Este 12 de agosto se cumplió un nuevo aniversario del asesinato por la espalda de Jaime Facundo Mendoza Collio, joven mapuche de 24 años, comunero y padre de familia, ejecutado el año 2009 por Patricio Jara Muñoz, miembro del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, durante un proceso de recuperación de tierras en la zona de Ercilla.
En un principio, sectores de la institucionalidad policial señalaron a los medios que el uniformado había actuado en legítima defensa, sin embargo, el examen forense a los restos del comunero mapuche evidenció que no existía rastro alguno de haber ocupado arma de fuego y que recibió un disparo por la espalda, luego de una persecución.
Los exámenes forenses también dieron cuenta que el casco policial que mostraba perdigones incrustados, y que probaba la tesis de la legítima defensa, habría estado vacío cuando fue impactado, confirmando la idea de un montaje para proteger a los implicados en la muerte del comunero. Finalmente, el cabo tuvo una pena de tres años remitidos.
En agosto del 2013, medios mapuche publicaban lo siguiente: “La Corte Suprema anuló la sentencia de la Corte Marcial que absolvió al cabo Miguel Patricio Jara Muñoz por el asesinato del weichafe Jaime Mendoza Collío, y lo condenó a 3 años de presidio menor en su grado medio pero con la remisión condicional de la pena, lo que en la práctica significa el cumplimiento de esta pena en plena y total libertad. Además, se le aplicarán las penas accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y pérdida del estado militar”, quedando así en libertad, bajo firmas mensuales.
La organización de comunidades Bajo Malleko Mapu escribía años después algunas crónicas respecto al asesinato de este joven mapuche y hechos posteriores en el marco de las investigaciones, que se reproducen a continuación:
Jaime Facundo, hijo de José Mendoza y Rosa Collío, creció entre los frondosos parajes de la comunidad “Requem Pillán”, ubicada 20 kilómetros al sur de Collipulli en los faldeos del cerro Chiguayhue, un cordón de montañas, que hoy está plantado con pinos y eucaliptus de propiedad de las empresas forestales Mininco y Bosques Arauco. Día a día familias mapuche chocan con letreros que indican “propiedad privada”, de empresas o latifundistas que acaparan la mayoría de los terrenos de esa zona.
El 12 de agosto del 2009, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, la comunidad mapuche “Requem Pillán”, ingresó pacíficamente al predio del fundo San Sebastián como parte de su lucha reivindicativa de recuperación territorial productivo.
Sergio González Jarpa, quien controla ese gran espacio de terreno mapuche, del fundo San Sebastián, en La Araucanía, solicitó la intervención policial donde fuerzas represoras de Carabineros procedieron a desalojar violentamente disparando lacrimógenas, balines y perdigones en contra de familias completas. En la acción muchos resultan heridos y fueron detenidos. Otros son perseguidos por varios kilómetros bajo constantes disparos, al interior de las mismas comunidades mapuche.
Antes de llegar a un canal que divide dos predios, el cabo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, Miguel Jara Muñoz, dispara por la espalda a Jaime Mendoza Collío, causándole la muerte. Precisamente, el mismo sector donde en 2002 fue asesinado el joven mapuche de 17 años Alex Lemun, también abatido con armamento de fuego por parte de Carabineros de Chile.
Un testigo que acompañaba a en ese momento a Mendoza Collio, quien también temía ser asesinado por la policía, porque era el único testigo y era buscado imperiosamente por Carabineros, en una reunión privada, con el Consejo de Werkenes de diferentes Lof del sector, relata los últimos momentos del joven Mapuche: ‘Detrás de nosotros Carabineros venía disparando, siguiéndonos, luego me tiré a un canal, anduve unos 30 metros por el canal intentando salir por entre las zarzas, unos 5 minutos después, me di cuenta que Carabineros lo tenía al otro lado del canal. Jaime cayó producto de un disparo, lo patearon en el suelo. Estuve escondido como una hora y media en el agua. Lo tuvieron esposado boca abajo por más de una hora, sin recibir atención médica. Lo dejaron que se muriera. Se quedaron tres uniformados con él y el resto siguió corriendo al bosque a la siga de los otros peñi’.
Posteriormente, añadió que ‘luego del salir del canal y de contactarme con los dueños de una casa que estaba en las cercanías, supe que Mendoza Collio había muerto’.
Esa es parte del relato del único testigo presencial de la muerte de Jaime Mendoza Collío, quien pidió la protección de su identidad y dio su testimonio al fiscal militar, Rodrigo Lara.
Durante el 2010 la justicia militar confirmaría la tesis del montaje a través del peritaje correspondiente.
Según el texto del fallo, “el Cabo 1° se adelantó a los demás y persiguió a unos sujetos que al decir de los funcionarios les habrían disparado con armas de fuego, persecución que se llevó a efecto hasta las cercanías de un canal, donde conforme lo señala el funcionario policial persecutor fue atacado con una escopeta de perdigones, lo que lo motivó a efectuar disparos al aire de intimidación y advertencia con la pistola fiscal marca Jericho calibre 9 mm. serie 97304417, para luego y al ser objeto de un nuevo ataque de las mismas características, realizar un quinto y último disparo en contra de uno de sus presuntos atacantes, el que se hallaba a una distancia aproximada de 30 metros, el cual le impacta en la región torácica, cara posterior del hemitórax derecho -espalda-, saliendo el proyectil por el hemitórax anterior izquierdo -región precordial-, causando su deceso a raíz de dicha lesión por arma de fuego”.
El documento agrega que “en tales condiciones no es posible sostener que el acusado, integrante del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros cuya especialidad es de tirador escogido, haya estado enfrentado a una situación que efectivamente puso en riesgo actual o inminente su vida o integridad, la de alguno de sus acompañantes o de un tercero extraño. Por otro lado, no está demás recordar que, como consta de fojas 1552, el presunto delito de homicidio frustrado a carabinero en ejercicio de funciones del que habría sido víctima el acusado Jara Muñoz fue sobreseído, por cuanto no se logró establecer el origen de los impactos de perdigones en su casco, visor y chaleco antibalas”.
La justicia militar había determinado al principio 5 años y un día de cárcel contra Jara Muñoz, pero finalmente lo absolvió de todos los cargos, y declaró que el uniformado había actuado en legítima defensa. Por esto, el abogado Lorenzo Morales, quien ha representado a la familia de Mendoza Collío, pidió la revocación de esta sentencia a la Suprema, por considerar absurda la tesis del carabinero en cuanto que actuó en legítima defensa, pues nunca se comprobó que la víctima haya estado armada o que se haya disparado.
“Ese día ingresamos al predio de forma pacífica, no hicimos ningún destrozo, tampoco atacamos a Carabineros, simplemente estuvimos ahí. Pensábamos dialogar con el dueño del fundo y en eso llegaron disparando, sin decirnos nada, sin saber si tenían una orden de desalojo o no. Llegaron totalmente violentos en contra de nosotros, nos disparaban como si fuéramos conejos. Habían familias completas, niños, mujeres y ni siquiera eso tomaron en cuenta. Eran como cinco furgones, una micro de pacos, deben haber sido más de cien carabineros. Nosotros íbamos pacíficamente a conversar. Mi gente iba huyendo, arrancando y ellos los siguieron hasta matar a nuestro hermano”, relató el dirigente de Requem Pillán, Juan Curipan Collío.
El revuelo fue enorme. Según las primeras versiones policiales el joven mapuche habría resultado herido después de un enfrentamiento a escopetas con Carabineros. El funcionario del GOPE, Miguel Patricio Jara Muñoz, que había sido designado a la zona hace poco tiempo para reforzar a las unidades a cargo del “conflicto mapuche”, fue sindicado como el responsable del crimen. Sin embargo, las declaraciones de las autoridades y del mismo subsecretario del Interior Patricio Rosende hablaban de un acto de legítima defensa.
Los peritajes del Servicio Médico Legal descartan estas versiones, pues indican claramente que Jaime Mendoza Collío recibió un disparo por la espalda, presumiblemente, mientras intentaba huir. Además, los mapuche presentes ese día manifestaron a la prensa que el enfrentamiento había sido injusto ya que ellos sólo contaban con piedras y palos, mientras que la policía había utilizado armas de fuego.
El funcionario de Carabineros fue puesto en prisión preventiva y el fiscal militar de Malleco Rodrigo Vera le negó la libertad por haber hecho uso de “violencia innecesaria con resultado de muerte” en este caso. Su defensa apeló a la Corte Marcial con el objetivo de que se realicen peritajes a cargo de la misma institución y no de la PDI. Luego de la presentación en la Corte, el caso será retomado por el fiscal militar de Angol, quien deberá dictar las últimas diligencias y formular su acusación en contra del suboficial de Carabineros.
El joven Weichafe (guerrero en mapudungun) fue velado durante cuatro días, tal como lo estipulan los ceremoniales Mapuche, y su funeral fue uno de los más solemnes y masivos que se hayan dado desde que explotara esta nueva versión del “apaciguamiento de la Araucanía”. Cientos de representantes de todas las comunidades mapuche del territorio emprendieron ese 16 de agosto una peregrinación hacia Requem Pillán, el mismo lugar que había visto nacer y crecer a Jaime Mendoza Collío.
“La muerte de Jaime hará revivir la consciencia del Mapuche, a muchos jóvenes que queremos luchar de verdad por nuestras tierras. Nos contaba la familia que hace un par de días él había dicho que no solo quería luchar por la tierra, sino que convertirse en dirigente de la comunidad para seguir sacándola adelante de la situación de pobreza en que se encuentra. Ese es el mensaje que tenemos que llevarnos cada uno de nosotros de este lugar. Repudiamos la actitud criminal del Estado con los Mapuche. Mientras haya un Mapuche de pie en el Wallmapu seguiremos reivindicando este derecho”, pronunció ese día en el funeral el Werkén Rodrigo Curipan.
Ese agosto de 2009, Iván Bezmalinovic era prefecto de Malleco y apoyó la versión policial que Jaime Mendoza Collio había disparado en contra del funcionario. Por ello, la Fiscalía Militar de Angol notificó a Bezmalinovic de su proceso por obstrucción a la investigación, en el marco de una denuncia efectuada en noviembre de 2014 por la familia de Jaime Mendoza Collío.
El abogado de la familia, Lorenzo Morales, precisó que después de una larga tramitación, la justicia militar decidió someter proceso al general Bezmalinovic, pero “no por todos los ilícitos que le habíamos imputado en la acusación, como autor intelectual del crimen del comunero, además de ocultación de pruebas y falso testimonio, sino sólo por obstrucción a la investigación”, explicó Morales.
Cobardía es perseguir con armamento y disparar por la espalda, alterar los hechos e intentar victimizarse. Cobardía es asesinar a un Mapuche indefenso, padre de familia, por el solo hecho de demandar sus derechos frente a la usurpación del territorio por parte del Estado y sectores coloniales. Una vez más, cobarde es un miembro del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE, de Carabineros, en este caso, Patricio Jara Muñoz, asesino de Mendoza Collio.
Los medios de comunicación oficiales financiados por empresarios, han realizado campañas y montajes para criminalizar y estigmatizar las movilizaciones de Comunidades Mapuche, manipulando las informaciones, protegiendo la institucionalidad, a sectores políticos y grupos económicos, promoviendo así violaciones a los derechos humanos.
Recordamos también a Víctor Mendoza Collio, familiar de Jaime, que fue asesinado en la puerta de su casa amparado en la oscuridad, al lado de su familia; Rodrigo Melinao, que fue asesinado también bajo anonimato y que se suman al asesinato de Alex Lemun asesinado por el oficial Marco Treurer; Matías Catrileo, asesinado por el Gope Walter Ramírez; y Juan Colihuin, también asesinado por Carabinero, entre otros.
Por Alfredo Seguel
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