El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago accedió este jueves a decretar medidas cautelares reales contra el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), quien se encuentra en prisión preventiva por los presuntos delitos de administración desleal, estafa, cohecho y fraude al fisco.
La decisión del tribunal responde a una solicitud presentada por la empresa Best Quality SpA, una de las partes querellantes en la causa. Según argumentó la compañía, la incautación de las propiedades del edil permitiría asegurar el pago de indemnizaciones en caso de que se determine su culpabilidad.
Finalmente, el juzgado resolvió aceptar la solicitud de la empresa, por lo que los bienes de Jadue serán cautelados hasta finalizar el juicio. Las propiedades corresponden a tres departamentos, dos casas y un auto, todo avaluado en $549 millones.
Además, la jueza prohibió celebrar ventas o cualquier tipo de contrato sobre los bienes, argumentando que éstos que podrían ser fruto de dineros ilícitos.
En tanto, la defensa de Daniel Jadue anunció que apelarán ante la Corte de Apelaciones de Santiago debido a que «los supuestos que harían procedente estas medidas no concurren, ni siquiera está definido que exista perjuicio y cuál es su monto».
Comisión Chilena de DDHH acusa «lawfare»
El pasado viernes, la Comisión Chilena de Derechos Humanos emitió una declaración pública criticando al Poder Judicial por violar los derechos constitucionales del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).
Según acusaron desde el organismo, en el proceso judicial contra el edil se transgredieron normas legales, constitucionales e incluso del derecho internacional de los derechos humanos, como la presunción de inocencia y el derecho a la libertad provisional.
«Nos preocupa la proporcionalidad y necesariedad de las medidas cautelares personales, como la prisión preventiva, o la objetividad de la investigación penal, que son transgredidas por prácticas inadmisibles dentro de un Estado de Derecho», señala el comunicado.
«Este uso indebido de instrumentos judiciales, parece dar la razón a quienes sostienen que estamos ante un claro caso de Lawfare, en el que se busca inhabilitar políticamente a un dirigente a través de procesos judiciales –de gran cobertura mediática- en los que no se respetan instituciones jurídicas fundamentales, como la presunción de inocencia y el derecho a la libertad provisional», agregaron.
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