“Hay fiscales involucrados que siguen en funciones sin sanción”: Karina Riquelme y la Operación Huracán

La abogada Karina Riquelme Viveros ha dedicado más de una década a la defensa de los derechos humanos y colectivos en el sur de Chile, acompañando procesos de criminalización contra comunidades mapuche, movimientos sociales, trabajadores y mujeres víctimas de violencia de género. Nacida en Temuco y fundadora del Centro de Investigación y Defensa Sur, ha sostenido una trayectoria jurídica firme en territorios atravesados por la violencia estatal: Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Hoy es querellante en la causa conocida como Operación Huracán, juicio que comenzó tras casi ocho años de espera. Representa a seis personas que fueron víctimas directas de un montaje orquestado por Carabineros y validado, en su momento, por el Ministerio Público: Jaime, Jorge y Rodrigo Huenchullan Cayul, de la Comunidad Autónoma de Temucuicui; el machi Fidel Tranamil Nahuel, del sector Rofue; David Cid Aedo y Armando Henríquez.

La Operación Huracán estalló en 2017, cuando la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR) imputó a dirigentes mapuche por delitos terroristas, utilizando pruebas falsificadas —mensajes de WhatsApp inexistentes— para justificar las detenciones. El caso, hoy símbolo de racismo institucional y manipulación judicial, es considerado uno de los montajes más graves cometidos en democracia.

Actualmente, un decena de exfuncionarios de Carabineros enfrentan juicio oral. Pero como denuncia Riquelme en esta entrevista, hay responsables clave que siguen ejerciendo funciones públicas sin haber rendido cuentas. Aquí, la abogada entrega su mirada sobre la causa, la impunidad institucional que persiste, y el daño profundo que la criminalización dejó —y aún deja— en las comunidades mapuche.

Una espera de casi ocho años para acceder a justicia

—¿Cuál es su evaluación sobre el inicio del juicio oral en el caso Huracán?

—Ya van a transcurrir casi ocho años desde que ocurrieron los hechos en que se detuvo e imputó a mis representados por delitos terroristas, utilizando pruebas falsas. Que el juicio se desarrolle luego de tanto tiempo, evidentemente, constituye una vulneración al acceso a la justicia y a la efectividad que la institucionalidad debiera garantizar a quienes han sufrido transgresiones. Aún más, cuando se trata de hechos tan graves cometidos por instituciones en las que debiéramos confiar plenamente. Una sanción que no se dicta en un plazo oportuno genera una sensación de impunidad y de desinterés ante lo que realmente sucedió.

Fiscales mencionados en la acusación siguen sin rendir cuentas

—Durante los alegatos de apertura, algunas defensas plantearon que hay actores clave en el montaje—como fiscales o altos mandos de Carabineros—que no han sido formalizados. ¿Qué piensa usted de ese argumento? ¿Considera que hay responsabilidades institucionales o personales que han quedado fuera del juicio?

—Nosotros, que hemos sido parte del caso desde el inicio, siempre hemos sostenido la importancia de una investigación objetiva. A nuestro parecer, las responsabilidades de algunos fiscales no han sido perseguidas conforme a derecho. Esto se refleja, por ejemplo, en que la acusación contra los carabineros menciona a un fiscal involucrado en actos delictivos [Sergio Moya], pero dicha persona no está formalizada y actualmente sigue ejerciendo funciones dentro del Ministerio Público sin ningún tipo de sanción. Esto es absolutamente inédito en nuestro sistema procesal penal.

Este tiempo transcurrido, además, ha generado una distancia respecto de los hechos, que involucraron activamente al exdirector general Bruno Villalobos y a la Fiscalía de La Araucanía, la cual ha impulsado investigaciones invocando la Ley Antiterrorista. Esa ley ha sido usada de manera discriminatoria contra personas mapuche, como lo han reconocido organismos internacionales, sin que exista ninguna consecuencia para quienes la aplicaron de ese modo.

Justicia especial y ausencia de comunicación con las víctimas

—¿Considera que ha operado una justicia selectiva en este caso?

—Sin duda. Este caso revela una justicia especial: no hubo premura en iniciar el juicio, las autoridades le han restado importancia y ha habido cero comunicación con las víctimas.

Un montaje político con coordinación institucional

—¿Cuál es el objetivo de la parte querellante en este juicio? ¿Qué esperan demostrar y qué sanciones consideran adecuadas para los imputados?

—Como querellantes, esperamos demostrar que hubo una operación deliberada para perseguir a personas que manifestaban una posición crítica en el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Esta operación se dirigió contra dirigentes de comunidades específicas y fue ejecutada por Carabineros en coordinación con el poder político y el Ministerio Público, como lo señaló la Cámara de Diputados en su comisión investigadora asociada al caso Huracán.

La verdad jurídica sobre los delitos imputados debe establecerse en este juicio. La acusación ha sido formulada solo contra los carabineros, sin involucrar a otros actores clave. No buscamos una condena ejemplar, sino una condena justa. El derecho penal no debe utilizarse de forma abusiva. Pedir penas más altas de las que establece la ley sería contradecir todo lo que siempre hemos criticado respecto del trato hacia el pueblo mapuche.

La estrategia de la defensa no exonera responsabilidades

—¿Qué piensa de la estrategia de las defensas que apuntan a los fiscales como responsables para evitar asumir responsabilidades propias?

—Si la defensa cree que atribuir responsabilidad a fiscales los exime de la suya, está equivocada. Aunque pueda haber otros responsables, quienes participaron en la elaboración de los informes con información falsa deben igualmente ser sancionados.

Una estigmatización que sigue marcando a las comunidades

—¿Cuál fue el impacto de este caso en el movimiento mapuche y en las organizaciones de derechos humanos?

—El impacto del caso Huracán en las comunidades mapuche probablemente es imposible de dimensionar. Para ellas, este caso confirma lo que han venido denunciando por años: la utilización discriminatoria de la Ley Antiterrorista. Como en el gobierno de [Michelle] Bachelet en contra incluso de niños y luego todos aquellos que fueron acusados como terroristas fueron absueltos. La estigmatización que produce ser acusado de terrorismo genera un daño profundo, no solo en los directamente afectados, sino también en sus familias y un efecto muy fuerte en los niños de las comunidades. Esa estigmatización persiste en el tiempo. Una sanción efectiva podría reparar, al menos en parte, el daño causado.

El doble estándar del sistema judicial chileno

—Desde su experiencia, ¿cómo observa el funcionamiento del sistema judicial en causas donde están involucrados organismos del Estado? ¿Cree que ha habido avances en términos de garantías procesales o rendición de cuentas?

—En causas donde está involucrado el Estado, el Poder Judicial debiera actuar con un estándar intachable. Cuando no lo hace, se socava la legitimidad del sistema jurídico imperante. Al ciudadano común se le exige cumplir la ley, pero cuando los involucrados son del sector público, la persecución penal es tardía o simplemente no ocurre. Esto genera inestabilidad y desconfianza en el sistema.

La justicia está en la mira de toda la sociedad chilena. Este caso evidencia una discriminación doble contra el pueblo mapuche: son criminalizados con pruebas falsas y luego abandonados como víctimas. Además, hemos visto que los nombramientos judiciales pueden estar influidos por redes de poder, y eso también erosiona la confianza. Los sesgos son muy malos para una convivencia pacífica entre personas, culturas y sociedades que compartimos un territorio. Los sesgos generan sensación de injusticia y son más violentos que la violencia que se le atribuye a quienes luego son criminalizados por protestar.

Criminalizar a la defensa de derechos humanos

—En lo personal, ¿cuáles han sido los costos de llevar esta querella? ¿Ha recibido presiones o amenazas?

—Los costos han sido altos. La estigmatización a quienes ejercemos la defensa de derechos humanos es tal que el mismo poder judicial autoriza intervenciones telefónicas ilegales en nuestra contra. Así sucedió en este caso, además de seguimientos, fotografías y acoso en nuestros domicilios. Todo esto, a pesar de que nuestro trabajo es completamente legítimo. Se nos busca criminalizar para deslegitimar nuestras acciones.

—¿Cree que este juicio puede sentar un precedente importante para frenar las prácticas de criminalización y montajes judiciales?

—Este juicio puede sentar un precedente, pero no sé si generará un antes y un después. El ámbito jurídico es solo una parte del conflicto, que nace de la incapacidad política del Estado para resolverlo, puesto que falta diplomacia y a esto se suma la constante militarización legalizada que mantiene en el territorio mapuche. Desde que Chile ingresó al sur del Biobío, ha tratado al pueblo mapuche a través de la militarización y la acción policial. Eso debe cambiar.

—Finalmente, ¿cómo definiría la Operación Huracán ante la opinión pública?

—Es la manifestación del racismo institucional de quienes están encargados de aplicar justicia. Cuando quienes deben cuidar el orden social fabrican pruebas para acusar a personas por su origen o ideas, cualquiera de nosotros puede ser perseguido por pensar distinto. Nuestra confianza en el sistema de justicia tambalea gravemente ante estos hechos.