La bancada Propyme propone nuevas indicaciones a la Reforma Laboral para obstaculizar el movimiento sindical

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el de Economía, Luis Felipe Céspedes, se reunieron ayer con más representantes de la Nueva Mayoría y de la oposición, entre ellos los senadores Eugenio Tuma (PPD), Hernán Larraín (UDI) y Andrés Allamand (RN), para suscribir un acuerdo que protege a las micros, pequeñas y medianas empresas (Pymes).

En el encuentro se plantearon 26 propuestas que se estudiarán para que se incorporen a la Reforma Laboral y que apuntan a temas que han generado controversia a lo largo del proceso de modificación de la ley.

¿En qué consisten las propuestas de «Propyme»?

Una de las propuestas más relevantes que sugieren los senadores es el aumento del quórum legal para que una pyme pueda constituir un sindicato. La cifra se modificaría de los 8 trabajadores, que establece la normativa actual, a los 25. La medida supone una vuelta atrás, retroceder al número que se exigía antes de implementar la cifra de ocho personas, que se instauró como medida paliativa al MultiRut de las empresas. Actualmente, el Código del Trabajo señala que el mínimo de 25 empleados sólo regirá respecto de empresas con más de 50 trabajadores.

El aumento en los requisitos para crear un sindicato fue parte de las opciones que analizaron los ministerios de Hacienda y Trabajo durante el proceso de elaboración de las indicaciones que presentó el Gobierno el pasado fin de semana. Una medida que afectará, sin duda, en la disminución del número de sindicatos y, como consecuencia, en la articulación de movilizaciones para reclamar mejoras laborales.

Junto con esta propuesta se acordó otro punto para permitir que en las pymes grupos negociadores distintos a la organización sindical puedan negociar con los empleadores sobre sus condiciones de trabajo, en el denominado procedimiento de negociación semi-reglada. El proyecto de ley del Gobierno establece que estos grupos sólo podrían existir en las empresas que no tuvieran organización sindical.

Entre las demás indicaciones destaca también el aumento del plazo mínimo para poder iniciar una negociación colectiva en las pymes. El Gobierno señaló que dicho plazo regiría desde la creación de la empresa, sin embargo los senadores proponen que se amplíe a 18 meses desde que éstas emitan su primera guía, boleta o factura.

Finalmente, otro cambio añade que la negociación colectiva deberá llevarse a cabo “de buena fe y en forma pacífica”, recuperando así la definición “pacífica” de la huelga, que se eliminó en el primer trámite del proyecto en la Cámara de Diputados.

Proteger al sector empresarial

El presidente del Senado, Patricio Walker (DC), dijo que todos estuvieron de acuerdo en acoger las proposiciones y expresó el sentimiento de unidad que generan las pymes en el Parlamento.

Walker también manifestó saber sobre lo difícil que es subsistir como pequeña empresa y dijo que las fortalezas que obtengan deben ser a través de muestras concretas en base a trabajo a favor de las pymes que, según el parlamentario, “generan mucho empleo”.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Rafael Cumsille, valoró la instancia indicando que «ojalá que surjan más indicaciones, pero que mejore este cuerpo legal y que en nigún caso vayan a interrumpir las legítimas aspiraciones de nuestro sector». Además sostuvo que “yo creo que la única manera de potenciar la formalidad es dando facilidades y no creando tantos obstáculos a los microempresarios”.

El senador de la UDI Hernán Larraín afirmó que el acuerdo “por ahora, sólo alcanza a aplicarles normas específicas y distintas a las pymes para poder garantizarle su viabilidad y subsistencia».

El presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier (PS), destacó que ha habido un consenso en que «las micro y pequeñas empresas tienen una realidad que es distinta». Sin embargo hoy se desmarcó de las propuestas y aseguró que él no es signatario de las mismas y que sólo acompañó «a quienes dieron a conocer sus acuerdos pro Pyme». Y agregó: «Si el camino es aumentar el quórum solamente, se le elimina el derecho a negociar a cerca de un millón de trabajadores, se les quita derechos fundamentales a otros».

Todo apunta que el Ejecutivo promoverá dichas indicaciones con la justificación de evitar el descalabro de la economía y el aumento del desempleo del país, la base argumental utilizada por la derecha, el empresariado y los sectores conservadores de la Nueva Mayoría desde que se introdujo el debate sobre la Reforma Laboral a mediados del año pasado.

Meritxell Freixas