La Nacionalización y la Nueva Constitución

En diversos medios de comunicación, impresos y electrónicos, diversos “expertos” nos proponen los temas que deberían abordar los constituyentes que serán electos el próximo 11 de abril, a saber: respetar la regla fiscal, exclusividad del Presidente en el Presupuesto y tributos, independencia del Banco Central, y, además, se reportan opiniones de expertos y organismos internacionales, que vendrían a enseñarnos, desinteresadamente por cierto, cómo redactar una Constitución.

Pero nadie menciona siquiera la posibilidad de nacionalizar. ¿Nacionalizar qué? En primer lugar, el cobre, y enseguida el litio, el agua, los recursos pesqueros de nuestro mar, e incluso servicios públicos como los que prestan las empresas sanitarias y de electricidad.

Por ahora, solo nos referiremos a la necesidad de nacionalizar el cobre, de muy lejos el principal recurso económico de Chile, y para justificar esta indispensable Nacionalización, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones.

Primero, Chile tiene apenas el 0,25 por ciento de la población de la Tierra, el 0,5 de su superficie y sólo el 0,1 por ciento del PIB mundial, pero nuestro país se asemeja a un gigantesco continente en lo que respecta al cobre, puesto que en él se encuentra entre 40 y 50 por ciento de las reservas mundiales de cobre. Es prácticamente una anomalía, una monstruosidad de la naturaleza que un pequeño país como Chile, posea tal cantidad de este mineral tan indispensable para la humanidad. Como sostenía Radomiro Tomic, es un magistral don de la Providencia el que ha favorecido a nuestro país.

Segundo, la humanidad no puede vivir sin la electricidad. Imagínense Santiago o Nueva York sin Metro y sin semáforos, y los edificios o rascacielos sin ascensores. Y la electricidad, solo se puede distribuir a través cables de cobre. De ahí lo extraordinario que, entre el 40 y 50 por ciento de esta fabulosa riqueza. se encuentre en este pequeño país llamado Chile.

Tercero, al término de la dictadura, en 1990, Chile producía solo 1,6 millones de toneladas de cobre y el 90 por ciento de su producción estaba en manos del Estado, y, precisamente, gracias a esa circunstancia, el cobre aportaba cerca de un cuarto del Presupuesto Nacional. Hoy, Chile produce 5,7 millones de toneladas de cobre, 3,5 veces más que en 1990, de las cuales Codelco produce solo el 27 por ciento, el resto lo producen mineras extranjeras, pero en los últimos 7 años, en promedio, el cobre ha aportado al Presupuesto Nacional solo el 3 por ciento. En rigor, un verdadero desastre.

Comparemos entonces: en los últimos años de la dictadura, con el cobre nacionalizado en un 90 por ciento, y con una producción de solo 1,6 millones de toneladas, el cobre aportaba al país alrededor de una cuarta parte del Presupuesto Nacional, y, ahora, cuando se produce 3,5 veces más que en 1990, pero con un nivel de desnacionalización que alcanza el 73 por ciento, aporta -como ya fue referido- solo el 3 por ciento del Presupuesto Nacional.

Esto significa que la inmensidad de la riqueza que significa el cobre para Chile, y que resumimos en las tres consideraciones anteriores, ya no es un don de la providencia para Chile y los chilenos, sino una riqueza que beneficia casi exclusivamente a empresas mineras extranjeras, que evaden desvergonzadamente el pago de impuestos en Chile.

Estas cifras son tan catastróficas para nuestra economía que no parecen ciertas. Pero ellas, sin embargo, tienen la virtud de: 1) Destacar lo acertado que fueron todos aquellos chilenos que lucharon por la nacionalización del cobre; 2) Demostrar que la inversión extranjera en nuestra minería nunca fue necesaria, y que no se justifica bajo ninguna circunstancia; 3) En consecuencia, es más urgente que nunca proceder a una segunda nacionalización de la gran minería del cobre, y, en general, de todas nuestras riquezas básicas.

Para volver a tener educación completamente gratuita en todos sus niveles, sistema de salud gratuito que asegure la atención de todos los tipos de patologías, vivienda digna para todas las familias chilenas, los recursos económicos para ello pueden ser obtenidos solo con los recursos generados por el cobre, pero siempre y cuando dicho cobre esté en manos del Estado, es decir, deberán ser nuevamente nacionalizadas todas las empresas de la gran minería, considerando como tales, todas aquellas empresas que produzcan más de 30 mil toneladas de cobre al año, en cualquiera de sus formas.

Con la Reforma Constitucional de la Nacionalización de 1971, llevada a cabo por el Presidente Allende, se incorporó a la Constitución el siguiente precepto: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”, precepto que también quedó incorporado en la Constitución de 1980. Esta norma debe quedar establecida en la Nueva Constitución, pero además debería agregarse: “y del agua y de todos los recursos vivos y no vivos de la Zona Económica Exclusiva del mar adyacente”. Y, además, establecer que, si bien algunas de dichas minas o recursos pueden ser concedidos a particulares, no serán objeto de concesión los hidrocarburos líquidos y gaseosos, el cobre, el litio y el oro.

Pero estas disposiciones no bastan para que las actuales empresas de la gran minería vuelvan al Estado, y así el cobre, el litio y el oro, se transformen en un real beneficio para el pueblo de Chile. Para que ello ocurra, será, además, necesario que, en una disposición transitoria de la Nueva Constitución, tal como lo hizo el Presidente Allende en 1971, se proceda derechamente a nacionalizar todas las empresas de la gran minería del cobre, considerando como tal las que produzcan más de 30 mil toneladas de cobre en cualquiera de sus formas.

La indemnización por la nacionalización de estas empresas solo considerará las instalaciones existentes, porque los yacimientos son inalienablemente del Estado desde 1971 hasta hoy, situación preexistente a toda inversión extranjera en la minería.

En lo que concierne a las aguas territoriales, ya en 1967, con la Reforma Constitucional de la Ley 16.615, el Presidente Eduardo Frei Montalva, había reservado “al dominio nacional de uso público todas las aguas existentes en el territorio nacional y expropiar, para incorporarlas a dicho dominio, las que sean de propiedad particular”.

Ahora, en la Nueva Constitución, se debe derechamente nacionalizar todas las aguas del territorio nacional, y las que actualmente se encuentren en manos de propietarios privados, estos podrán ser indemnizados en un plazo de 30 años, pudiendo estos continuar haciendo uso de ellas en calidad de concesionarios, pagando al Estado lo que venga a ser establecido por ley.

Evidentemente que este tipo de disposiciones encontrará al frente no solo un ejército de políticos, empresas y organismos internacionales que atacarán estas medidas, como trasnochadas, ilegítimas, fumadoras de opio, etc. etc., refutadas por connotados expertos nacionales e internacionales, y, con ese objeto, usarán todo el peso de la televisión y de los grandes medios de difusión. Habrá que tener “les reins solides” como dicen los franceses, para aguantar esas andanadas de ataques.

Para responder, habrá que tener constituyentes muy preparados de modo de defender la necesaria nacionalización, y ahí es donde está el peligro en la morada, porque ya han aparecido en diversos medios de comunicación y redes sociales, candidatos y candidatas a la Convención Constitucional, que provienen de la farándula política y televisiva.

Decididamente, mientras no sepamos elegir a los nuevos constituyentes, el 11 de abril próximo, la Nueva Constitución será legítima, pero podría resultar casi más de lo mismo.

Julián Alcayaga Olivares
Economista y abogado
Octubre, 27 de 2020.