La nueva Constitución permite reconstruir la confianza y la democracia

Por Felipe Moreno, Fundación Chile Sustentable

Uno de los elementos centrales de la crisis social y política que atraviesa Chile es la pérdida de legitimidad de sus instituciones y la desconfianza de la población en los actores políticos y en la institucionalidad pública y privada.

Ni el sector político, ni los agentes del Estado, ni los gremios empresariales, quisieron tomar nota de la amplitud y profundidad de este fenómeno. Argumentaron sesgos ideológicos o casos particulares, mientras se naturalizaban comportamientos y procedimientos reñidos con la transparencia, con la probidad de la administración pública, privada y del mercado, mientras la desconfianza crecía y se hacía intolerable. La reiteración de la colusión, el fraude empresarial, el financiamiento irregular de la política, los episodios de corrupción y fraude al fisco en diversos estamentos públicos, desde municipios hasta el ejército y carabineros, revelaron una normalización de comportamientos abusivos hacia las personas y de vulneración a las normas que debían protegerlas.  

Aun cuando el problema era evidente, no hubo voluntad política para enfrentarlo con firmeza; no se formularon desde el Ejecutivo o el Legislativo las reformas de fondo para enfrentar los nudos críticos de la corrupción. Tampoco el Poder Judicial supo establecer sanciones ejemplificadoras que pudieran corregir las conductas de corrosión del “estado de derecho” y que entregasen a la población seguridad y protección frente a los abusos. Tuvo que haber un estallido social para desnudar la situación insostenible de un pacto de convivencia social fracturado, de un Estado en entredicho, y de una ciudadanía harta de su clase política.

La vía política e institucional de salida de la crisis política a través de una nueva Constitución, se elaboró desde un brusco despertar que terminó por asentar este diagnóstico crítico, compartido por casi todo el arco político. El plebiscito de entrada terminó de corroborar esta lectura, con un ochenta por ciento de la población que optó por una nueva Constitución, que debía además ser escrita por una Convención Constitucional, enteramente elegida en las urnas para ese efecto. La composición del órgano constitucional, con numerosos constituyentes provenientes de movimientos sociales e independientes, ajenos a la política tradicional, no fue una casualidad, fue una decisión consciente del pueblo de Chile.

En ese contexto, los constituyentes se esforzaron por elaborar una propuesta que busca acercar la política y la toma de decisiones a las personas, para recuperar la confianza de la población en las instituciones públicas. Para ello, uno de los elementos centrales de la propuesta constitucional es la descentralización efectiva, entregando autonomía política y financiera a las regiones, pero además instituyendo otros espacios de participación local y territorial, como las entidades vecinales y los Consejos de Cuenca.  

Las futuras regiones autónomas deberán organizarse política y administrativamente, contarán con autonomía financiera y un mandato amplio para desarrollar sus políticas regionales de vivienda, urbanismo, salud, transporte y educación (art.220), además tienen el mandato de ordenar y organizar su territorio (art.197). Las Comunas Autónomas por su parte, deberán elaborar su propio Estatuto Comunal que regulará la organización administrativa y financiera de estas, además del funcionamiento de los órganos municipales y las normas de elaboración de ordenanzas municipales (art.208).

A nivel local se mandata explícitamente el fomento de la participación ciudadana amplia y efectiva (art.192); se establece la creación de asambleas comunales (art. 209), y se regulan las unidades vecinales, con especificidades para la ruralidad (art. 210). Respecto de estos espacios, se establecen normas de coordinación e integración, que flexibilizan y hacen mas eficiente su puesta en marcha y su desarrollo futuro (arts. 188, 190, 195, 196).

Otro espacio relevante de participación ciudadana incidente a escala territorial, son los Consejos de Cuenca, encargados de la gestión y administración de las aguas de cada cuenca del país, donde participan los titulares de autorizaciones de uso de agua, las organizaciones ciudadanas de la cuenca y las entidades territoriales de cada lugar (art. 143).

Todas estas propuestas institucionales buscan construir espacios de deliberación y toma de decisiones que permitan a la ciudadanía involucrarse, participar y recuperar su confianza en las instituciones públicas.

Es importante destacar también dos innovaciones institucionales que serán claves para reparar la situación de indefensión e injusticia ante abusos y arbitrariedades, tanto por parte agentes públicos como privados. Estas innovaciones son organismos autónomos encargados de proteger los derechos de la población.

Por una parte, se instituye la Defensoría del Pueblo, organismo público autónomo y con patrimonio propio, cuya función es la promoción y protección de los derechos humanos garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, ante actos de la propia administración del Estado o de entidades privadas que ejerzan actividades o servicios de utilidad pública (art. 123).

La Defensoría de la Naturaleza, también autónoma, tiene como función proteger los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales de las personas, consagrados en la Constitución, ante la acción de organismos del Estado y de entidades privadas (art. 148). Ambas instituciones estarán a cargo de personas seleccionadas por la Camara de Diputados, en base a ternas propuestas por las organizaciones ciudadanas. 

La representatividad y cercanía de estas nuevas instituciones permitirán enfrentar los problemas que sufre la población, y al mismo tiempo representarla y acompañarla en acciones legales y constitucionales que aseguren sus derechos y dignidad. Ello constituye una profunda demanda de la ciudadanía ante el desamparo del Estado y de las instituciones públicas. En esta línea, la nueva Constitución constituye un acertado y sólido avance para la recuperación de la confianza en las instituciones públicas y la democracia.

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