Este 15 de septiembre marcó un antes y un después para los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Por primera vez en más de 40 años decidieron paralizar sus actividades en busca de mejores previsiones y una nueva ley orgánica, bloqueando el despegue de aviones comerciales en todo el país.
Desde temprano, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, ponía paños fríos a las exigencias de los trabajadores aeronáuticos: decía que la huelga era «ilegal» y afectaría gratuitamente el turismo nacional. En respuesta, los movilizados aseguraron que las promesas que el gobierno realizó tras largas mesas de negociación no se cumplieron, por lo que la protesta debía aumentar su intensidad.
Las palabras del presidente de la Asociación de Funcionarios de la DGAC, José Pérez, hicieron una profunda crítica a la postura oficial de las autoridades, que pusieron más atención a los efectos del paro que a sus razones.
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