Por Pablo Fernando González, Pyme Innovación – Biotecnología Marina
‘Despojar [a alguien o algo] de forma violenta o ilegal’ (según lo define la RAE y lo concretó la Ley Longueira).
Mientras en un país llamado Estados Unidos la industria farmacéutica hace inversiones multimillonarias en investigación y desarrollo para obtener una patente que le asegure la protección de la propiedad intelectual de lo descubierto (un fármaco, no el negocio) por un plazo de 20 años, que no es renovable, en un país llamado Chile 7 familias amenazan que si la nueva Ley de Pesca les anula el privilegio adquirido con la Ley Longueira que les facilitó monopolizar la riqueza pesquera del país con cuotas de pesca, a 20 años, a plazo renovable, se verán obligados a cerrar sus empresas.
Mientras la industria farmacéutica de EEUU contribuye al liderazgo científico y tecnológico de la economía de ese país vale detenerse en el destino que le vienen dando las 7 familias a la riqueza pesquera de Chile.
La tonelada de harina y aceite de pescado que fabrican la venden a un valor que bordea los US$ 2.000 la tonelada, mientras el cobre que es un producto sin nada de valor agregado Chile, lo exporta a US$ 8.000 la tonelada y en el caso del carbonato de Litio a US$ 16.000 la tonelada.
Según las 7 familias, el bajo precio es porque los aceites y proteínas parte de la pesca pelágica no sirven para alimentar a los humanos y solo sirven de ingredientes para comida de animales, lo que es falso, ya que los concentrados de Omega-3 que se venden en las farmacias se obtienen refinando aceites marinos destinados a alimentación animal.
Negocio que lo lideran fabricantes nutracéuticos de EEUU que no están protegidos por ley alguna, pero con inversiones en ciencia y tecnología que les han permitido rescatar el valor consumo humano de los Omega 3 contenidos en los aceites marinos (30%), los que según Fundación Chile promedian los US$ 520 dólares el kilo o US$ 520.000 dólares la tonelada, 250 veces el valor al que venden la tonelada las 7 familias.
No cabe duda de que el país necesita que estas pesquerías sean industrializadas por empresarios con modelos de negocio que tengan como centro la inversión en ciencia y tecnología que le sumen valor agregado del tipo de los fabricantes de Omega 3 de EEUU, de lo contrario nuestro país seguirá siendo presa de grupos empresariales dedicados a rentar de la manera más estúpida que uno se pueda imaginar, similar a lo que hacía el latifundio en la primera mitad del siglo pasado en el sector agrícola chileno, del que se beneficiaba solo el patrón del fundo al tiempo que los miles de peones del campo vivían en peores condiciones que en la época del feudalismo.
Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes, vale preguntarse qué sentido tiene seguir protegiendo por ley un tipo de industria que no invierte en investigación y desarrollo, y quieren que se les asegure de por vida el negocio estúpido que vienen haciendo por décadas.
Vale imaginar que hubiera ocurrido si países como EEUU hubieran protegido a su industria de la telefonía de finales de los 80 con una ley a 20 años plazo y renovable de por vida: todo apunta a que jamás hubiéramos tenido acceso a los celulares y a sus nuevos modelos, que como resultado de la inversión en ciencia y tecnología, les agregan nuevas funciones año tras año.
El negocio de las 7 familias es de tan bajo valor agregado que para aumentar sus ganancias han recurrido por años a la sobreexplotación de anchovetas y sardinas, con la complicidad de los distintos gobiernos a cargo de la institucionalidad del sector.
Salvo que sean muy descarados, no pueden acusar a la pesca ilegal como autores de la anterior sobreexplotación -su argumento preferido para no ser acusados de ello- ya que este tipo de pesquerías no tiene otro mercado ni cliente que no sean las propias fábricas de las 7 familias.
Por último, hay que precisar que lo que reclaman las 7 familias resulta inimaginable por la industria farmacéutica de EEUU, que sabe que si no toma riesgos de inversión de miles de millones de dólares por año en I+D, es imposible que tengan negocio y menos, utilidades.
En los países desarrollados ninguna empresa industrial sobrevive haciendo lo mismo por 50 años, tampoco tienen partidos políticos con senadores y diputados que se los aseguren por ley, porque está en juego el destino del bienestar de los ciudadanos que le entregan su voto, y el desarrollo de sus países.
NO + LEYES DE PRIVILEGIO PARA EMPRESARIOS CON LA VISIÓN MIOPE DE PATRON DE FUNDO!!
Por Pablo Fernando González, Pyme Innovación – Biotecnología Marina
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