La impunidad en el Ñuble: Critican uso del Tribunal Constitucional por parte de violadores de DDHH

“Esto es seguir en la impunidad”, dice Patricia Parra, abogada de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillán (AFDD), organización que ha iniciado un periplo para poner fin a la impunidad en su provincia y en el país, y presionar para que los tribunales hagan efectivamente justicia.

Esto porque desde hace un par de años que, para alargar los juicios, los violadores de derechos humanos han comenzado a usar al Tribunal Constitucional (TC)  con el objetivo -dice Parra- “de seguir amparándose en la impunidad”.

Por esta razón, la AFDD sostuvo una reunión el pasado lunes 26 de marzo con Iván Aróstica Maldonado, presidente del Tribunal Constitucional, donde le plantearon la necesidad de que no se sigan aplazando las causas y que los victimarios dejen de “hacer tiempo”, ya que los violadores de derechos humanos -acusa la abogada- “prefieren morir, pero no ir a la cárcel”.

La nueva estrategia es poner requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, argumentando que se están vulnerando sus derechos al debido proceso. La jurista explica que los acusado por violaciones a los derechos humanos reclaman, por ejemplo, que se les tomó declaraciones de indagatoria sin estar su abogado presente, algo que ocurriría también con los testigos.

En ese sentido, Parra critica que se hayan admitido estos requerimientos, ya que ni siquiera en el actual proceso penal está permitido. “Los fiscales no le toman declaraciones a los testigos en presencia de los abogados o de los imputados, eso solo ocurre en la etapa del juicio, cuando son orales”, argumenta.

«Es una estrategia para darles tiempo a los violadores para que sigan en la impunidad”, advierte Patricia Parra, por lo que hace un llamado al Tribunal Constitucional a que deje de ser una “trinchera” para que los victimarios alarguen o suspendan las causas de derechos humanos. Así, añade, éstas podrán seguir su curso en los tribunales de Justicia que -expresa- “es donde corresponde resolverlos”.

Esta figura de inconstitucionalidad se incorporó el año 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos y ha dado pie para que sea utilizada en el tema laboral, en las tres causales del aborto y -en el fondo- ha dado pie para que el TC se “convierta en la tercera cámara, porque todos pueden presentar un requerimiento”, critica Parra.

La impunidad del Ñuble

Tanto en términos de justicia como de violaciones a los derechos humanos, el Ñuble es la zona con menos procesados, menos condenas, pero que tiene proporcionalmente la mayor cantidad de víctimas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos entre 1973 y 1976, y donde en el nuevo proceso penal es la que tiene las condenas más altas.

“Es una corte que ha amparado absolutamente la impunidad, de manera descarada”, manifiesta la abogada de la agrupación. De hecho, explica que en la zona vive el –ahora procesado- Rosauro Martínez, oficial del Ejército en retiro, que se fue a “refugiar” a esa zona luego de ser desaforado como diputado de RN, tras ser acusado de asesinar a cuatro miembros del MIR en la dictadura.

Estos requerimientos comenzaron hace unos dos años, en respuesta a ciertos avances que se estaban dando en la zona luego de que en enero de 2017, la Corte Suprema dictara un acta donde reasignó las causas a nivel nacional. Así removió a algunos ministros de ciertos casos y los envió a otras zonas jurisdiccionales. En el caso de la corte de Concepción, que ve las causas de Chillán y Concepción, destaca que “dictó en dos meses los procesamientos que no habían avanzado en años”.

Fue entonces los violadores de derechos humanos comenzaron a entablar requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, que en la práctica paraliza cualquier juicio. Del total de causas que se remitieron y que se tramitaban en la corte de Chillán, cinco están actualmente en el TC, lo que en definitiva -dice la abogada- está creando “toda una zona jurisdiccional paralizada por estos requerimientos, que lo único que hacen es retardar la tramitación a la espera de que los familiares y los testigos mueran, y por lo tanto, mueran también los victimarios”.

Según entienden desde la AFDD, los victimarios prefieren que se les aplique la normativa del actual proceso penal, porque -señala Parra- “ellos juran que si esto fuera por el actual código procesal penal, ninguno de ellos tendría condena, lo cual es irrisorio porque uno de los objetivos de la reforma del año 2000 fue la condena”.

Profundiza en esa idea planteando que el antiguo sistema era más exigente con las pruebas –se requería la prueba legal tazada-, además de tener dos testigos que confirmaran los hechos o circunstancias. En cambio, en el actual, basta con tener “indicios” para que se pueda constituir convicción en el tribunal.

El Tribunal Constitucional tiene causas detenidas desde hace nueve meses, en las cuales -acusa Patricia- “ni siquiera han discutido el fondo”. Algo que se agrava si se considera que una vez que se discuten, tienen un año para resolver.

Al interponer el requerimiento, el TC se debe pronunciar respecto a la admisibilidad, y en estos casos la han declarado de forma inmediata “sin siquiera cuestionarse el tema”, critica la abogada. Además, cuenta que en estos meses “hay quienes se han fugado porque el dictamen de admisibilidad hace que los tribunales no puedan hacer nada”.

Por eso, desde la AFDD de Chillán sostienen que esta maroma en el TC es “la nueva trinchera de la impunidad”. En ese sentido, Parra llama a que el país discuta cuál es el rol del Tribunal, porque -dice- en Chile “los victimarios hoy están amparados por el TC”.