La catástrofe capitalista arrasa con todo Chile

Por Gustavo Burgos

El incendio navideño en Viña del Mar, que arrasó con casi 300 viviendas en la zona de Forestal Alto, puso de manifiesto las condiciones de miseria y precariedad en que vive la mayoría de la clase trabajadora en nuestro país. Las catástrofes no operan como el resultado de una fuerza ciega de la naturaleza, porque tales fuerzas actúan en un contexto social y por lo mismo son los explotados quienes resienten con mayor intensidad incendios, terremotos, inundaciones, porque los golpea en primer lugar como medida de la miseria.

El hecho, por lo mismo, es recurrente en la zona. Solo por referir la última década, en 2012 se registró en Viña del Mar -en Canal Beagle– uno de los que, hasta entonces, era de los peores siniestros en la última década, con un saldo de más de 70 casas destruidas y 290 damnificados. En 2014 ocurrió el gran incendio en Valparaíso, en el sector del camino La Pólvora, con casi tres mil casas destruidas y más de 12 mil damnificados. En 2017, el incendio de Laguna Verde se propagó al sector Puertas Negras en Valparaíso, y dejó al menos 100 viviendas destruidas; y en 2019, la ciudad volvió a ser azotada, en plena víspera navideña, en los cerros Rocuant y San Roque, dejando más de 400 hogares siniestrados y a 1.199 personas afectadas, un siniestro que hasta hoy dejó preguntas sobre su origen represivo.

Esta vez, aunque la alcaldesa Ripamonti intentó una explicación -vinculando el hecho al cambio climático- y el Jefe Bomberos responsabilizara a los curiosos que detuvieron sus vehículos en los puntos de acceso, impidiendo el paso de los carros de Bomberos, resulta evidente que la deficientes instalaciones de urbanización son el resultado de un crecimiento urbano dominado por las tomas de terrenos y la aguda crisis habitacional. Sin embargo, comunicacionalmente, el Gobierno fue capaz de salvar la crisis y rubricarla con un bono a los siniestrados de un millón y medio de pesos. Porque este es el rasgo distintivo de la política de Boric: cualquier acción que despliegue, por modesta y circunstancial que sea, persigue hacer desaparecer cualquier expresión de resistencia y aún disidencia respecto de su ofensiva antipopular.

En efecto, las acciones de asistencia a los damnificados —de muy modesto alcance— le permitieron Boric golpear duramente a uno de sus críticos, Jorge Sharp. A este último no solo se le aisló con motivo de las acciones de asistencia a los damnificados del incendio —labor en que se cuadró el seráfico gobernador Mundaca—, también se le privó de los fuegos artificiales de Año Nuevo, único hito simbólico que queda en manos del alcalde porteño.

Por su parte a Daniel Jadue —ala crítica dentro del PC y contendiente en las primarias de Apruebo Dignidad— se le sometió con una simple orden de partido y se destacó la presencia de funcionarios del edil de Recoleta en las funas ciclísticas en repudio a la Cocina Constituyente. Jadue se retiró sin ofrecer mayor combate y penosamente hoy intenta mantenerse en pie acusando a sus críticos de izquierda como «anticomunistas».

En la misma línea, un sencillo plan de hermoseamiento de la Alameda —que en otro época habría sido materia para que los alcaldes se luzcan— ha sido igualmente utilizado por Boric para promocionar su pacto con la alcaldesa UDI, Evelyn Matthei, y hacer desparecer físicamente la Plaza Dignidad y cualquier registro memorial de los caídos en ese espacio icónico del levantamiento popular del 18 de Octubre.

Por estas razones, aunque las encuestas lo castiguen y aunque el apoyo popular sea ínfimo, el Gobierno y su alianza partidaria no evidencian una crisis significativa. Es más, la agenda represiva antidelincuencia y pro seguridad ha tenido principalmente el efecto de espantar a la Derecha tradicional, que ve cómo su política central es arrebatada por el joven Presidente de Apruebo Dignidad.

La profundidad de esta ofensiva y su carácter antipopular no impactan mayormente a los partidos que le apoyan porque tanto la ex Concertación, como el Frente Amplio -y hasta el PC- actúan ordenadamente en defensa de los intereses del régimen. La única estructura partidaria real, la del Partido Comunista observa impávida cómo sus nuevas generaciones de militantes, formadas en una política de derecha y liberal, se apoderan de la organización, haciéndola indistinguible de cualquier espacio organizativo laico y liberal como el PPD o el Frente Amplio. El indulto a 12 presos políticos de la revuelta —una ínfima cantidad de los luchadores que hoy se encuentran tras las rejas— va de todas maneras dirigida a alimentar la expectativa reformista de que «se ha hecho un poco de justicia», y esta circunstancia justifica seguir apoyando al Gobierno.

Pero la obsecuencia de la izquierda con un Gobierno que ataca metódicamente todos los intereses populares resulta imposible conjurar con simples gestos

Entre gallos y medianoche, esta última quincena, Boric pactó la cocina constitucional del Acuerdo por Chile, cuyo objetivo explícito es preservar el actual orden institucional cambiando el texto de la Constitución. Circula en el parlamento un texto de lo que sería esta nueva Carta Magna y en ella se observa una especial preocupación por preservar los quórum contramayoritarios, darle rango constitucional al sistema de tratados que protegen al gran capital imperialista e inclusive retroceder en algunas materias, como el aborto. En un sentido práctico, el gran amenazado por el proceso anterior, el Senado de la República, será el que definirá el texto a ser plebiscitado el próximo año. El Gobierno impúdicamente presenta este proceso como «democrático», cuando en la práctica se trata de una operación digitada minuciosamente desde las más altas esferas del régimen y del gran capital.

En la misma línea, el 23 de diciembre, el Gobierno —antes de Navidad, como le había prometido Boric a las transnacionales— depositó el TPP11 en Nueva Zelandia, con lo que formalmente dicho tratado de sometimiento colonial rige como ley en nuestro país. Este tratado, por lo mismo, se suma a los bordes de la nueva Constitución y representa un retroceso, como se ha discutido ampliamente. El Gobierno enajenó la soberanía nacional sometiéndose a la voluntad de la judicatura comercial internacional; garantiza la intangibilidad del inversionista extranjero -al punto de asegurarle ganancias en sus operaciones- y condiciona su actividad legislativa a los intereses generales del capital financiero. Con el TPP11, ahora de una manera formal, nuestro país adquiere rasgos de semicolonia.

Finalmente, la militarización del discurso político contra la delincuencia y centrada en la seguridad, ha reflejado las vetustas tesis de la Seguridad Nacional y ha servido de soporte político a la ocupación militar de la Araucanía y a la lucha en contra de los inmigrantes.

Esta sostenida política del Gobierno, apoyada en la extrema falta de legitimidad del régimen, ha operado como una fuerza centrípeta, concentradora del poder. Paradójicamente, ello ha tenido como efecto que la referida concentración ha tenido lugar en torno al Parlamento, ya que es allí donde se adoptan las decisiones y se definen los «bordes» dentro de los cuales puede jugar el Gobierno. El efecto directo de este fenómeno ha sido la erosión del movimiento social en que se apoyó en sus orígenes el Frente Amplio. En efecto, todo el movimiento identitario, de minorías, ha resultado arrasado en este proceso. La Coordinadora 8M es hoy actualmente un fantasma -y en el mejor de los casos un apéndice del Gabinete ministerial-, enteramente incapaz de convocar como lo hiciese hasta el levantamiento. El movimiento LGTB, ambientalistas, animalistas, etc., perviven en las redes sociales sin ninguna presencia de base.

A corto plazo, esto beneficia la capacidad de maniobra del Gobierno. Sin embargo, a un mediano y largo plazo, este fenómeno es garantía de crisis. La catástrofe capitalista se extiende en el tejido social como resultado de la incapacidad de las masas de articular una línea de resistencia. Así, mientras la movilización popular y la resistencia a las políticas antiobreras han remitido en la coyuntura, Boric puede seguir encabezando esta ofensiva. Sin embargo, la agudización de la crisis económica capitalista internacional que evidencia rasgos recesivos y depresivos, sumado a la urgente necesidad del capital imperialista de profundizar el saqueo a su entorno semicolonial, condicionan la proyección del proceso político que se vive en el país.

Boric no alcanza a estar diez meses en el Gobierno. Durante este corto período derrumbó el proyecto de transición cimentado en una Constitución surgida de un órgano democrático, plurinacional, paritario, expresivo de la política de identidades en que se fundó su proyecto. Con notable habilidad, el Gobierno ha podido reformularse como un Gobierno de centroderecha y no solo ha logrado pisotear su escuálido programa, sino que ha logrado aplacar toda forma de resistencia a este viraje brutal.

El agotamiento político de las capas medias puede observarse en el penoso viraje hacia el golpismo militar de uno de los principales intelectuales de este proyecto, Gabriel Salazar. Hace un par de días, este «historiador» proclamó que está en manos del Ejército la resolución de la crisis política, atento a que el proceso constituyente devino en una farsa parlamentaria vulneradora de la voluntad popular. Para este guaripola de las salidas electorales, de las asambleas constituyentes, del ciudadanismo transversal, de la soberanía popular y otras lindezas por el estilo, frente a cualquier problema político, ahora lo que corresponde es una intervención militar. Increíble, vergonzoso. Este pequeño personaje confirma que para la intelectualidad y las capas medias la crisis se resuelve de cualquier manera institucional, inclusive con un golpe de Estado, pero jamás mediante una revolución social.

Este feroz año 2022 ha terminado por sacudirlo todo. Este año la burguesía ha retomado las riendas del régimen y ha logrado circunstancialmente arrinconar a la vanguardia activista. Este año el régimen ha logrado estabilizarse, haciendo remitir los síntomas que se hicieron manifiestos durante el levantamiento popular de 2019. Sin embargo, igualmente se ha dado inicio a un proceso muy profundo de ruptura de las masas con sus direcciones tradicionales. El propio triunfo del Rechazo el 4 de septiembre es la manifestación superficial —en un plano electoral— del descreimiento en las capas más explotadas de la clase trabajadora y del campesinado. Esta ruptura debe ser visualizada como un dolor de parto de una nueva dirección política de los trabajadores.

Hoy día importantes sectores del activismo han resentido estos diez meses como un retroceso

Es explicable y comprensible, pero lo único que se ha difuminado y ha retrocedido, es la confianza y las expectativas en el reformismo y en la democracia burguesa. Este momento ha de servir de base para el reagrupamiento de la vanguardia en torno a una perspectiva revolucionaria y antiimperialista. La reivindicación de un Gobierno de los Trabajadores, de la ruptura institucional, de la expropiación del gran capital, del armamento del pueblo, son los pilares políticos en torno a los cuales ha de estructurarse esa nueva dirección, ese nuevo partido de las masas en lucha.

Es imprescindible —por lo mismo— poner de relieve que a escala mundial el capitalismo es incapaz de dar respuesta a la crisis social que lacera a la sociedad burguesa en su conjunto. Hay que acabar con el orden capitalista, hay que organizar a la clase trabajadora y proyectar su lucha por el poder, por el gobierno del conjunto de la sociedad. Tal revolución solo podrá expresarse insurreccionalmente y aquello supone plantear —blanco sobre negro— que si no se impone en esta crisis la revolución socialista, la humanidad será conducida hacia la barbarie de la guerra, la miseria y las dictaduras.

Es imprescindible -y en concreto-, rechazar el Acuerdo por Chile, que pretende organizar la sociedad y preservar el régimen con una farsa constituyente. Con claridad rechazamos la cocina institucional y cualquier texto parido de este proceso espurio. A este proceso se ha sometido el Partido Comunista, el Frente Amplio y la totalidad de las organizaciones del régimen, en un frente único en contra de la mayoría trabajadora. Ya han anunciado que aceptan los bordes, los expertos y el proceso de generación de nuevos convencionales. Nos vuelven a decir que de esta forma acabaremos con la Constitución de Pinochet y que así se avanza. Todo esto no deja de ser una irritante monserga de colaboración de clases.

Con la Constitución de Pinochet, con la de Lagos o con la de Boric, lo único que se hace es preservar los intereses del gran capital. Ninguna contribución supone la farsa constituyente para los intereses de la mayoría explotada. La única Constitución por la que podemos pelear es aquella que surja de la toma del poder de los trabajadores, que acabe con el orden capitalista y abra las puertas de la revolución social.

Por Gustavo Burgos

Director de la revista «El Porteño» y conductor del programa «Mate al Rey».

Fotografía de portada