Un nuevo episodio oscuro ha puesto el foco sobre el general director de Carabineros, Hermes Soto. Al arresto que pesó en su contra por concurrir periódicamente a un prostíbulo en 1985, hoy se suma el papel que jugó en un convenio suscrito entre la empresa Alchisa y la policía uniformada, con el fin de “escoltar” los camiones con sobrecarga de la firma en su paso sobre el puente Loncomilla, cuyo derrumbe se produjo en noviembre de 2004.
De acuerdo a las revelaciones de Ciper, Hermes Soto era comisario de la 5º Comisaría de San Javier, a la cual pertenecían los efectivos que ejecutaban la operación de “seguridad”. Sin embargo, el reportaje establece que, en realidad, la empresa pagaba por una suerte de “peaje” para burlar la fiscalización que los propios carabineros realizaban a ambos lados del puente.
La construcción resistía el peso de vehículos de hasta 40 toneladas, pero los camiones de Alchisa sobrepasaban las 100 toneladas, según dio a conocer la comisión investigadora de la Cámara de Diputados tras la caída del puente. La instancia reveló además que los camiones de la empresa pasaron más de 600 veces, factor que se suma al mal diseño y a la nula mantención de la estructura, variables que confluyeron en su colapso.
El reportaje de Ciper indica que los funcionarios policiales destinados a estas labores de “seguridad” privada recibían un pago adicional entre 40 y 45 mil pesos diarios. Sin embargo, a inicios de 2002, los “escoltas” dejaron de recibir estos bonos.
Entre enero de 2001 y mayo de 2002, los pagos de Alchisa a Carabineros sumaron $ 26 millones. Aunque en abril de 2005, Carabineros comunicó que la cifra había ascendido a un total de $ 58,3 millones, cubriendo la totalidad del acuerdo, que se extendió entre enero de 1999 y febrero de 2003.
A inicios del año 2001, Hermes Soto ya era comisario en San Javier. Estuvo dos años al mando de la unidad encargada de las escoltas y dos de los radiopatrullas con los que contaba la comisaría habían sido donadas por Alchisa.
En enero de 2003, el mayor Víctor Vega reemplazó a Hermes Soto en San Javier. En ese momento, un subalterno le contó al nuevo oficial que su esposa sufría cáncer y que debía responder por los gastos de la enfermedad. El carabinero le pidió a Vega que interceda para que la Prefectura de Linares pagara lo que se les debía, puesto que los pagos pasaron a esa unidad y permanecían allí estancados.
Luego del desplome del puente, Vega se entera de la trama y relata la historia a un medio regional, al tiempo que otros efectivos solicitaron los pagos provenientes de la empresa y que permanecían estancados en Linares.
Víctor Vega detonó una bomba dentro de la institución. En tribunales aseguró que sus denuncias y indagaciones fueron la causa que motivó su dada de baja en septiembre de 2003.
El Ciudadano
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