La quinta minoría y el nuevo poder democrático

Por Elías Vera Alvarez

Omitiendo por un momento la pandemia, obviando el relativo control que ésta otorga al gobierno sobre la situación política y social del país, es necesario aludir a ciertas cuestiones relativas al plebiscito reciente, las que mediatizadas ahora por la problemática sanitaria, es posible que en cualquier momento sean motivo de renovada indignación social y de reactivación de la movilización popular.

La quinta minoría

El resultado de este primer plebiscito constitucional realizado en el país durante 200 años no ha revelado nada estrictamente nuevo, pero ha constatado una verdad conocida por todos. Ha ratificado legal, política e históricamente el hecho rotundo de que las fuerzas sociales y políticas que han creado y sostienen la estructura antigualitaria y autoritaria de Chile, constituyen apenas la QUINTA PARTE de la comunidad nacional.

Jugando con las palabras, diríamos que tenemos UNA quinta minoría frente a CUATRO quintas mayorías. Grosso modo: 20% y 80%, según las cifras del plebiscito. De lo que se deduce que esta quinta parte –en razón de su acusada minoría– carece absolutamente de legitimidad política, social y consecuentemente, moral y democrática, para ejercer el poder y la dominación que tradicionalmente ejerce sobre las cuatro quintas partes, es decir, sobre el 80 por ciento de la comunidad nacional.

Para alguien que no comprendiera cómo tal aberración es posible, la explicación del fenómeno es tan simple que parece absurda: porque es la única minoría social que dispone de una fuerza armada de choque y castigo exclusivamente a su servicio. Cuando la quinta minoría lo considera necesario, la razón, la moral, la justicia, la democracia misma, son sustituídas por el poder de fuego que solo ella puede ejercer, en contra de las otras cuatro quintas partes de la sociedad.

La historia nacional de los últimos 50 años ha sido una permanente constatación de esta fuerza armada como un poder de clase elitario, omnímodo y brutal, plenamente desvinculado de la conciencia y de la voluntad democrática de la mayoría nacional.

En el plebiscito reciente, quedó corroborada fehacientemente la absoluta carencia de base democrática de la quinta minoría, aglutinada estrechamente tras la perdedora opción “Rechazo”, en contra de todo cambio social. El poder político que ejerce tiene siempre un fundamento soterrado o explícito de violencia y dominación. Habla mucho y rimbombantemente de democracia y de unidad nacional, pero las niega en todo lo que hace. Palabras, palabras…

Poder democrático

Si, como se acepta, la democracia es el poder político propio de una determinada mayoría social, el plebiscito del 25 de octubre señaló con un 80 por ciento de contundencia dónde reside en este preciso momento, el poder político de la nación. Un poder democrático y legal plenamente identificado, que la clase gobernante pretende hacer invisible, inexistente o inocuo.

Desde el día 25 de octubre y de acuerdo con esa evidencia plebiscitaria, son todos aquellos ciudadano/as sufragantes de todos los colores sin diferenciación política o ideológica, integrantes del 80% de la sociedad chilena, los auténticos poseedores de legitimidad democrática, política y moral, consecuentemente soberana, para definir cómo los chilenos queremos edificar el Bien Común y vivir nuestra vida en comunidad. Aquella vida, negada sistemáticamente con egoísmo artero por la quinta minoría, vida que aspiramos sea regida por principios éticos humanistas y humanitarios, absolutamente democráticos y propicios para la paz y prosperidad de todos los chilenos. Todos. Son ellos y no otros, quienes tienen todo el derecho a participar, sin exclusiones antojadizas, en esa tarea que le es propia: la de dirigir y organizar el proceso de discusión de una nueva Constitución.

El hecho social creado por el plebiscito es histórico y público, imposible de desconocer, de acallar u ocultar. Aún cuando la letra constitucional de carácter opresivo y dictatorial siga hablando por boca interesada, habla ahora al vacío desde el vacío, como parte de un pasado legal despótico, declarado oficialmente muerto por las cuatro quintas partes de la conciencia política del país.

Trampas

Tras el plebiscito, se han ido evidenciando torcidos y ocultos objetivos de los representantes políticos y gubernamentales de esa quinta minoría social, en la preparación de dicho evento. Se revela que éste fue utilizado como una auténtica golosina envenenada para el anhelo de democracia y de justicia de la ciudadanía. Y que de antemano, se acordaron medidas propicias para desconocer o minimizar su resultado y en caso de una votación adversa para la clase dirigente, acuerdos para neutralizar su efecto y su proyección sobre la ciudadanía nacional. Poco a poco se han hecho conocidos los astutos recursos de la clase dirigente contra los derechos democráticos de la comunidad nacional.

Brevemente: una notable argucia gubernamental es la imposición del quorum de aprobación de los dos tercios, donde la trampa no está en el logro de dichos dos tercios para aprobar una moción, sino en que se le otorga a las fuerzas antidemocráticas sólo un tercio de la votación para rechazarla y perpetuar las de la constitución dictatorial. ¿Objetivo? Si es posible, crear una réplica actualizada de la Constitución que se pretende abolir.

El gobierno ha dispuesto también que la selección de “convencionales” o redactores de la nueva Constitución se realice de acuerdo a disposiciones de la ley electoral vigente establecida bajo el imperio de la Constitución en plan de abolición y ajustándola a las disposiciones que rigen las elecciones propias de los partidos políticos. El método, escogido deliberadamente, pone a la mayoría ciudadana automáticamente fuera de la Convención, pues es prácticamente imposible para los aspirantes a convencionales superar el cúmulo de normas y disposiciones en regla para ello, en lucha contra del tiempo. En cambio, favorece ampliamente la postulación de representantes de los partidos políticos autorizados, preferentemente ligados a la quinta minoría.

Como se sabe, ni en el acuerdo pseudamente democrático, ni en la voluntad política del gobierno y del congreso, se contempla la participación explícita, abierta y libre de la ciudadanía y de los representantes de asambleas y organizaciones sociales, juveniles, gremiales y populares, es decir, de aquel 80 por ciento de hombres y de mujeres de todas las clases sociales del país, que decidieron la abolición de la constitución dictatorial y la elaboración de una nueva (¡Viva la democracia!).

Gobierno y parlamento se abocan en estos días a inventar uno u otro recurso que pueda ser llamado “legal” , para permitir (tómese nota: “permitir”) la participación excepcional de algunos ciudadanos independientes en la redacción de la nueva Constitución. El propósito de “permitir” excepciones, acusa de inmediato que la metodología en cuestión ha sido escogida expresamente para “dejar fuera”, para “marginar” a la mayoría democrática.

Lo inaceptable

Por lo expresado hasta ahora, es lógico, es consecuente, es de justicia plena, afirmar tajantemente que las cuatro quintas partes mayoritarias de la comunidad nacional, el 80 por ciento de ella, no necesita de ningún “permiso” proveniente de la quinta parte de la sociedad o de alguna otra minoría social o política, para participar en la Convención Constitucional. También, que jamás podría aceptar las martingalas “legales” o institucionales que se inventan para impedírselo. La voluntad democrática plebiscitaria lleva en sí un inherente derecho de participación, el cual constituye su propia potestad. Derecho que es, por lo demás, intrasferible. Se trata pues, de un poder soberano inherente, connatural, legal, político, moral y congénito, sobre el cual no puede obrar a ningún otro.

Por tanto, debe ser dicho en voz alta:

Es un crimen moral y antidemocrático apartar con maniobras mentirosas y antidemocráticas a las cuatroquintas partes de la comunidad nacional para impedirle ejercer libremente su derecho y su obligación de opinar y de participar en la tarea democratizadora que ella misma ha decidido realizar para el bien de la nación.

Es irracional, es ilegítimo, es ilógico, es antiético, es ofensivo, es absolutamente inaceptable, que la organización y discusión de la Convención Constitucional, organismo propio de la mayoría democrática del país generado en plebiscito nacional, sea puesta arbitrariamente en manos de quienes están en contra de todo cambio social, de quienes sólo defienden sus intereses de clase y son conocidos enemigos/as de toda democratización social y de aquellos/as que, durante cincuenta años, han edificado, aún con la violencia y el crimen, la situación política nacional que se hace indispensable modificar.

Consecuentemente, si la clase política creyera en todo lo que proclama, lo que cabría, o todo lo que cabe al gobierno, al parlamento y a la administración interinas, es reconocer la nueva realidad social y política nacional evidenciada por el plebiscito. Lo único honorable para ellos -si fuera posible esperar algo semejante- es el reconocimiento oficial, solemne y explícito de la autoridad inherente de las cuatro quintas partes de la comunidad nacional -en su calidad de ente social vivo, democrático, representativo y responsable- para asumir la tarea de elaborar una nueva Constitución para Chile, en nombre de todos los chilenos/as.

Les cabe poner término inmediato a toda clase de triquiñuelas y maquinaciones pseudolegales, falsamente democráticas, con las cuales se pretende lograr y justificar la marginación de la mayoría ciudadana de la Convención Constitucional. Y acordar, en cambio, con las organizaciones sociales y políticas ciudadanas, formas absolutamente democráticas, adecuadas y consensuadas de organización y de funcionamiento para la Convención. Formas que aseguren estrictamente la participación de la ciudadanía democrática.

Les cabe igualmente, la obligación moral de adoptar medidas para la exclusión clara y categórica del proceso convencional, de todos aquellos ciudadanos que en los últimos 45 años fueron y siguen siendo prosélitos de la dictadura cívico-militar criminal, de quienes fueran sus representantes civiles o militares, de sus parlamentarios y altos funcionarios de su gobierno. La exclusión debe abarcar también a los miembros y representantes connotados de los partidos políticos en ejercicio los últimos 30 años, calificados por la gran mayoría nacional como corruptos y servidores del poder antidemocrático.

Y deben adoptar todas las medidas legales, políticas, económicas y prácticas necesarias para que la Convención pueda realizar su cometido en paz, con independencia y sin injerencias de ningún tipo. Este es su deber, es su obligación, es su compromiso con el pueblo de Chile, con la ética, con la decencia, con la historia

Prescindir de la razón y del derecho, para colocar tozudamente la organización de la Convención Constitucional y la redacción de la nueva constitución, en manos de los representantes de la quinta parte minoritaria de la ciudadanía y de los adeptos al poder autoritario de antes y de ahora, será un acto de agresión al poder democrático surgido con el plebiscito y de evidente contumacia política y ética. Será el hecho probatorio definitivo de la iniquinidad del proceder gubernamental y parlamentario, de su propósito de fraude y una felonía flagrante contra la revelada voluntad democrática de la nación. El corolario del ejercicio gratuito de una farsa política, conducente a una colosal e imperdonable humillación para el pueblo de Chile.

Ello asumiría la condición de provocación flagrante, con un efecto que nadie medianamente cuerdo puede desear, esto es, que la protesta social imposiblemente pueda bajar sus banderas, que imposiblemente pueda abandonar las calles y la lucha, que imposiblemente pueda limitarse a cantar, a gritar y a rayar paredes. Nos advertiría que la lucha del 80 por ciento del pueblo de Chile por el cambio social continúa, con mayor fuerza que antes y que entra en una nueva fase de confrontación con la antidemocracia. Esta vez con un final difícil, muy difícil de predecir.