La destitución de Isabel Allende remece al Congreso: Contratos con el Estado ponen en jaque a otros parlamentarios

La decisión del Tribunal Constitucional de remover a la senadora Isabel Allende (PS) por firmar un contrato con el Estado para vender la casa del expresidente Salvador Allende por $933 millones, ha generado un terremoto político. El precedente que deja este fallo pone bajo la lupa otros casos de parlamentarios con vínculos contractuales con organismos públicos, y ha obligado a legisladores de todos los sectores a revisar con lupa sus relaciones comerciales.

Durante una entrevista en el programa Mesa Central de Canal 13, el diputado Gonzalo Winter comentó haber leído un reportaje —que en realidad fue publicado por La Tercera y no The Clinic, como dijo— que expone a parlamentarios que han celebrado contratos con el fisco. El comentario, aunque impreciso, encendió las alarmas en el Tribunal Constitucional.

Por ahora, la sentencia que oficializa la destitución de Allende no ha sido publicada. Solo se conoce un acuerdo interno filtrado a la prensa. Sin embargo, esta decisión ya plantea un cambio de paradigma: los jueces del TC podrían enfrentarse a una ola de requerimientos de destitución similares.

El medio The Clinic revisó estas bases de datos públicas y se identificaron múltiples casos en los que diputados y senadores han mantenido contratos directos con el Estado o con entidades fiscales, o lo han hecho a través de sociedades donde tienen participación.

La Constitución es clara en su artículo 60: los parlamentarios que, durante el ejercicio del cargo, celebren o garanticen contratos con el Estado deben cesar en sus funciones. No obstante, hasta ahora, esta disposición había sido prácticamente letra muerta. También lo ha sido el artículo 57, que impide postular al Congreso a personas naturales con contratos vigentes con el Estado, o a quienes sean administradores de sociedades que los tengan.

Aún con limitaciones en la transparencia —no todas las sociedades de los parlamentarios están declaradas, y los sitios oficiales no publican todos los contratos—, se logró identificar varios casos que podrían complicarse judicialmente.

Contratos en revisión: nombres y sociedades bajo la lupa

Uno de los casos más sensibles es el del senador Juan Castro Prieto (PSC), quien ha estado vinculado a una red de sociedades familiares, entre ellas la Constructora Indemma. Esta empresa, según comprobó el medio antes mencionado, ha recibido más de $3.000 millones desde organismos públicos, muchos de ellos mientras Castro ya era senador.

Otro caso es el del senador Fidel Espinoza (PS), quien figuró como socio de la empresa Difusora Fresia Limitada hasta 2018. Aunque afirma haber salido de la sociedad en 2005, por un error en el Registro de Comercio su retiro no fue oficializado sino hasta 13 años después. Durante ese periodo, la empresa recibió pagos por más de $14 millones de municipios de la Región de Los Lagos.

Lo mismo ocurre con el diputado y aspirante presidencial Jaime Mulet (FRVS), quien estuvo vinculado a Rodríguez y Compañía Limitada, firma que mantuvo contratos con municipalidades en la Región de Atacama. Aunque vendió su participación poco antes de asumir como diputado, su esposa Flavia Torrealba —actual presidenta de su partido— quedó como controladora.

Según expertos constitucionalistas, la prohibición de mantener contratos con el Estado podría extenderse a familiares si se comprueba que actúan como representantes del parlamentario. Esta interpretación, sin embargo, está recién empezando a discutirse tras la resolución del TC.

También está el caso de la diputada Ximena Ossandón (RN), socia de Cumplo Chile S.A., empresa que ha recibido más de $28 mil millones del Estado a través de mecanismos de financiamiento público. Aunque su participación es del 1,14% y se declara como inversionista pasiva, además aparece como socia en otra empresa —Asesorías Paul y Cía.— que firmó directamente un contrato con el Sistema de Empresas Públicas (SEP) por casi $9 millones, cuando ella ya era diputada.

Por su parte, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) arrendó una propiedad a la Junji desde 2015 hasta 2020, contrato que permaneció vigente mientras él ya ejercía como diputado. Por ese arriendo, recibió cerca de $147 millones junto a su socio. A pesar de que el contrato fue firmado antes de asumir, se mantuvo activo durante parte de su mandato parlamentario.

El fallo que podría cambiarlo todo

La incertidumbre reina mientras no se publique la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional en el caso Allende. Algunos de sus ministros temen que, al no haberse hecho público el fallo, los votos aún puedan revertirse, generando un giro inesperado. Sin embargo, si se mantiene, el precedente marcaría una nueva vara para medir la probidad parlamentaria.

Constitucionalistas coinciden en que será esa sentencia la que establezca el verdadero alcance de la norma: si incluye o no a sociedades familiares, si abarca relaciones indirectas a través de cascadas societarias, y si se aplicará con un criterio más estricto o se mantendrá el enfoque restrictivo tradicional.

Mientras tanto, en los pasillos del Congreso ya se habla de revisar todos los vínculos contractuales con el Estado, desde los más evidentes hasta los más enrevesados. La política chilena podría estar entrando en una nueva era de escrutinio legal.