El 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió una querella presentada en contra de dos fiscales por los delitos de vejación y violación de secreto, por el allanamiento realizado por el GOPE de Carabineros a la sede del Partido Comunes el 19 de noviembre, dos días antes de las elecciones, en el marco de la investigación por un eventual fraude en la campaña de Karina Oliva.
Los fiscales querellados son Héctor Barros y Milibor Bugueño, responsables de la realización del allanamiento. Al respecto, Luis Mariano Rendón, abogado que interpuso la acción judicial, expresó su satisfacción con la decisión del 7° Juzgado, expresando que «es muy importante que se investiguen y sancionen estos hechos, para que la Fiscalía no se transforme en un apéndice más de los poderes fácticos».
«La Fiscalía solicitó una orden al tribunal, para que le diera las facultades intrusivas, y el tribunal se la dio condicionada a que hubiera resistencia al ingreso, pero acá evidentemente no hubo resistencia y todo indica que ni siquiera hubo comunicación a la directiva de Comunes. Eligieron un horario en que no había nadie para tener el pretexto de descerrajar, pero tenía que haber resistencia. El problema no fue la orden, sino cómo se ejecutó», fustigó el abogado.
Recordemos que el accionar de los efectivos fue rechazado por varios parlamentarios y partidos políticos, además de la Asociación de Fiscales y el mismo fiscal nacional Jorge Abbott, quien solicitó un informe a Barros y ofició a Carabineros “por el desproporcionado uso de fuerza en el ingreso a la sede del partido Comunes”.
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