Una grave situación económica atraviesan dos de las principales empresas operadoras del Transantiago, Alsacia y Subus. Las falencias del sistema, que ha recibido más de once mil millones de dólares por parte del Estado en los nueve años de operación del servicio, siguen evidenciándose no sólo en el descontento de los usuarios y trabajadores, sino que haciendo imposible su sustentabilidad financiera en el tiempo.
La crisis de las concesionarias mantiene en vilo a los trabajadores, que ven con incertidumbre la resolución de su futuro laboral. La situación es más compleja si se consideran las últimas declaraciones del ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, quien recalcó que no habrá «salvataje económico» para las empresas esta vez, aunque el servicio será resguardado para se mantenga funcionando con normalidad.
En opinión de Rodolfo Cid, representante del Sindicato de Trabajadores de Alsacia, «esto ocurre derechamente por la nula capacidad y poca voluntad del Ministro del Transporte en ponerse las pilas y solucionar esta situación. La quiebra es evidente, el Ministro es incapaz de retener esto y pone a los trabajadores de por medio porque somos los primeros que vamos a sufrir las consecuencias de lo que está pasando».
En el caso de Alsacia, este miércoles venció la cuarta de 10 cuotas (de 9 millones 350 mil dólares) que la concesionaria debe pagar a acreedores estadounidenses. Durante el 2014, se acogieron a la ley de quiebras para repactar una millonaria deuda, pero esta vez no hay dinero para cancelar, por lo que no será pagada.
«Los trabajadores vamos a perder remuneraciones y derechos que hemos ganado legítimamente con nuestro esfuerzo», recalca Cid, por lo que llamarán a movilizaciones y a paralización para el próximo 28 de junio. «Vamos a movilizarnos porque acá se pone en peligro la estabilidad laboral de los trabajadores», agregó.
Aunque con una deuda menor a la de Alsacia -340 millones de dólares-, la operadora Subus que adeuda cerca de 189 millones de dólares- también se acogió a la ley de quiebras e inició su mediación, despertando nuevas inquietudes entre sus empleados y los usuarios. Ambas operadoras representan el 41% del servicio total de Transantiago y las licitaciones recién terminan en 2018.
Trabajadores piden comisión investigadora
En opinión de los trabajadores, el Gobierno no puede desentenderse de la crisis económica que viven las empresas de Transantiago, sobre todo considerando las altas sumas de inyección de recursos financieros que el propio Estado ha suministrado desde la modernización del servicio.
Al respecto, el dirigente sindical Rodolfo Cid recalcó que le han pedido anteriormente a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados que inicie una investigación para saber dónde han ido a parar dichos recursos de todos los chilenos.
«No es plata del gobierno solamente, son nuestros impuestos. Hay millones de dolares que no han sido capaces de sostener a una empresa y yo creo que debería ser suficiente, es mucha plata», recalcó. Además, llamó a los usuarios a solidarizar con las eventuales movilizaciones: «Tienen que entender que todo lo que hagamos por defender nuestros derechos y mejorar este sistema les va a repercutir a ellos».
El caso de Subus no es muy diferente: luego de acogerse a la ley de quiebras, la empresa enfrenta un período crítico de 30 días para entregar una nueva propuesta a sus acreedores y, en caso de no ser acogida, se nombrará un liquidador que pondrá fin a la operadora. Para los trabajadores, la peor amenaza es que, además de perder su fuente laboral, los finiquitos no sean cancelados.
«Nosotros queremos saber quién va a ser nuestro empleador en 30 días más. No han sabido responder en qué condiciones laborales deberían quedar los trabajadores, además de que al momento de liquidar las organizaciones sindicales se mueren automáticamente», cuenta el dirigente sindical de Subus, Boris Guerrero.
Otra vez en crisis
El problema de fondo no es nuevo y vuelve a evidenciar las falencias del sistema de transporte público reformado por el ex presidente Ricardo Lagos. Según los especialistas, además del alto porcentaje de evasión, las multas que reciben las operadoras por las falencias en la frecuencia del servicio han empeorado la situación económica.
«¿Los accionistas están retirando plata o se la están llevando afuera? ¿Hay una mala administración de la empresa? No sabemos. Nosotros vemos que nuevamente los trabajadores somos las víctimas de esta mala gestión y malos acuerdos entre la empresa Subus y las autoridades de gobierno. Y evidentemente los usuarios también pagarán un costo«, recalca Guerrero.
Se estima que las operadoras suman descuentos y multas cercanos a los 194 mil millones de pesos entre 2007 y febrero de 2016 por fallas en la regularidad y frecuencia del servicio. La herramienta fue introducida en 2012 por el Estado para generar mejoras considerables el transporte público, aunque no ha tenido los efectos esperados y el Transantiago nuevamente parece sumirse en una crisis insalvable.
Las autoridades, por su parte, anunciaron que tomarán distancia del conflicto a menos que la crisis impacte a los usuarios, algo que parece sólo cuestión de tiempo considerando la incertidumbre de que enfrentan por estos días los principales operadores del servicio: los trabajadores.
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