En el marco de la intervención del gobierno por el escándalo de pensiones abultadas y licencias médicas en Gendarmería, el Ministerio de Justicia puso este jueves al mando de la institución a Jaime Rojas Flores, geógrafo vinculado al PPD que asumió en 2014 como jefe de la División de Investigaciones de la cartera de Interior.
Rojas deberá tomar control de un servicio penitenciario en crisis, que junto a los cuestionamientos que enfrenta el Servicio Nacional de Menores ante el fallecimiento de más de cien niños bajo su cuidado, amenaza con volver pedregoso el futuro político de la titular de Justicia, Javiera Blanco.
Mientras se intenta dar solución al problema por la vía administrativa y parlamentaria, la querella judicial que presentó el abogado Roberto Ávila por un supuesto fraude al Fisco en atención a la millonaria jubilación de la esposa del diputado Osvaldo Andrade, presidente de la Cámara Baja, y de un largo listado de funcionarios en retiro de Gendarmería, comienza a dar sus primeros pasos.
En este escenario, las organizaciones gremiales observan con escepticismo y alta mirada crítica los cursos de acción que ha tomado el Ejecutivo, denunciando la lentitud que ha habido para reaccionar ante las denuncias de anomalías internas y las demandas del personal.
Cobra relevancia, por ejemplo, que una de las pensiones elevadas artificialmente y anuladas por la Contraloría General de la República fue la de Patricio Campos, actual asesor estrella de la ministra Blanco, la cual intervino a favor de éste cuando la olla de presión de los «jubilazos» todavía no explotaba en la opinión pública.
En relación al nuevo director del servicio carcelario, un informe de Contraloría por el cual se rechazó un artilugio destinado a elevar indebidamente el dinero que éste percibía como funcionario público en 2009, podría aumentar las desconfianzas sobre el criterio que está usando el Ministerio de Justicia para contener la tormenta y elegir a sus agentes de cambio.
El Ciudadano revisó el Informe Final 23/2009 que analizó los manejos financieros y administrativos de la Policía de Investigaciones de Chile, detectando numerosos vicios, como la nula declaración de patrimonio e intereses de altos funcionarios, entre ellos el propio director general de la policía civil de la época, Marcos Vásquez Meza.
La Contraloría estudió diversos contratos a honorarios a suma alzada para labores que se habían transformado en permanentes y habituales en la institución, objetando casi 20 casos porque contravenían la norma legal. Por otra parte, observó una incompatibilidad horaria en la situación de tres personas que, de forma paralela al trabajo que supuestamente hacían para la PDI, ejercían funciones en otros organismos de la administración pública.
El PPD Jaime Rojas fue uno de ellos: pese a tener un horario asignado por la PDI los días miércoles de 12:00 horas a 13:00 horas, y los viernes de 8:00 a 9:30 horas, cumplía jornada completa en el Ministerio del Interior, lo que obviamente hacía imposible que trabajara en ambos lugares al mismo tiempo.
El órgano contralor subrayó además que Rojas, en Interior, percibía una asignación por funciones críticas del 90%, con dedicación exclusiva.
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