Durante el pasado 20 de agosto, una carta publicada en El Mercurio -titulada «Proyecto de identidad de género y misericordia legislativa«- dio a conocer la preocupación de los profesores de Derecho de la Universidad de Los Andes y otras instituciones ante la tramitación de la iniciativa que pretende reconocer y consagrar los derechos de identidad de la población trans y de género no conforme.
La iniciativa, que se discute en el Senado tras la propuesta del Ejecutivo, no es de todo el agrado de los académicos de la institución, quienes señalaron que incluso han acudido personalmente a ofrecer su opinión a los senadores sobre el tema. «El fin de la ley sería terminar con situaciones de discriminación y exclusión de las personas que presentan disforia de género o trastornos de la identidad sexual, denominadas comúnmente transexuales. Sin embargo, son muy distintas las alternativas que se presentan para evitar esas situaciones», argumentaron.
En la misiva, los académicos ponen en cuestión que exista el derecho a disociar «el sexo biológico del sexo legal», asegurando que la discusión médica sigue abierta respecto de «si este es un trastorno psicológico o la manifestación de una condición normal». Especialmente, en caso de niños y adolescentes.
Pero además, los juristas sostienen que «la identidad sexual es un atributo irrenunciable de la personalidad y que, por tanto, se encuentra fuera del ámbito legítimo de disposición».
Responsabilizando los planteamos de la discusión legislativa en las «tesis más radicales de las denominadas ‘teorías de género'», los abogados advierten que la tramitación del proyecto puede traer consecuencias jurídicas y sociales graves.
«Toda distinción entre hombre y mujer se vuelve arbitraria si cada individuo puede optar por su identidad sexual y desconocer su realidad biológica. Esto impactará las relaciones de familia, perdiendo todo su sentido la definición del matrimonio como unión heterosexual y trastocándose en su origen las relaciones de paternidad y maternidad», recalcan los abogados firmantes, entre los cuales se encuentran Ignacio Covarrubias, Julio Alvear, Magdalena Ossandón, Cristóbal Orrego, Hernán Corral, Carlos Casanova, Carmen Domínguez, Gonzalo Letelier, Tomás Henríquez, Raúl Madrid, Álvaro Ferrer, Gonzalo Letelier, Alejandro Miranda, Marco Antonio Navarro y Felipe Widow Lira. Todos, parte del staff de Universidad de Los Andes.
Además de oponerse al cambio de nombre de identidad sexual a través de un trámite en el Registro Civil -una de las indicaciones propuestas por el Ejecutivo tras el activismo de las organizaciones trans- los abogados proponen que se busquen soluciones eficaces «para ayudar a las personas afectadas con este problema -sea o no patológico- y evitar toda discriminación arbitraria; pero sin iniciar un experimento social a gran escala, de impredecibles consecuencias». Además, llaman a legislar «reconociendo y respetando la verdad sobre la persona humana, su naturaleza sexuada y su trascendente dignidad».
LA RESPUESTA DE OTROS ABOGADOS A LA CARTA
La publicación provocó, por lógica, la crítica de las organizaciones trans y activistas de la diversidad sexual. Además, se sumó una carta de respuesta, publicada en el mismo medio, donde un grupo de académicos y académicas de Derecho en universidades chilenas quisieron establecer sus diferencias respecto de la opinión formulada por los abogados de la Universidad de Los Andes.
En la misiva, éstos explican que el proyecto de Ley de Identidad de Género busca «terminar con situaciones de exclusión que afectan a muchas personas en Chile y que derivan de la imposibilidad de manifestar y vivir abiertamente su identidad de género». Además, se dedican a refutar algunos planteamientos de sus colegas, asegurando que son técnicamente incorrectos.
Por ejemplo, los juristas señalan que la iniciativa no tiene relación con una patología, trastorno psicológico y condición. «Este proyecto apela al imperativo de respetar las diferencias que existen en la sexualidad humana, y la autodeterminación de cada persona, reconociendo su diversidad como una condición humana, y la sexualidad, como un aspecto en que esta diversidad se despliega como atributo personalísimo», argumentan.
Además, sentencian que ya existe consenso internacional en abordar la identidad de género como una experiencia interna e individual del género, la cual podría corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento.
«Esta identidad no está definida por lo biológico y el cuerpo, aunque esta haya sido tradicionalmente la forma de ver a los seres humanos», sentencian. Por último, los juristas descartan que esta iniciativa pueda implicar una amenaza contra la familia y el matrimonio, negando efectos contraproducentes en los países que hasta ahora han reconocido el derecho a la identidad de género.
OTD CHILE: «EN LA REALIDAD, LAS PERSONAS TRANS EXISTIMOS»
Desde OTD Chile (Organizando Trans Diversidades), su vicepresidente Franco Fuica comentó la misiva que fue publicada el pasado sábado en El Mercurio. A juicio del activista por los derechos de la población trans, la postura ahí esbozada «corresponde a la de la gente que siempre se ha opuesto. Son los abogados que forman parte de fundaciones y organizaciones pro vida, que como dicen por ahí, son pro vida mientras no el niño no sea gay, trans o comunista«.
Fuica recalca que no es necesario adherir a una teoría de género determinada para constatar «lo que sucede en la realidad. Porque en la realidad, las personas trans existimos. Eso es un hecho, y los niños y adolescentes trans también existen».
«Las personas trans somos vulneradas en nuestros derechos y vivimos como ciudadanos de tercera o cuarta clase. Esos son hechos constatables. Ellos dicen que la identidad sexual no muta entre los genitales y lo que uno piense y sienta y eso es una brutalidad. Se nota que no han estudiado y no conocen el tema», critica el dirigente.
De todos modos, desde OTD Chile señalan que el proyecto de Ley de Identidad de Género -que se discute por estos días en la Comisión de DD.HH del Senado- busca acortar la brecha de discriminación institucional y social que sufre la población trans. Una demanda que, aunque afecta a los más pobres, no deja de considerar también a los y las trans de todas las clases sociales. «Los trans no existimos de Plaza Italia para abajo», apunta.
Recientemente, la organización denunció que la última sesión donde el proyecto debía discutirse tuvo que ser suspendida por falta de quórum de los senadores. Un mal augurio para la tramitación de una propuesta central en la agenda de compromisos en materia de Derechos humanos del Ejecutivo, razón por la que el ministro Marcelo Díaz evalúa agregar suma urgencia.
«Es una falta de respeto. Si sacas la cuenta, de las tantas horas que los senadores legislan, lo nuestro apenas ocupa una hora y media a la semana. Hay senadores que llegan hasta 55 minutos tarde. Queremos salir del primer trámite, tenemos casi para dos años a este ritmo», finaliza.
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