Chile es un país violento. Según datos del Ministerio de la Mujer, entre 2016 y 2021 ha habido en Chile 253 femicidios. Solo en los primeros tres meses de 2022, se registran 11 femicidios consumados y 30 femicidios frustrados. A esto habría que sumar las incontables instancias de violencia de género que no caben dentro de estas categorías. Muchas de ellas ni siquiera son registradas en alguna institución o reconocidas por la opinión pública, porque todavía no son consideradas como acciones o situaciones violentas.
Por otro lado, las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, acumuladas a lo largo de las décadas posteriores a la dictadura, abarcan desde la violencia ejercida por Carabineros en el contexto de movilizaciones y detenciones, hasta la violencia física y psicológica ejercida por fuerzas especiales en comunidades mapuche, con un particular impacto en la niñez. Y estas son solo dos formas extremas de la violencia institucionalizada en Chile.
La semana recién pasada fuimos testigos de tres situaciones donde la violencia aparece como la protagonista. En primer lugar, la tortura y asesinato de un joven por parte de un grupo de vecinos que creían que estaban torturando y asesinando a un delincuente. Lo pongo en estos términos porque pareciera que ellos mismos creían que estaban haciendo “justicia” contra un “criminal”, y que entonces se justificaba dicha acción. Probablemente no habrían hecho lo que hicieron si hubiesen sabido que era la víctima de un asalto.
Aquí la violencia es doble: en primer lugar, la presunción de que una persona que comete un delito se merece una golpiza fatal, y luego, la golpiza misma. El hecho de que el joven haya sido “inocente” no cambia en ningún sentido el horror de la situación, del mismo modo en que durante dictadura la tortura y desaparición de “personas que no estaban metidas en nada” era exactamente igual a la tortura y desparición de militantes y activistas. Igual de horrorosa, igual de injusta.
«Aquí la violencia es doble: en primer lugar, la presunción de que una persona que comete un delito se merece una golpiza fatal, y luego, la golpiza misma. El hecho de que el joven haya sido “inocente” no cambia en ningún sentido el horror de la situación…»
El viernes 25 tuvo lugar la convocatoria de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) a una movilización por el aumento de la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), que mantiene un valor tremendamente inferior a lo necesario para la adecuada alimentación de estudiantes.
El movimiento estudiantil tal como lo conocimos desde los años noventa hasta 2014 había sido superado en sus formas por la movilización feminista, sobre todo desde 2018, cuando las federaciones y centros de estudiantes fueron totalmente sobrepasadas por diversas formas de activismo feminista que gatillaron un levantamiento inédito en las casas de estudio. Ahora volvía a aparecer la Confech como un actor gravitante, en no menor medida porque sus direcciones tienen vínculos con la coalición gobernante, un dato relevante para la coyuntura de esta semana.
Durante el día fluyeron rápidamente las informaciones sobre dos ataques contra estudiantes. Primero, un joven había recibido un disparo de un carabinero que decía haberse sentido amenazado. Luego, un grupo concertado de supuestos comerciantes ambulantes, en aparente acuerdo con -o al menos la inacción de- Carabineros, atacó a un grupo de estudiantes, con el brutal resultado de un joven con heridas graves y en riesgo vital.
Una vez finalizada la marcha, las dirigencias de la Confech se reunieron con el gobierno en La Moneda y luego de su reunión hicieron un tibio punto de prensa desde el palacio, donde condenaron de manera genérica las “situaciones complejas” e intentaron transmitir la certeza de que el gobierno estaba haciendo todo lo necesario para abordar la situación. Amarga victoria del movimiento estudiantil el haber vuelto para ser vocería del Gobierno.
¿REFORMA, REFUNDACIÓN O CREACIÓN DE ALGO NUEVO?
El gobierno de Gabriel Boric ha afirmado la necesidad de una reforma a Carabineros, aunque el sentido y la profundidad de dicha reforma ha venido cambiando en el tiempo. Pero si solo tomamos los acontecimientos que van desde el 14 de noviembre de 2018 (asesinato de Camilo Catrillanca) al 25 de marzo de 2022 (homicidio frustrado de un joven en un contexto de movilización), encontramos un largo recorrido que incluye violaciones sistemáticas durante la revuelta de octubre, la corrupción de su oficialidad y los vínculos de sus mandos altos y medios con el crimen organizado y la extrema derecha.
Si solo tomamos ese periodo, parece haber suficiente evidencia para plantearse en el corto plazo un proceso de desfinanciamiento, desmilitarización y desmantelamiento de la institución de Carabineros de Chile, para reemplazarla por una institución que esté a la altura de los desafíos de la seguridad en el Chile del siglo XXI.
«…parece haber suficiente evidencia para plantearse en el corto plazo un proceso de desfinanciamiento, desmilitarización y desmantelamiento de la institución de Carabineros de Chile…»
Esta institución ha atentado de manera sistemática en contra de la seguridad y el bienestar de los pueblos en Chile. Urge un paradigma de seguridad radicalmente distinto, que esté basado en el cuidado, la participación de las comunidades y una solución no armada a los conflictos.
Carabineros de Chile es una amenaza para la vida y para el proceso democratizador que está en curso en Chile, y que el gobierno de Gabriel Boric dice defender. En los próximos meses veremos si se sostiene ese compromiso y se toman las decisiones difíciles que necesitamos, a pesar de todo el acoso mediático y las amenazas patronales de la derecha.
Esta visión sobre la disolución de Carabineros no se sostiene en un deseo personal o un ánimo de revancha, sino en un análisis que considera que la historia misma de Carabineros vuelve demasiado difícil, si no imposible, una reformulación de la institución en términos de Derechos Humanos y seguridad comunitaria. ¿Cómo podríamos imaginar que una fuerza armada que suscita el rechazo transversal de los sectores populares podría resolver los problemas de esos mismos sectores?
Por otro lado, a la vista de la experiencia reciente del debate sobre la brutalidad policial y la abolición de la policía en Estados Unidos, parece muy preocupante que ante la masiva evidencia de una institución corrupta, criminal y antipopular, se siga creyendo que una reforma de la misma institución podría resolver el problema. En EEUU se perdió la oportunidad de hacer cambios sustanciales al aparato policial, precisamente porque primó un ánimo de reforma versus uno de transformación estructural que buscara superar el paradigma policial de la seguridad.
Independiente del nombre que le pongamos al proceso, lo importante es el fondo de las transformaciones. No es lo mismo impulsar cambios cosméticos de la misma institución que hacer un cambio en el modo en que se organiza la seguridad en Chile. Más cursos de DDHH y nuevos protocolos de uso de la fuerza no sirven de nada en este contexto. ¿Cuántos jóvenes y niñes muertos más vamos a esperar para reconocer la necesidad de disolver la institución de Carabineros y crear algo nuevo?
Algunos nos han acusado de utópicos o idealistas por plantear la urgencia de transformaciones radicales que implique el reemplazo de Carabineros por una nueva institucionalidad para la seguridad. Pero, a la luz de los últimos años, lo utópico e idealista es creer que podemos mantenernos a salvo de la violencia policial sin sacar a Carabineros del camino.
Por Pablo Abufom
Militante del Movimiento Solidaridad y editor de la revista Posiciones.
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