La ciudadanía no puede seguir solventando el negocio de las Isapres

Por José Luis Espinoza, Enfermero, magíster en Salud Pública y presidente de FENASENF (*)

La Organización Internacional del Trabajo define a la Seguridad Social como «la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos de las personas y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos»

¿Por qué es importante este antecedente? Porque a partir de esta definición es posible identificar que el sistema de salud es una rama de la seguridad social.

En su origen, las Isapres se crearon como empresas de seguros de salud con fines de lucro en un contexto de economía competitiva de mercado, que no sólo ofrecían planes de seguro sino también contaban con redes de prestadores privados propias.

A mediados de los ‘90 alcanzaron a cubrir casi el 25% de la población del país. Con el tiempo, las características del mercado forzaron algunas modificaciones y regulaciones.

La cobertura de cotizantes en las Isapres es mayor en poblaciones de hombres jóvenes, con mayores ingresos y más sanos, mientras que Fonasa tiene mayor proporción de mujeres, grupos de mayor edad, menos ingresos y más enfermos.

Así, este modelo privado se ha traducido en prestaciones de salud como consultas, exámenes y hospitalizaciones, dejando afuera el rol de un sistema de salud con principios de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Las Isapres cobran una prima por acceder a un plan individual, con un valor en relación al riesgo de cada persona, el cual la institución no asume, sino que cada usuario/a lo paga. Por eso es discutible considerarlas como parte de la seguridad social, ya que más que fijar el interés en objetivos sanitarios, de salud pública y en las necesidades de las personas, lo hace en las utilidades que pueden lograr a través de las atenciones de salud.

Esa es su gran desventaja, ya que son parte del mercado con una lógica económica y no sanitaria, y mientras esto no cambie no podemos considerarla seguridad social. No cumplen con los criterios más básicos de aquel concepto, que es la protección de las personas cuando pierden su capacidad de trabajo y de ganancia.

Es tan simple y evidente como que una persona que no tiene dinero para pagar un plan de isapre, no puede ser afiliado/a a esta modalidad, lo cual la hace altamente discriminatoria y de solidaridad nula.

Esto cambió tras la sentencia de la Corte Suprema que frenó las alzas en los costos de los planes unilateralmente, a la vez que les exige la devolución retroactiva de los dineros cobrados indebidamente bajo esta modalidad, lo cual restringe la capacidad de ganancia de estas entidades.

Tal dictamen es lo que encendió la alerta sobre un posible e inminente colapso del sistema privado. Entonces, ¿qué pasará con los afiliados al sistema privado de salud?

Por un lado, se pide un salvavidas a las Isapres (como empresas) y por otro, sus afiliados solicitan que se les mantengan las condiciones de seguro pactadas en su contrato. Aquí se encuentra la gran disyuntiva

¿Se salva a un sistema que ha sido tremendamente perverso, que mantiene atenciones de salud con costos arbitrarios, con planes de un altísimo valor y utilidades incalculables?

¿O se fija el interés en esos usuarios, cerca de 3 millones de afiliados, que quedarán a la deriva si estos conglomerados llegan a declarar la quiebra?

Es un problema de difícil solución. Lo que realmente necesita Chile y cada uno/a de sus habitantes, es avanzar hacia un sistema universal, solidario y equitativo de salud, donde no se castigue por la carga de enfermedades a cuestas, por edad o por género. Mucho menos por no tener los recursos económicos para pagar la salud que se requiere.

¿Cómo lo hacemos entonces? Debemos volver a la raíz de la seguridad social: todos debemos aportar a un fondo único y solidario, que financie las instituciones de salud, con una distribución equitativa y según las necesidades de las personas, donde habría cabida a los prestadores privados como clínicas y centros médicos.    

En el debate actual a nivel de autoridades y privados, una de las posibilidades de solución que ha tenido mayor aceptación es el llamado Fondo E de FONASA, que permitiría salvaguardar las prestaciones contratadas por los afiliados a alguna Isapre, manteniendo su pago y las prestaciones acordadas. Sería un programa cerrado solo para los cotizantes de estas instituciones, quienes serían transferidos. Sin embargo, aún no hay humo blanco.

La opción factible y real en este momento para los cotizantes de Isapres es cambiarse voluntariamente a Fonasa, donde existe la modalidad libre elección hacia el sistema privado, en caso de requerir una consulta, un examen u otra atención. Incluso, la persona que lo requiera puede mejorar las prestaciones con un seguro complementario de salud según las necesidades de cada afiliado.

La encrucijada está instalada sin posibles soluciones inmediatas: ¿Cuál es el sistema que me protege cuando pierdo la salud y la capacidad económica? Por ahora no hay más que estar atento/as a las novedades al respecto. Y frente a eso, es urgente que autoridades y privados lleguen a un acuerdo AHORA.

Seguir jugando con la salud y el bolsillo de la ciudadanía no resiste más.

(*) FENASENF, Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile

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