Por Daniel Jadue
Ya es un hecho irrefutable que el asedio y posterior irrupción militar contra el gobierno democrático del Presidente Salvador Allende fue digitado desde EE.UU., en complicidad con la derecha chilena (económica y política) y los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, para romper la institucionalidad democrática.
A pocos días de conmemorar los 50 años del Golpe Militar, hay una fuerte disputa en torno al pasado para lograr mirar el futuro.
Algunos sectores, por no decir los mismos que justificaron el quiebre democrático y los posteriores horrores de la Dictadura, pretenden instalar la tesis de que la Unidad Popular fue la responsable del Golpe, obviando los hechos históricos, muchos de ellos documentados, de la sedición montada en contra (antes y durante) del gobierno de Allende.
Se intenta, actualmente, y con toda la máquina de la derecha y algunos de sus medios de comunicación, deslavar los logros de los mil días del gobierno popular y también desprestigiar cualquier atisbo para retomar el proyecto inconcluso que, en varias de sus propuestas, sigue plenamente vigente.
¿Alguien puede negar, por ejemplo, que el gobierno de la UP se hizo cargo del déficit habitacional de la época, con una política de construcción masiva y con altos estándares de calidad? No ha habido, desde esos años, políticas de construcción de viviendas sociales que superen el tamaño o una privilegiada ubicación en la trama urbana de la ciudad.
¿Se olvidan algunos de la formidable política de participación cultural del gobierno de Allende que no ha sido igualada por ningún gobierno posterior? Para qué hablar del acceso de las capas populares y de las y los trabajadores a la educación superior de carácter gratuita o la defensa de la soberanía nacional representada en el hecho incuestionable de la nacionalización del cobre.
Pero vamos a los números. Como resultado de la política económica y social del gobierno, el alza del costo de la vida bajó considerablemente con la llegada de Allende. Entre enero a noviembre de 1970 se situaba cercano al 30%, y en el mismo período, pero de 1971, bajó a menos de 15%.
En la misma línea, en el primer año de la UP hubo un incremento de las remuneraciones, lo que permitió -nunca antes visto- el acceso a bienes que hasta entonces eran considerados de lujo. Productos esenciales como la carne, vestimenta de calidad, zapatos para niños y niñas, un televisor o un refrigerador pasaron a ser aspiraciones realizables para todos y todas.
El aumento de los sueldos y del poder adquisitivo trajo consigo el aumento de la producción de las empresas e industrias, permitiendo que la cesantía se redujera a 3%.
También hubo otros importantes avances, como cuando el año 1972 el gasto en salud llegó a 3,5% del presupuesto de la Nación, mientras que con la llegada de la dictadura éste se redujo drásticamente a 0,6%. Misma figura en educación, pues Allende determinó un gasto del 7,2% del PIB, alcanzando una escolaridad del 94% de los niños y niñas entre 6 y 14 años, algo nunca antes visto en Chile.
Los años de la Unidad Popular fueron tiempos de grandes avances para el pueblo, sin embargo, algunos sectores, subordinados a la versión de «los vencedores», argumentan hoy día «los errores de la Unidad Popular» para justificar el Golpe, desconociendo la brutal conspiración e intervención internacional que sacudió profundamente nuestra institucionalidad democrática y el bienestar del pueblo.
Son de público conocimiento los archivos desclasificados que dan cuenta que funcionarios de EE.UU. realizaron acciones secretas para frenar la asunción de Allende al poder. Hubo apoyo político y económico desde el país del norte a la oposición, que recibió miles de millones de dólares para su accionar desestabilizador, incluido la politización de las Fuerzas Armadas, el financiamiento por parte de la CIA al paro de camioneros y al diario El Mercurio.
Pero debemos ir un poco más allá, pues si bien se cumplen 50 años del Golpe en Chile; también se cumple 1 año del Golpe en Perú; 3 y 43 años de los Golpes de Estado que ha sufrido Bolivia; 14 y 41 años de los Golpes de Estado en Honduras; 22 años del Golpe de Estado en Venezuela; entre otras intervenciones en nuestro continente, todas ellos dirigidas desde EE.UU. con los «servidores» de cada país.
Tampoco podemos olvidar que se cumplen 200 años de la Doctrina Monroe, a través de la cual EE.UU. definió que América Latina era de su propiedad y que naturalmente podrían aprovecharse de todo los bienes comunes existentes en nuestros respectivos países.
Ante esto, debemos mirar el Golpe de Estado en Chile no sólo como un suceso particular de nuestra historia, sino como la aplicación de una política imperial norteamericana que busca, aún en nuestros días, mermar la libre determinación de los pueblos y con ello torpedear cualquier proyecto transformador alternativo a los intereses del capital.
Los 50 años no sólo debemos conmemorarlos desde la perspectiva de la justicia y la memoria, sino también desde las causas más profundas de estos hechos. Esa necesaria disputa sobre el pasado queda lisa y llanamente incompleta y se torna insuficiente e impotente para los desafíos que el futuro depara a los pueblos del mundo, como lo son sus luchas emancipadoras y las contradicciones del capitalismo mundial que hoy levanta guerras, hambrunas y una creciente y profunda desigualdad, sin contrapeso aparente.
El desafío es inmenso y a la luz del agotamiento del neoliberalismo, impuesto por Pinochet y luego administrado por diversos gobiernos en los últimos 30 años, vuelve a cobrar vigencia la esencia del proyecto de la Unidad Popular que buscaba mejorar la vida de las y los chilenos, revirtiendo las tendencias hacia la concentración excesiva de la riqueza y trabajando contra la profundización de la desigualdad, pues los dolores, las angustias y las necesidades del pueblo de Chile, a 50 años, siguen pendientes.
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