La alcaldesa de la municipalidad de Santiago, Carolina Tohá, junto al subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey y al general de Carabineros, Hugo Insulza, presentaron hoy en la municipalidad de Santiago una nueva estrategia conjunta para poner fin al comercio ilegal.
Entre las medidas principales que se iniciarán a partir de hoy, destacan una campaña de prevención, el aumento de la dotación policial, el ordenamiento de los vendedores autorizados y la fiscalización, que incluirá multas de 5 UTM que afectarán tanto vendedores como a compradores.
En el acto se entregaron simbólicamente los nuevos carros que identificarán los vendedores autorizados por el municipio a trabajar la calle: “La única forma justa de tratar este tema como ciudad es que seamos claros en decir cuantas personas podemos tener trabajando en la calle de manera ordenada, legal y también coherente con los usos que la calle tiene que es especialmente ser un espacio peatonal de circulación antes que nada y también de manera a justa respecto el comercio instalado”, explicó Tohá.
La Municipalidad ha autorizado un total de 756 personas para vender en la calle, de las cuales el 70% convive con alguna discapacidad.
La alcaldía hizo un llamado para que la ciudadanía colabore con la erradicación del comercio ilegal que, según Tohá, es uno de los factores que se asocian a la inseguridad y a la sensación de temor.
“[El comercio ilegal] A veces es excusa para generar aglomeraciones que facilitan la comisión de delitos. Otras veces las personas que quieren delinquir se encubren como comerciantes ilegales y, bajo esa presencia en la calle, delinquen. O bien son usados para vender mercadería que fue robada”, apuntó la alcaldesa.
Por su parte el general de Carabineros, Hugo Insulza, manifestó con contundencia el objetivo del cuerpo policial en esta iniciativa: “Decir no más y darle un corte al comercio ilegal en el centro Santiago. No es solo comercio ilegal, está asociado a la delincuencia.”
Lo que no ha aclarado la alcaldesa es qué pasará con las personas que quedaron al margen de los permisos otorgados y cómo se trabajará para evitar perjudicar la imagen de los vendedores en la calle. Sobre los riesgos de criminalizar esta población, opinó: “Se evaluaron los riesgos absolutamente. Por eso en primer lugar las situaciones sociales muy sensibles se legalizaron.“
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