Juzgado de Garantía admite a trámite querella por presunto fraude al fisco y malversación en Municipalidad de Villa Alemana

El Juzgado de Garantía de Villa Alemana admitió a tramitación querella criminal por los presuntos delitos de fraude al  fisco y malversación de fondos públicos contra quienes resulten responsables, a partir de las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en esta comuna de la Región de Valparaíso.

El Juzgado de Garantía al declarar admisible la querella, da cuenta que los hechos denunciados revisten el carácter de posibles delitos por lo que ordena sean investigados por la Fiscalía Local. La resolución judicial con fecha 8 de abril de 2021, también pone en conocimiento del Ministerio Público las diligencias de investigación solicitadas, entre las cuales están la citación a declarar del actual alcalde de Villa Alemana, Jorge Sabat Marcos (IND) y el ex director de Desarrollo Comunitario y candidato a alcalde, Nelson Estay Molina.

La querella fue presentada por Nicolás Concha gestor cultural y fundador de la “Agrupación Villa Alemana por el Medio Ambiente”, en contra de quienes resulten responsables, de los delitos de Malversación en su modalidad de Aplicación Pública Diferente y, Fraude al Fisco, que se encuentran tipificados y sancionados en los artículos 236 y 239, ambos del Código Penal.

Concha presentó la querella partir de las irregularidades detectadas en el período 2017 a 2019, por parte de la entidad fiscalizadora ,entre las que figuran el pago y contratación de 26 personas en la cuenta “Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios”, por $ 90.000.000 bajo la responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO a cargo en ese período del hoy candidato a alcalde, Nelson Estay, para apoyo de labores propias de la gestión administrativa y que no se relacionan directamente con el programa en beneficios de la comunidad.

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Otro punto registrado por la Contraloría fue la contratación mediante trato directo sin licitación pública para el estudio y modelamiento de procesos municipales, de la empresa Inmobiliaria Mineurita Ltda, la Consultora Cisternas, Concha y Cia Ltda, por servicios jurídicos, y la empresa CCB Solutions Spa, para los servicios de auditoría informática, sin que se haya logrado acreditar la excepcionalidad de dichas contrataciones en ninguno de los casos anteriores.

Los reparos continúan con la contratación de pólizas de seguros por 7 vehículos que se encontraban dados de baja en diversos períodos. Se advierte que los móviles incluidos en la nómina de bienes asegurados fueron dados de baja por el municipio entre los años 2017 al 2019, sin que hayan sido rebajadas las primas anuales pagadas por la empresa proveedora.

En cuanto a las conciliaciones bancarias, vale decir, confrontar las anotaciones que figuran en las cartolas bancarias con el libro banco a efecto de determinar si existen diferencias contables, el Informe Final, indica que no se aclaran abonos y cargos por más de 61 mil millones, en total, de los tres años auditados.

Se observa por parte de Contraloría la existencia de una cuenta llamada “anticipo de fondos”, por más de $88.000.000 sobre la cual el municipio desconoce sus movimientos: a quién se transfiere y por cuáles son los respaldos financieros.

También señala el órgano fiscalizador que existen 145 sumarios administrativos e investigaciones pendientes, detectando procesos iniciados hace 4 años sin que se conozca un resultado final, afectando gravemente a funcionarios municipales por parte de la autoridad edilicia.

En su informe, señaló que la Municipalidad de Villa Alemana careció de manuales de procedimientos durante el período auditado relativos a la elaboración y aprobación de conciliaciones bancarias y la cobranza de deudores morosos lo que impidió asegurar que tales actividades se hubieran realizado de manera homogénea, secuencial y completa.

De acuerdo con la querella, los reparos efectuados por la Contraloría General de la República, son de tal magnitud que involucran cientos de millones de pesos que pudieron ser desviados a otros fines y que es necesario que la Justicia actúe a fin de determinar, si finalmente existen delitos comprometidos, además del desorden ya constatado por  el máximo órgano contralor.

Por tal motivo, se solicita el máximo de las penas establecidas por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, contra quienes resulten responsables por los hechos punibles señalados, contemplados y sancionados en los Artículos 236 y 239 del Código Penal.