La paradoja de los trabajadores del Sernameg: «Trabajamos contra la violencia patriarcal viviendo violencia estatal»

Desde hace meses, los trabajadores y trabajadoras del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (ex Sernam), decidieron comenzar a organizarse para denunciar la precaridad laboral en la que se han desempeñado por años.

Esto, pese a los cambios que sufrió la institucionalidad para la protección de la mujer recientemente y que, al parecer, no implicaron nuevas noticias para los funcionarios y funcionarias.

Hoy, quienes trabajan en el diseño y ejecución de los programas que desarrolla el Ministerio -liderado por la ministra del PC, Claudia Pascual- dedicados a combatir y prevenir la violencia contra las mujeres, además de generar acompañamiento a las víctimas de violencia, aseguran que sus derechos también están siendo violentados. Esta vez, paradójicamente por responsabilidad del Estado chileno.

Centros de la Mujer, casas de acogida y Centros de Hombre por una Vida sin Violencia son algunas de las instituciones en las que se desempeñan principalmente mujeres. El pasado 6 de junio, trabajadores y trabajadoras enviaron una carta a la ministra Pascual expresando preocupación porque uno de los aspectos de la creación del nuevo ministerio establece la tarea de “impulsar leyes, reglamentos y medidas administrativas que garanticen a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos, igualdad de oportunidades y desarrollar políticas, planes y programas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres”.

Sin embargo, aseguraron que las precarias condiciones laborales se mantienen, lo que repercute directamente «en la calidad de la atención que brindamos a las mujeres y hombres que ingresan a los diferentes programas», aseguraron en una declaración pública.

LA PRECARIEDAD LABORAL EN LA QUE VIVEN QUIENES LUCHAN CONTRA LA VIOLENCIA PATRIARCAL

Entre los problemas que trabajadores y trabajadoras denuncian se encuentra la tercerización de los servicios que son administrados por los ejecutores de los programas (a cargo de municipios, gobernaciones y fundaciones).

A esta denuncia se suman los contratos de trabajos anuales y honorarios -que ocultan una relación laboral con Sernameg-, la falta de derechos previsionales y de seguridad social y el clima de incertidumbre laboral propio de la dualidad de empleadores, donde se depende administrativamente del ejecutor y técnicamente del Ministerio.

«Hay una rotación inmensa dentro de los equipos, además de una carga emocional. muy fuerte. Las personas que trabajamos con receptores de violencia somos receptores constantes del relato de violencia. Eso genera un desgaste para los profesionales donde no hay espacio para acogerlos«, señalan los voceros del movimiento, que aún prefieren resguardar su identidad hasta que el sindicato esté constituido legalmente.

Además, los trabajadores organizados aseguran que los derechos de pre y post natal dependen de la voluntad de los ejecutores y que existe una sobrecarga de trabajo para los equipos, aparte de las bajas remuneraciones en comparación a los programas de otros ministerios, que también están sujetas a la voluntad e interés de los ejecutores en el tema.

«Cada convenio es distinto y cada grupo de trabajo a lo largo del país tiene condiciones distintas. Estamos hablando de diferencias salariales para un mismo cargo y función del 70%«, especifican los voceros del movimiento.

LA NEGLIGENCIA DEL ESTADO CONTRA LAS MUJERES

Los trabajadores y trabajadoras también denuncian que existen condiciones estructurales que obstaculizan su trabajo en la lucha contra la violencia hacia la mujer en Chile.

En este sentido, señalan que existen redes poco eficaces en el apoyo a las mujeres que se acercan a las diferentes instituciones, especialmente en el caso de la Fiscalía y los Tribunales de Familia, que con su burocracia aumentan los tiempos de espera y el riesgo para las víctimas.

Además, recalcan la nula capacidad de respuesta de parte de Carabineros en la mayoría de los casos, con la mantención de criterios sujetos a valores culturales patriarcales «y que desmotivan la tramitación de denuncias por violencia, no acogiéndolas o minimizando los hechos y/o juzgando a las mujeres».

«Hasta muchas veces perpetuamos la misma problemática de nuestros propios programas. Los problemas que nos encontramos es que hay inexistencia de redes reales para apoyar a las víctimas, además de la inexistencia de la transversalización del enfoque de género en las instituciones públicas», afirman los voceros.

Para los profesionales de los programas movilizados contra la violencia hacia la mujer, esta situación laboral plasma una evidente expresión de inconsistencia de las políticas públicas. «El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género promulga promover la igualdad de género y se manifiesta en cualquier tipo de discriminación arbitraria contra la mujer, resulta que aquí la mayoría de quienes trabajamos somos mujeres y estamos sometidos a prácticas que en fondo y forma son violentas«, enfatizan. 

Como conocedores de la realidad institucional del combate contra la violencia patriarcal, aseguran que no existen dispositivos especializados que acojan a las mujeres que viven violencia y que además presentan patologías psiquiátricas y/o consumo problemático. En el caso de las Casas de Acogida, esto dificulta los procesos terapéuticos respecto de otras mujeres que no manifiestan dichas dificultades.

La institucionalidad de la Mujer tampoco asegura recursos para trabajar con los hijos e hijas de las mujeres acogidas en casas o atendidas en centros. Según concluyen los trabajadores y trabajadoras, el Estado se posiciona de manera negligente frente a la problemática de la violencia contra las mujeres y sus demandas, reaccionando sólo ante hechos de connotación pública y evidenciando la falta de voluntad política para abordar el problema de forma efectiva.

En la misiva enviada a Pascual el pasado 6 de junio, los profesionales organizados proponen crear una mesa de diálogo con las autoridades ministeriales. Hasta el momento no han recibido respuestas concretas, más que la idea de generar espacios localizados de negociación con cada ejecutor. Por eso, este miércoles realizarán su segunda jornada de movilización a las 11 horas, en Alameda con Ahumada.