Justo en el momento en que se da la discusión en el Parlamento sobre otorgar arresto domiciliario a los reos mayores de 70 años o enfermos terminales, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de la defensa del exmilitar y agente de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann, que buscaba acceder a este beneficio para el cumplimiento de sus penas argumentando su avanzada edad y complicaciones de salud.
En junio de 2023, la defensa del represor había solicitado a la ministra en visita extraordinaria para causas de DDHH, Paola Plaza, acoger la solicitud de cumplimiento domiciliario atendiendo las razones médicas que presenta Iturriaga, así como «su condición etaria y de salud que es incompatible con la cárcel y con la justicia de DDHH, basada en la dignidad del ser humano», la cual fue rechazada por la magistrada en primera instancia el 12 de junio pasado.
Posteriormente, la defensa de Iturriaga apeló a la resolución, y esta vez, el tribunal de alzada capitalino decidió también rechazar y dejar a firme la sentencia de primera instancia.
«Constatando al tribunal que se han arbitrado todas las medidas de resguardo y conducente a garantizar la salud e integridad del interno, así como el debido acatamiento a las prescripciones de la Comisión Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, se rechaza la solicitud de cumplimiento domiciliario de la pena», señala parte de dicha sentencia.
Tras esta decisión, la defensa de Ituarriga presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.
Raúl Iturriaga Neumann (85 años) fue general del Ejército, subdirector y jefe del Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Fue condenado el 2007 y detenido después de haber estado prófugo y declarar que no aceptaba la condena.
Actualmente se encuentra recluido en el Penal Punta Peuco cumpliendo condena por su responsabilidad en diversos crímenes de lesa humanidad ejecutados tanto en Chile como en el exterior.
Su primera sentencia recayó en 2007 como responsable del secuestro calificado de Luis Dagoberto San Martín.
Desde entonces y a la fecha suma cerca de 200 años de cárcel, estando condenado por el crimen del ex jefe del Ejército Carlos Prat y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires, Argentina, en 1974; en las operaciones Colombo y Cóndor; Villa Grimaldi Principal y por la desaparición del Comité Central del Partido Socialista en 1975, entre otros.
El exagente enfrenta condenas por delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, secuestro, sustracción de menor, torturas, aplicación de tormentos con violencia sexual y asociación ilícita, entre otros.
Tras el fallo, el abogado Francisco Bustos, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados, manifestó que «era una resolución esperable, pero que de todos modos es muy importante porque constituye una señal contra la impunidad, pues no sólo existen deberes de juzgar los delitos de lesa humanidad. Además, las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los crímenes, y debe evitarse la impunidad, como la que se pretendía con esta petición, especialmente considerando que se trata de un oficial de alto rango, que tuvo mando en la DINA».
Para el abogado, «no es raro ver que cada cierto tiempo, por diversos medios, se ha buscado garantizar la impunidad a criminales de la Dictadura. Pensemos en el ‘indulto general Covid’, la propuesta de Constitución rechazada el 17 de diciembre, o actualmente el proyecto de una Comisión del Senado. Por esto es importante que la sociedad civil y quienes trabajamos en DDHH nos mantengamos alerta para denunciar estos intentos».
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