La turbia gestión de Cecilia Pérez en el Ministerio del Deporte: Un prontuario de saqueo, agresiones e irregularidades

Por Jorge Molina Araneda

Muestras que la administración Piñera hizo una gran cantidad de cosas de mala manera es lo que le está sucediendo a la Villa Panamericana de Cerrillos, cuya edificación tiene como objetivo acoger a los deportistas que competirán a partir de esta semana en los XIX Juegos Panamericanos.

El domingo 15 de octubre, el Serviu Metropolitano detalló su inspección y preocupación por el estado de la Villa Panamericana. A través de un comunicado, la entidad detalló que realizó una inspección a las obras, comprobando en ellas (específicamente, el lote B) unas filtraciones de agua.

Al respecto, señalaron que «se han dispuesto cuadrillas en terreno con más de 120 especialistas, número que se incrementó durante la tarde del sábado y se mantuvieron trabajando durante toda esta noche, para poder cumplir con los tiempos requeridos».

En esa línea, ahondando en su responsabilidad para llevar a cabo un rápido proceso de mejora, desde el Serviu aseguraron que «existe el compromiso por parte de la constructora de entregar todo en perfectas condiciones, para que este lunes 16 de octubre las delegaciones puedan hacer arribo a las instalaciones».

Además, según información de El Deportivo de La Tercera, miles de llaves que las constructoras entregaron a la administración de Santiago 2023 venían sin identificación y numeración.

Así también, según las fuentes consultadas por el medio citado, en estos momentos están trabajando múltiples cuadrillas y trabajadores para reconocer las llaves una por una de los diferentes departamentos.

Cabe destacar que en total son 17 torres las que componen la Villa Panamericana, en donde algunas van desde los 7 a los 17 pisos, y que además están repartidas en 4 condominios de 3 a 5 edificios.

La exministra

Cecilia Roxana Pérez Jara es una abogada y política chilena, militante de Renovación Nacional (RN), que ejerció como ministra del Deporte del segundo gobierno de Sebastián Piñera desde el 28 de octubre de 2019 hasta el 11 de marzo de 2022.

Anteriormente se desempeñó como ministra Secretaria General de Gobierno entre marzo de 2018 y octubre de 2019, cargo que también desempeñó en el primer gobierno de Piñera, entre 2012 y 2014. En abril de 2022 se incorporó al directorio de Azul Azul, sociedad anónima que está a cargo de la administración del Club Universidad de Chile.

De acuerdo a un reportaje de El Ciudadano, Pérez también arribó este año a la Municipalidad de La Florida, ya que el actual jefe de gabinete de Rodolfo Carter, Juan Manuel Arroyo, posee trayectoria ligada al gobierno de Sebastián Piñera: entre mayo del año 2017 y marzo de 2018, trabajó como ‘Periodista del Equipo de Comunicaciones del Candidato y Presidente Electo Sebastián Piñera Echenique’ -como se lee en su perfil de Linkedin-.

Luego, desde marzo de 2018 y octubre de 2019 ejerció funciones como director de Comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno, mismo periodo en el que estuvo a cargo de dicha cartera Cecilia Pérez.

Posteriormente, Arroyo llegó al Ministerio del Deporte (Mindep), como asesor de comunicaciones desde octubre de 2019 hasta agosto de 2021, para luego ejercer como jefe de gabinete de Rodolfo Carter.

El nexo entre Arroyo-Carter no es la única relación que ha tenido la exministra con la Municipalidad de La Florida, puesto que, mientras Cecilia Pérez era ministra del Deporte, existió un intento de permuta del balneario municipal por parte de Rodolfo Carter al Instituto Nacional del Deporte (IND), que estaba bajo la gestión de Pérez.

«Cuando hubo este intento de traspaso del balneario municipal, cuando se lo iban a traspasar al IND, dijeron que era el único argumento que tenían para que el IND invirtiera en el mejoramiento de este lugar para los Panamericanos del 2023. El argumento no me convencía, porque muchas veces el Estado ha invertido en equipamiento sin necesidad que los inmuebles sean traspasados (…) este es el primer enlace del trabajo conjunto que podemos identificar entre Rodolfo Carter y Cecilia Pérez. Esta permuta la logramos bajar como nuevo Concejo Municipal a través de Contraloría», sostuvo la concejal Marcela Abedrapo.

La gestión de Pérez en el Mindep fue bastante oscura y deficiente, a saber:

1) Vulneraciones a sitios de la memoria

En septiembre de 2021, la prensa informaba lo siguiente:

«En el lugar (Estadio Nacional) hay obras por 20 mil millones de pesos por los Juegos Panamericanos de 2023, pero el gobierno dice que no hay dinero para eliminar una reja y un toldo que afectan el Camarín de Mujeres. El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de ChileDeportes (Anfuchid), Álvaro Muñoz, señaló que el hecho fue denunciado al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), el cual solicitó a las autoridades enmendar la situación, sin resultado hasta hoy.

La semana pasada, la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, visitó el lugar con autoridades comunales y líderes sociales, y aseguró que tomará en consideración los proyectos propuestos por la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional -ya aprobados por el CMN- para la remodelación y puesta en valor de los sitios históricos más emblemáticos del lugar».

Esto se traducía en que un grupo de trabajadores del Estadio Nacional denunció la vulneración de un Sitio de Memoria al interior del recinto -que fue usado como campo de concentración tras el Golpe de Estado de 1973- en el marco de obras de construcción por los Juegos Panamericanos de 2023.

El entonces presidente de la Anfuchid, Álvaro Muñoz, señaló que el hecho fue denunciado al CMN el cual solicitó a las autoridades enmendar la situación, sin resultado inmediato.

Tras eso, la entonces ministra Pérez, visitó el lugar con autoridades comunales y líderes sociales, y aseguró que tomaría en consideración los proyectos propuestos por la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional -ya aprobados por el CMN- para la remodelación y puesta en valor de los sitios históricos más emblemáticos del lugar.

Muñoz no solo criticó que como trabajadores del lugar no fueron invitados a participar en la visita oficial, sino que señaló que «ya se vulneró un Sitio de Memoria, que es el Camarín de Mujeres. Tanto el 2 de junio como el 28 de julio (de 2021) el CMN solicitó al Instituto del Deporte que sacara las rejas frente al Camarín de Mujeres y el toldo, que es una estructura de acero. Y la institución, junto con Cecilia Pérez, se han negado aduciendo que no tienen plata… Es una burla para el país, para todas las organizaciones que estamos detrás de la mantención de la memoria», recalcó.

La ministra Pérez visitó el principal coliseo deportivo el lunes 6 septiembre de aquel año, junto a la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, y los entonces dirigentes de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, Wally Kunstmann y Marcelo Acevedo; el jefe de división de Infraestructura del Mindep, Ernesto Urdangarín; las concejalas María Eugenia Lorenzini, Alejandra Valle, Mireya del Río y Verónica Chávez; y las presidentas de las juntas de vecinos y organizaciones del sector.

El objetivo de la visita era «continuar las conversaciones respecto de la preservación de los espacios de memoria en el marco de la remodelación del recinto con miras a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023», según un comunicado emitido por la Municipalidad de Ñuñoa.

Asimismo, aquella declaración agregaba: «En el encuentro se visitaron los sitios de memoria y se confirmó que estos no han sido intervenidos durante la ejecución de las obras del Parque Deportivo Estadio Nacional. Junto con esto, el Mindep aseguró que tomará en consideración los proyectos propuestos por la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional (ya aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales) para la remodelación y puesta en valor de los sitios históricos más emblemáticos del lugar. Asimismo, se garantizó la entrega de un espacio para la nueva oficina de la Corporación en el sector norte del recinto».

Sin embargo, Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, señaló que el comunicado de la Municipalidad tenía algunas imprecisiones. Entre otras cosas, dijo que la visita solo se efectuó a la zona de la caracola y el túnel del velódromo, pero no se visitó la zona de la piscina donde sí hay intervención con rejas y toldo. Tanto la caracola y la piscina están declaradas como sitio de memoria, declaraciones con las que coincidió la concejala Chávez.

El resto del recinto fue «visitado» a través de un PowerPoint y algunas fotografías.

Acevedo también confirmó que al Camarín de Mujeres «le pusieron una reja a principios de este año (2021). Nosotros hicimos el reclamo al Consejo de Monumentos Nacionales, con trabajadores de Anfuchid y vecinos. El Consejo falló a nuestro favor y les dio quince días de plazo para sacarla, y eso fue en junio, julio. Lo cierto es que el plazo está vencido».

También se manifestó la Junta de Vecinos Villa Olímpica, que exigió el retiro de rejas y del toldo frente al Camarín de Mujeres, «considerando la relevancia de la preservación de estos espacios, para la reconstrucción de la memoria histórica y para un trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos y comunitarios al interior de nuestra sociedad y Estadio Nacional».

2) Los vínculos de Pérez con la empresa de seguridad del Estadio Nacional: Agresiones y robos

El 24 de diciembre de 2021, la Contraloría General de la República presentó dos informes definitivos a raíz de las denuncias efectuadas por dirigentes de Anfuchid, ANEF, y diputados y diputadas de la República.

En dichos informes se exponen múltiples irregularidades que datan del año 2019, mismo año en que la exministra del Deporte, Cecilia Pérez, iniciaba su gestión al mando de esa cartera. Siendo marzo del año 2022, aún se observaban irregularidades como el robo de tres tractores y una betonera desde el interior del Estadio Nacional.

En aquellas semanas, funcionarios de Anfuchid, junto a su entonces presidenta Paula Bustamante, denunciaron el robo de tres tractores y una mezcladora de cemento -betonera- desde el interior del estadio, hecho que ocurrió en los últimos días de la administración de Cecilia Pérez.

De acuerdo con las informaciones, ingresaron camiones y camionetas al recinto el día 28 de febrero durante la noche, desde donde sustrajeron tres tractores de mantenimiento de jardines y áreas verdes más una mezcladora de cemento, las cuales se encontraban en el interior de las dependencias del recinto deportivo.

Tras los hechos, el presidente metropolitano de Anfuchid, Yerko Cortés, detalló que al momento de solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad a la empresa JCA Security Ltda., encargada de la seguridad del perímetro del estadio, se le respondió que éstas se habrían encontrado apagadas.

Según lo especificado en el documento oficial entregado por el supervisor jefe Germán Gaete, el día 12 de marzo de 2022 a las 22:58 horas, Felipe Soto, jefe de seguridad del Estadio Nacional, envió un mensaje vía WhatsApp al encargado de cámaras, el guardia Edison Castillo, indicando que cambiara la dirección en el enfoque de las cámaras de las torres 2 y 3. Estas fueron redirigidas a portería, hacia Avda. Pedro de Valdivia y Avda. Maratón, respectivamente.  

El cambio de foco de las cámaras de seguridad quedó escrito en el libro de novedades de la empresa de seguridad junto a la ficha de ingreso de camiones que entraron al perímetro del Estadio Nacional y cargaron lo sustraído. Todos estos antecedentes fueron entregados a la Policía de Investigaciones para ser revisados. Al respecto, Paula Bustamante comentó: «Ingresaron camiones que estaban vacíos y salieron cargaditos de cosas, entonces obviamente aquí hay una responsabilidad evidente de la empresa de seguridad, quienes se intentaron desmarcar en el informe que presentaron».

A propósito de la seguridad del Estadio Nacional, la empresa JCA Security Ltda., cuestionada por sus protocolos de seguridad y por el robo de los tractores, fue contratada inicialmente en el año 2020 por el Instituto Nacional de Deportes, acuerdo que se realizó por trato directo y saltándose la correspondiente licitación que deben realizar todos los entes públicos que requieran de trabajos de empresas privadas.

Lo que llama la atención a las asociaciones de funcionarios y dirigentes es que durante enero de ese año se renovó el contrato con esta empresa por un monto cercano a los $645 millones (IVA incluido) y se detalla en el documento que el pago se realizaría en doce cuotas iguales y sucesivas por un año, por un monto de $53.747.177.

Esta renovación viene luego de que el Instituto Nacional de Deportes y el Ministerio del Deporte fueran cuestionados por una investigación de Contraloría, en la cual el ente fiscalizador emitió un informe de auditoría donde se realizaron observaciones a los tratos que el IND ha tenido con la empresa de seguridad JCA desde principios del año 2020 hasta la fecha en cuestión.

En la misma línea, funcionarios de ChileDeportes denunciaron en su momento que los guardias de seguridad de la empresa mencionada actuaban con formas «matonescas» y agresivas hacia los trabajadores del recinto.

JCA es una empresa con sede principal en Puente Alto y antes de ser contratada por el IND, solo cumplía funciones para la municipalidad de esa comuna, donde se ha visto involucrada en algunas polémicas como la denuncia de estudiantes secundarios a guardias de esta empresa de seguridad, quienes los habrían agredido mientras se mantenían tomados algunos liceos municipales.

Además, en el año 2012, miembros del Partido Comunista acusaron a funcionarios de JCA Security de haberlos atacado con armas de fuego mientras se efectuaban campañas municipales.

Las salpicaduras por las controversias relacionadas a la empresa de seguridad alcanzan a Cecilia Pérez y a su círculo más cercano, puesto que una de sus personas de confianza directa, su por entonces jefe de gabinete, René Borgna, se desempeñó en el pasado como administrador municipal de la comuna de Puente Alto, como asesor jurídico de la municipalidad y como secretario general de la Corporación Municipal de Puente Alto.

Asimismo, esta comuna contrató desde 2013 en variadas oportunidades a esta empresa de seguridad, por lo que se han levantado suspicacias por la forma en que en esa época el IND y el Ministerio del Deporte entregaron en bandeja la licitación de seguridad para el Estadio Nacional.

Los problemas con esta empresa no paran ahí, pues dirigentes de Anfuchid denunciaron el día 26 de agosto de 2021 agresiones por parte de los guardias de la empresa antes señalada. Esto se habría producido para evitar el ingreso de los dirigentes Álvaro Muñoz y Yerko Cortés a la sede de la asociación.

Al respecto, Muñoz, el presidente nacional de ese entonces, precisó lo siguiente: «Es primera vez que le impiden a los trabajadores ingresar al Estadio Nacional y fue con violencia. Nos echaron y nos empujaron. Esto es la expresión de violencia patronal de mandato de Sofía Rengifo y Cecilia Pérez, por lo que continuaremos con nuestra campaña ‘No más abusos en el IND'».

Todas estas irregularidades se suman a las ya existentes y expuestas en el informe de Contraloría, el cual también develó que existieron pagos millonarios por montos cercanos a los 166 millones de pesos a Allard Asociados SPA, estudio de arquitectura de Pablo Allard, quien entre 2010 y 2011 fue el coordinador nacional de la reconstrucción por el terremoto del 27 de febrero de 2010. Contraloría aconsejó incluir en el sumario irregularidades que fueron detectadas por la contratación de manera directa de servicios.

A eso se suman denuncias por pagos improcedentes y modificaciones de contratos que no se ajustaron a las condiciones establecidas en las bases técnicas, específicamente en el anexo de contrato de Diseño y Construcción Centro de Entrenamiento Hockey Césped del Estadio Nacional.

Un hecho insólito tuvo lugar el día 12 de marzo de 2022, cerca de la medianoche. Cuando el encargado de seguridad de turno efectuaba un recorrido en una cuatrimoto propiedad de la empresa JCA Security cerca de las inmediaciones del velódromo, se percató del ingreso de tres camiones de los cuales se bajaba maquinaria pesada, la que en definitiva resultó ser los tractores sustraídos el día 28 de febrero.

«La intención precisamente fue devolver los tractores y la betonera robados. Nosotros ya habíamos denunciado como Anfuchid lo que estaba pasando en el estadio. Frente a todas las evidencias que circulaban, no les quedó otra que devolver los tractores a la mala. Entendemos que la empresa de seguridad está tratando de deslindar responsabilidades, ya que es inentendible que una empresa a la cual se le paga una millonada, fuera absolutamente de los marcos de mercado, no tuviera antecedentes y no supiera lo que estaba pasando», indicó Paula Bustamante de Anfuchid.

Bustamante también explicó, en aquella oportunidad, que «hoy día en el Estadio Nacional hay un cambio de administración, la cual es interina a cargo de Christian Silva del IND, encargado del departamento de recintos deportivos y recreativos (…). El anterior administrador del Estadio Nacional, Roberto Rojas, renunció (…) Felipe Soto, el segundo a bordo, encargado de seguridad y precisamente quien aparece en el informe que presentó la empresa de seguridad, se encuentra suspendido de sus funciones, lo que significa que está sujeto a un sumario administrativo».

También, recalca que, según las investigaciones que se han podido realizar, esto solo sería la punta del iceberg, pues se suma a la desaparición de 755 metros de rejas.

3) El robo de 735 metros de rejas perimetrales

En enero de este año se dio a conocer la querella interpuesta por el Instituto Nacional de Deportes (IND) en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, contra Roberto Rojas Valenzuela, exadministrador del Estadio Nacional, por malversación de caudales públicos mientras ejercía sus funciones.

Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2020 y enero de 2021, tiempo en el que tres camiones ingresaron al recinto deportivo con el objetivo de retirar 735 metros de rejas perimetrales que habían sido dadas de baja, las que Rojas luego vendió en $12 millones. La transacción, según arrojaron las diversas indagaciones que se realizaron, fue realizada en efectivo mediante otro empleado del IND.

La Contraloría General de la República investigó los contratos relacionados al cambio de las rejas. Fue en esa instancia en que quedó al descubierto que no había ningún rastro de las que habían sido dadas de baja. La conclusión de esta indagatoria indicó que fue Roberto Rojas el que se apropió de la mobiliaria y se determinó destituirlo de sus labores como administrador del Estadio Nacional, con la prohibición de trabajar para el Estado por un lapso de 5 años.

Cabe destacar que, según el sumario que llevó a cabo el Instituto Nacional de Deportes por orden de Contraloría, entre quienes fueron interrogados estuvo Carlos Zúñiga Maldonado, quien era chofer de la entonces ministra Pérez. Según indicó Zúñiga, él mismo tenía algunas rejas. Sin embargo, el IND se vio imposibilitado de presentar una querella pues no tenía calidad de funcionario público, a pesar de que la investigación concluyó que sí tenía responsabilidad en los hechos.

La administración de Pérez tuvo conflictos en su momento con la Anfuchid, quienes fueron los primeros en acusar el robo de las rejas, así como también de maquinarias de mantenimiento y construcción.

La acción legal presentada por el Instituto Nacional de Deportes es clara en cuanto al delito llevado a cabo por Rojas. Según indica: «Las rejas retiradas tienen el carácter de bienes públicos y por ello debieron haberse guardado hasta que la autoridad administrativa determinara su destino final. Sin embargo, el querellado aprovechándose de las facultades que le otorgaba su cargo público procedió a sustraer dichos elementos. Las rejas sustraídas se encuentran avaluadas aproximadamente en la suma de $30.000.000».

Cabe señalar que la querella es hacia Rojas «y en contra de todos quienes resulten responsables, por el delito consumado de malversación de caudales públicos, y de cualquier otro delito que se acredite durante el curso de la investigación criminal».

4) Irregularidades en el Centro de Entrenamiento de Hockey Césped

El mismo informe de Contraloría encontró además que en las obras correspondientes a la construcción del Centro de Entrenamiento de Hockey Césped del Estadio Nacional, habían pagos improcedentes por $208 millones, debido a que se incluyó una obra extraordinaria a las bases técnicas del contrato original.

Según Contraloría, esto se hizo mediante la «disminución de la partida del contrato original ‘Suministro y colocación de pasto sintético’, por un monto de $316.125.234, IVA incluido, y la inclusión de la obra extraordinaria ‘Suministro y colocación de pasto sintético DOMO Fast Play’, por un monto de $524.767.887, IVA incluido, que producen un aumento efectivo del monto del contrato de $208.642.653, IVA incluido. Dicha modificación de contrato no se ajustó a las condiciones establecidas en las correspondientes bases técnicas, que dispusieron, desde un inicio, la instalación de una carpeta de pasto sintético, como la que, posteriormente, es catalogada como obra extraordinaria».

Todo esto no es más que una nueva muestra de cómo Sebastián Piñera, secundado por su infumable eterna colaboradora Cecilia Pérez, han ocupado el Estado como botín… por más miserables que sean las granjerías que lograron obtener.

Por Jorge Molina Araneda (@JorgeMolina375)

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