Hace semanas que el pueblo chileno ha vuelto a las calles, en un nuevo estallido social que ha tenido como objetivo principal la exigencia de renuncia al presidente de la nación, Sebastián Piñera y la libertad de los presos políticos de noviembre de 2019 a la fecha.
Las marchas han estado cada vez más cerca de La Moneda e incluso en la jornada del día jueves 10 de diciembre Piñera tuvo que ser evacuado del Palacio debido a que los gases químicos desprendidos por los carros antidisturbios de Carabineros llegaron al despacho presidencial.
La destitución del controvertido y oscuro general Rozas de la institución policial, no ha sido suficiente para corregir las acciones homicidas de sus agentes.
En las protestas de octubre de 2019, un reportaje de Ciper Chile reveló a través de un Informe de Transparencia de Carabineros, la violenta represión con la que efectivos policiales actuaron contra los manifestantes en las primeras dos semanas del estallido social: 104 mil veces dispararon las escopetas antidisturbios, generando una serie de asesinatos y mutilación en la población civil. En noviembre de ese mismo año, dispararon más de 43.000 veces sus escopetas, dejando dos graves e icónicos mutilados en sus dos ojos como fue el caso de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay.
A comienzos de enero de 2020, el Colegio Médico informó que se registraban al menos 360 personas que habían sufrido graves heridas oculares como consecuencia de la utilización ilegal de estas armas (principalmente perdigones de goma, pero también por cartuchos de bombas lacrimógenas).
La situación actual no ha sido muy diferente. En plena pandemia, el gobierno de Piñera, pese a las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos, desembolsó más de 15 millones de dólares en la compra y reparación de vehículos blindados antidisturbios.
En lo que va de 2020, recientemente, y tras la activación de algunas manifestaciones en Santiago, se registraron nuevos episodios de violencia policial, como el del caso de un joven de 16 años lanzado desde el Puente Pío Nono por uno de los efectivos, quien fue imputado por homicidio frustrado.
Sin embargo, este patrón histórico de atentados contra la vida de la sociedad chilena es producto de la impunidad de esta misma institución durante la dictadura de Pinochet y sobre la cual han hecho escuela.
En los últimos viernes de diciembre se han vuelto a ver con aún más brutalidad escenas de criminal uso de la fuerza, como fue el caso de un fotógrafo que al momento de ser detenido fue arrastrado por el piso y subido salvajemente al retén.
Así mismo, en protestas que intentaban avanzar hasta La Moneda, un manifestante fue mutilado en sus ojos, perdiendo uno de ellos según confirmación de los familiares.
A esta seguidilla de atentados, se ha sumado la guerra química de Carabineros, que ha consistido en el uso de agua con fuertes químicos que ya han quemado a decenas de personas que han sido atendidas por las brigadas de rescatistas que asisten a las manifestaciones.
El uso de este material, que viola los derechos humanos, es la actual herramienta usada por el Gobierno contra la disidencia política y es responsabilidad del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el nuevo director de la policía uniformada, el general Ricardo Yáñez.
Recientemente la Comisión Chilena de Derechos Humanos denunció ante la Contraloría General de la República el uso ilegal de químicos por Carabineros, y la Corte de Apelaciones de Santiago pidió a Carabineros informar sobre los químicos que usan los carros lanza agua.
La foto del vehículo numero 44 sacado de circulación por la fiscalía el día 10 de enero de este año al ser avistado lanzando un liquido de color amarillo y de fuerte olor a lacrimógena en inmediaciones de Plaza Dignidad.
Más información: Informe Amnistía Internacional
Por D. Alcaino
Publicado originalmente el 12 de diciembre de 2020 en ANRed.
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