La privatización del agua está secando a Chile

Por Manuela Royo y Cristóbal Rodríguez

Incuestionablemente el derecho humano al agua es un tema crucial tanto en el presente como en el futuro, es un asunto de sobrevivencia. La demanda del agua se incrementa cada día más por el aumento de la población, la expansión de las actividades extractivas, como es la agricultura extensiva para la exportación, que requieren de agua para poder funcionar, siendo el sector con mayor demanda de agua en Chile con un 82% de los derechos para usos consuntivos.

Este aumento en la demanda del agua se contrapone con un panorama de escasez que en el marco del calentamiento global y el cambio climático se agudiza aún más. Chile no escapa de esta realidad, nuestro país se enfrenta a una crisis hídrica grave y cada vez más profunda, la presión sobre la disponibilidad del agua dulce se ha intensificado con el paso del tiempo. El aumento en la temperatura del planeta y la crisis climática también afectan los principales reservorios de agua dulce: los glaciares, cuyo aporte hídrico es esencial para los ecosistemas y medios de subsistencia humana en muchas zonas.

Las reformas al Código de Aguas de 2022 no son retroactivas, por lo tanto, el mercado de privatización de las aguas se mantiene. Los intentos constitucionales de 2021 y 2023, que reconocían el derecho humano al agua fueron fallidos, por lo que la Constitución Política de 1980 sigue vigente al día de hoy y su artículo 19, numeral 24, hace que Chile sea el único país en el mundo en que tanto las fuentes como la gestión de las aguas se encuentran privatizadas. Ambos dispositivos legislativos e institucionales fraguaron el negocio del agua en Chile, consagrando el modelo de privatización y mercantilización de las aguas, y que son la fuente de las injusticias, exclusión y falta de democracia en las cuencas del país.

En Chile sigue existiendo un mercado de derechos de agua, garantizado constitucionalmente, y promovido por el Código de Aguas, en que los ríos y las aguas subterráneas de nuestro país fueron otorgados de forma gratuita y perpetua a privados. Esta situación aplica al 90% de los derechos de aprovechamiento otorgados, por lo que la condición de temporalidad establecido por la reforma de 2022 sólo aplica al 10% restante de los derechos por otorgar.

En un escenario donde siguen existiendo derechos de aguas perpetuos, los titulares de derechos pertenecientes a los sectores económicos extractivos como la minería, agroindustria, energía, e incluso empresas sanitarias, no son neutrales; sus lógicas operan de acuerdo a las necesidades económicas propias, privilegiando sus ganancias por sobre el bienestar colectivo y ambiental de nuestros territorios.

El derecho humano al agua se encuentra en riesgo en un sistema neoliberal, en que los derechos de mercado se enriquecen con la escasez y vulnerabilidad de las comunidades.

La privatización y mercantilización de las aguas ha generado una concentración de la propiedad en unos pocos, y son estos propietarios quienes deciden sobre la gestión de los caudales sobre los que tienen derechos. A mayor cantidad de derechos de agua, mayor poder de decisión en las cuencas. Son los propietarios más ricos quienes deciden sobre los cursos de las aguas. Esta exclusión de los usuarios y pequeños propietarios profundiza las desigualdades estructurales existentes en nuestro país, dejando a comunidades urbanas, rurales e indígenas en un grado de vulnerabilidad preocupante al no existir una garantía explícita de acceso al agua.

Asimismo, el sobre otorgamiento histórico de derechos de aprovechamiento de aguas en manos de particulares mantiene hoy el 80% de las cuencas y 110 acuíferos sobre otorgados, en un escenario de sobreexplotación crónica, que nos demuestra que, tras 44 años del Código de Aguas, la privatización neoliberal, nos seca y compromete de manera casi irremediable las posibilidades de las futuras generaciones de acceder al agua. La privatización de las aguas es el preámbulo de la destrucción de los ecosistemas en Chile, y de su futura extinción, no solamente por razones climáticas, sino más bien por acción humana.

Cada día se hace más necesaria una transformación en la propiedad, gestión e institucionalidad propia del agua, que se oriente hacia la construcción de una Política Hídrica Nacional en que exista participación democrática e inclusión de los usuarios del agua, de las comunidades indígenas y de organizaciones sociales y no gubernamentales que permitan una gestión integrada de cuencas, para lo cual es necesario superar el modelo de privatización de la propiedad del agua y la desigualdad en la toma de decisiones.

El derecho humano al agua no puede entenderse sin la protección de los ecosistemas hídricos; son la base fundamental para la vida. Es imperativo garantizar la protección, recuperación y conservación de ecosistemas hídricos, que permitan a los territorios y sus comunidades resistir ante los efectos del cambio climático, asegurar la existencia de caudales ecológicos, el consumo humano a nivel urbano y rural, proteger la agricultura familiar campesina y la soberanía alimentaria, y permitir con ello la sobrevivencia de quienes son más vulnerables a la escasez de agua.

Desde el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) seguimos en la lucha por la recuperación y defensa del agua para las comunidades y los territorios, y para ello es necesario terminar con el modelo privado y mercantil de las aguas y la concentración de este derecho humano y de la naturaleza en manos de la codicia, el lucro y el poder.

Por Manuela Royo y Cristóbal Rodríguez

Voceros nacionales de Modatima

22 de mayo del 2025 – Día internacional del agua

Fuente fotografía

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