andrés Bello. En mayo de 2019, estudiantes de distintas carreras se tomaron la sede de Viña del Mar. El petitorio consideraba la democratización de algunas decisiones para que los recursos generados no fuesen extraídos por los accionistas del holding.
El objetivo era que éstos pudiesen reinvertirse en la institución, específicamente para poner alivio al endeudamiento que precariza la vida de las y los estudiantes. El petitorio también velaba por salud mental y por algunas modificaciones curriculares.
La toma ya venía antecedida de otras movilizaciones duramente reprimidas en carreras como Terapia Ocupacional y Psicología, y aleonada específicamente por los sumarios aplicados a algunos de sus participantes. Hacia agosto de ese año, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNAB de Viña del Mar, Constanza Leiva, sostenía que “nuestra universidad es un fiel reflejo de cómo se vive el mercado en la educación”.
En julio, la casa de estudios ya estaba aplicando el sumario, amparados en el artículo 8 de su reglamento.
Proceso arbitrario y judicialización
El sumario concluyó el 11 de diciembre en cargos contra 7 estudiantes, los que se defendieron aludiendo ser víctimas de un indebido proceso. La institución resuelve que tres de ellos serán sancionados con dos semestres de suspensión, y los restantes con la expulsión. Si bien los estudiantes apelan internamente, en paralelo acuden a la Justicia ante la vulneración de sus derechos.
Cuatro estudiantes tomaron el camino de defenderse ante tribunales, a través de dos recursos de protección presentados el 21 de febrero a cargo del abogado del partido Comunes, Raúl Devia -quien además alegó- y la encargada legislativa del equipo territorial de la diputada Camila Rojas, Paulina Góngora.
El foco de la defensa estuvo puesto en que, al no respetarse la garantía constitucional del debido proceso, debe reestablecerse el derecho de los estudiantes y dejar sin efecto tanto la suspensión como la expulsión.
Caja de Pandora para Laureate: Reglamento sería ilegal
La Corte de Apelaciones de Valparaíso falló el 4 de julio. En los respectivos fallos, el tribunal de alzada se pronuncia instruyendo que la Universidad Andrés Bello debe revertir las medidas sancionatorias tomadas. En particular, se califica el caso de los alumnos suspendidos como uno basado “en un procedimiento ilegal y arbitrario”.
En el caso del alumno expulsado argumenta que “el procedimiento administrativo no se ajusta al debido proceso”. Cabe señalar que el reglamento en cuestión actualmente aplica a más de 45 mil estudiantes de la institución.
En paralelo, la diputada Camila Rojas había oficiado el 29 de enero a la Superintendencia de Educación solicitando fiscalización e información sobre los casos. Dicho oficio se mantiene aún sin respuesta.
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