Por Fernando Astudillo Becerra
Nuevamente la acción criminal e irresponsable de Carabineros pone en la palestra el tema de la violencia y su origen. Parece que en esta institución no ha habido un mea culpa respecto de todos los errores y horrores que ha cometido en el ejercicio abusivo de la fuerza en el restablecimiento del (des)orden, en la historia presente y pasada de nuestro país.
Con ocasión del partido de fútbol de Colo Colo con Fortaleza de Brasil, del día jueves 10 de abril, ocurre un terrible crimen: un niño de doce años y de una adolescente de 18 años, que con su entrada en mano estaban cerca de entrar al estadio monumental, mueren por el uso ilegítimo de la fuerza de funcionarios públicos: Carabineros de Chile.
El concierto de declaraciones y de repudios que se ve en los medios de comunicación social pone, por una parte, el centro en las consecuencias deportivas del ingreso a la cancha de hinchas albos, como si eso fuera lo central de esa noche; junto con ello, la criminalización de las barras, como si estuvieran conformadas por miles de delincuentes, y no por miles de personas comunes, que cada semana van a expresar su pasión por el equipo de sus amores. Esto llega a extremos tales que el senador Walker propone que sean militares quienes resguarden el orden público en los estadios. Otros/as proponen que se les persiga como asociaciones criminales.
Ni una palabra sobre la policía, que como siempre reprime a diestra y siniestra, sin ponderar el daño que pueden provocar, o si están frente a niños/as, adolescentes, ancianos/as, discapacitados/as, les da igual. Sin duda la orden es que hay que barrer con ese enemigo que se atreve a romper con los esquemas pre establecidos, del supuesto orden, impuesto por el sistema de dominación.
Las muertes en el estadio Monumental, no solo son repudiable por su crueldad, sino que también por la forma como tan alevoso crimen ha sido instrumentalizado por ciertos sectores sociales y políticos para intentar imponer su visión totalitaria de la sociedad. Para volver a criminalizar la pobreza, la juventud y los grupos más marginados de la sociedad, sin ir al fondo del origen de la violencia, que siempre nace de la desigualdad social y de la injusticia estructural.
La verdadera violencia, que la derecha bien conoce, pero que jamás reconocerá y que permanece hasta hoy, es la violencia institucionalizada, el origen de todas las formas de violencia. Este tipo de violencia se refiere a las formas estructurales y sistemáticas que son perpetuadas por instituciones, políticas, decisiones administrativas, judiciales y prácticas que, de manera directa o indirecta, afectan a grupos pobres y vulnerables. Esta violencia es menos visible que la física, pero sus efectos son aún más devastadores, afectando por centenas de años la vida de millones de personas.
La Doctrina Social de la Iglesia, nos habla de esta violencia a través de lo que llama el pecado social, que produce directamente las injusticias y desigualdades que afectan a la sociedad.
El pecado social se refiere a aquellas actitudes, estructuras y sistemas que perpetúan la injusticia y la opresión en la sociedad. No se limita a las acciones individuales, sino que implica un análisis de las dinámicas sociales y económicas que generan sufrimiento de muchos para sostener los privilegios de pocos.
Criminalizar a las barras de futbol y sus organizaciones no parece ser un buen camino para superar los problemas de violencia y de delincuencia que se produce en grupos muy minoritarios de ellas.
Aclaremos, también, que no hay duda de la importancia fundamental de la policía en la sociedad, pero ésta debe proteger a la ciudadanía, no agredirla; debe respetar las expresiones de ésta, mientras se inscriban en la no violencia; debe ser un baluarte de la protección de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de reunión; no ser más el sostén de la opresión y las oligarquías que no dudan en matar cuando ven peligrar sus privilegios.
Deben ser quienes, en representación del Estado, se esfuercen en dar cumplimiento a un derecho humano central: la seguridad, para la construcción de un Estado en verdadero orden y verdadera paz.
Pero no lo hacen, son guardianes del modelo capitalista y de sus sostenedores.
Estamos frente a una policía violadora de los derechos humanos, arbitraria; su accionar la convierte en una fuerza castigadora, que protege un modelo social de dominación y de negación de una verdadera libertad; no respetuosa ni responsable de cumplir con su deber constitucional de garantizar los derechos fundamentales de todas/os los/as chilenos/as y que no se escapa a los controles de la democracia.
Carabineros tiene que replantear esos protocolos ocultos, que provocan lo que sucedió el día jueves 10 de abril; matan sin más. La estampida que se produce no justifica la muerte ni el crimen, y así se suma uno más a las ya largas y sistemáticas violaciones de esta institución a los derechos humanos:
1.- Desde su fundación ha participado en diversas matanzas en contra de la población civil, por ejemplo: la Masacre de Ranquil en 1934, donde se estima que asesinaron a 500 campesinos y mapuche (dejando cientos de heridos); la del Seguro Obrero de 1938, asesinaron a 59 personas; la de la Plaza Bulnes de 1948, asesinaron a seis personas, y la de Puerto Montt de 1969, donde asesinaron a 11 personas (entre ellos una guagua de 11 meses), dejando 70 heridos.
2.- A esto, se suma su larga y activa participación, durante la dictadura de Pinochet, como agente violador de derechos humanos.
3.- Antes de la revuelta social de octubre de 2019, el derecho internacional, a través del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, conforme a los datos del sexto informe, en sus sesiones de agosto de 2018, Nº 1.678 y 1.679, señaló que desde 2010 hasta mediados de 2015 se investigaron 732 casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros de Chile, de los que 392 fueron derivados a la justicia y 137 castigados disciplinariamente. Además, en 2017 se impusieron sanciones disciplinarias a 34 funcionarios de esta institución.
El Comité no recibió información detallada sobre el resultado de las investigaciones relativas a actos de violencia sexual policial contra mujeres y niñas durante protestas estudiantiles ocurridos en el período objeto de examen.
De acuerdo con la información proporcionada, entre enero de 2009 y mayo de 2018, antes de la revuelta social, se abrieron 1.042 causas judiciales por actos de tortura o malos tratos.
4.- La muestra más reciente es la represión ejercida durante la Revuelta Social del 18 de octubre de 2019 en adelante, la cual dejó, según el Reporte General de Datos sobre Violaciones a los Derechos Humanos del INDH, entre el 17 de octubre y el 13 de marzo de 2020: 11.412 personas detenidas en comisarías; 3.838 personas heridas; el uso de armas de fuego por parte de Carabineros dejó a 460 personas con heridas oculares. En cuanto a víctimas en acciones judiciales: 1.234 personas sufrieron tortura y tratos degradantes; 282 personas sufrieron tortura con violencia sexual; y 34 personas sufrieron homicidio frustrado.
5.- Otro ejemplo, la muerte en abril de 2024, en un calabozo de la comisaría de Cauquenes del joven Erick Apablaza por los brutales golpes recibidos al momento de su detención.
Por todo ello, las propuestas para resolver los problemas de violencia comienzan por revisar la violencia que ejerce el Estado a través de Carabineros; por eso lo primero que se requiere es dar un vuelco a la formación, las jefaturas, los procedimientos requieren una pronta, mayor y mejor formación en moral, ética, derechos humanos; asumir su rol desde un enfoque humanista y democrático, con respeto a los movimientos sociales y sus expresiones, profundizando la instrucción en capacitación e inteligencia.
En resumen, el problema es la violencia estructural de un sistema desigual; Carabineros no es más que el guardían de ese sistema. Por ello todos los intentos por erradicar la violencia que no apunten a transformaciones más integrales y respetuosas de los pueblos y sus identidades, fracasarán. La fórmula del miedo y de la persecución de quienes aman sus clubes irremediablemente será derrotada.
Como dijo el Cardenal Raúl Silva Henríquez, debemos recuperar para Chile y sus pueblos “el primado de la libertad, sobre toda forma de opresión; el primado del derecho, sobre toda forma de arbitrariedad y anarquía; y el primado de la fe, sobre toda forma de idolatría”.
Por Fernando Astudillo Becerra
15 de abril de 2025
Fuente fotografía
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