La violencia política y constitucional de la Derecha en Chile

“Chile ha sido el laboratorio del neoconservadurismo. El neoconservadurismo es el matrimonio entre un pensamiento neoliberal y un conservadurismo en el orden moral y religioso. Es una mezcla de hipermodernidad y elementos reaccionarios, como los valores familiares, la contracepción, el no reconocimiento de las sexualidades diferentes, etc.”. – Juliette Grange (Université François Rabelais de Tours) 

Los conservadores son enemigos de los cambios políticos; en lo social defienden los valores de la familia tradicional, de la iglesia católica y del nacionalismo. Son defensores de la ley, el orden y del principio de autoridad. Poseen la convicción que toda sociedad necesita un orden jerárquico y desigual, la condición de la libertad es el respeto irrestricto a la propiedad privada que conlleva irremediablemente a la desigualdad; se gobierna desde la tradición, mas no a través de grandes y densas teorías sociológicas y políticas, etc. 

La historia de la derecha más rancia en Chile refleja un vil derrotero respecto del constitucionalismo, especialmente en lo tocante a las tres más conocidas Cartas Magnas que han regido a nuestra república. 

Constitución Política de 1833: fruto del poder constituyente de las armas. El triunfo conservador (estanquero-pelucón) en la batalla de Lircay en abril de 1830 puso término a la guerra civil contra los pipiolos, e inauguró una larga etapa conocida como el “régimen portaleano” o el “Estado en forma”, cuya fase inicial fue la más clara expresión del dominio sin contrapeso de la aristocracia, especialmente de Santiago y la región central. Esta Constitución, inspirada y redactada principalmente por el ultraconservador Mariano Egaña, fue el fruto directo de la victoria militar estanquero-pelucona en la guerra civil de 1830. Aunque el artículo 133 de la Constitución de 1828 establecía que esta no podía reformarse hasta 1836, los vencedores de Lircay pasaron por encima de esta disposición y, recurriendo a diferentes artimañas, impusieron su reforma. Poco después de instalado el régimen dirigido por el comerciante Diego Portales y el general José Joaquín Prieto, el Cabildo de Santiago (controlado por el bando vencedor) pidió al gobierno que autorizara al próximo Congreso Nacional a emprender la reforma constitucional a través de una “Gran Convención” convocada exclusivamente con ese objeto. 

El resultado fue la instauración de una verdadera dictadura aristocrática resuelta a barrer con cualquier obstáculo que se le antepusiera. Muchos opositores fueron encarcelados u obligados a partir al destierro; el Ejército sufrió una severa purga de oficiales sospechosos de simpatizar con los liberales; se generalizó y fortaleció una red de espionaje de la policía secreta y se estableció una férrea censura de prensa que impidió cualquier debate de fondo del texto constitucional que se preparaba, a no ser el intercambio de ideas que podía darse entre los partidarios del nuevo régimen. El historiador Gabriel Salazar sintetiza de esta manera algunos de los aspectos del clima represivo al que estaba sometido el país cuando se desarrolló el proceso constituyente portaleano: 

“Centenares de funcionarios públicos no adictos al nuevo régimen fueron exonerados, se eliminaron con el mismo objetivo establecimientos como la Casa de Moneda de La Serena, becas para estudiantes como las del Liceo de Chile […], se clausuró la Sociedad Médica de Chile (establecida por Blanco Encalada y encabezada por un médico español), mientras se cerraban o aplicaban grandes multas a los periódicos de oposición y se creaban nuevos cuerpos de ‘guardias cívicas’”. 

La afamada Constitución de 1833 no fue sino un texto destinado a dar legitimidad jurídica a un régimen con características dictatoriales resultante de la victoria militar del bando conservador en Lircay. El nuevo texto constitucional fue un traje a la medida de la facción dominante de la aristocracia, que concentró de manera excluyente el poder durante varias décadas. El centralismo, autoritarismo y elitismo fueron sus rasgos principales. La inmensa mayoría de la población resultó excluida de la vida política activa a través del sufragio censitario, como por ejemplo: el derecho a elegir y ser elegidos para cargos representativos quedó reservado solo a los hombres casados mayores de 21 años o solteros mayores de 25 años, que sabiendo leer y escribir fueran dueños de una propiedad inmueble o un capital invertido en una especie de giro o industria. 

Esta situación fue provocando creciente malestar en los sectores intelectuales, sociales y políticos, que significó nuevas guerras civiles (1851 y 1859), hasta estallar la de 1891, en la que la derecha oligárquica se alió al capital británico para impedir las reformas políticas, sociales y económicas que impulsaba el presidente José Manuel Balmaceda. La derrota de Balmaceda dio origen a un régimen “parlamentario”, que permitió a la derecha mantener el poder total y, en ese marco, reprimir violentamente al naciente movimiento social a través de las masacres de Valparaíso (en 1903), Santiago (en 1905), Antofagasta (en 1906), Escuela de Santa María de Iquique (en 1907), Punta Arenas (en 1920), San Gregorio (en 1921), Marusia y La Coruña (en 1925), por sólo mencionar las más violentas, que significaron miles de trabajadores asesinados, y acusados de usar la violencia por la osadía de pedir reducción de la jornada laboral, mejores salarios, seguridad laboral y social, educación. 

Constitución Política de 1925: el año 1924 la oficialidad joven del ejército se declaró en rebeldía, organizó una asamblea militar democrática, donde por dentro se abolieron los grados y se realizó una operación quirúrgica porque extirparon, lo que ellos denominaban, “la gangrena política” que infectaba el Estado nacional desde hacía un siglo y dieron un golpe de estado incruento.

Cerraron el Congreso Nacional después de obligarlo a hacer aprobar las leyes sociales que estaban detenidas por treinta años. Lograron que el presidente Alessandri se autoexiliara en Italia y convocaron al pueblo a una elección libre (manifiesto del 11 de septiembre de 1924), para que expresara su voluntad soberana dictando una nueva Constitución. Buscaron el apoyo de la clase trabajadora y el movimiento popular, en general, lo consiguieron y por primera vez en la historia del siglo XX se produjo la aparición de un frente cívico-militar que luchaba por una Asamblea Constituyente libremente electa y legítima. La situación se tornó compleja ya que los militares no sabían organizar una Asamblea de ese talante, tampoco los trabajadores. Para llevarla a cabo, dictaminaron que Alessandri retornara de su exilio en Italia, terminara su mandato y presidiera el proceso constituyente convocando y organizando una Asamblea Nacional Constituyente. Alessandri volvió y, desafortunadamente, la asamblea militar ciudadana revolucionaria se autodisolvió por distintos problemas. 

Alessandri se encontró como árbitro de la situación, y en lugar de llamar a una Asamblea Constituyente, designó a dedo a los miembros de un comité constituyente, no una asamblea, y con ese comité compuesto por sus conocidos y amigos, terminó dictando a su conveniencia la nueva Constitución. Por lo tanto, esa Carta Fundamental fue ilegítima.  

Constitución Política de 1980: ideada y plebiscitada bajo un régimen de terror que mantenía al país sometido a la cúpula militar y empresarial que se encontraba implementando un proyecto de sociedad y economía neoliberal extremo. La ciudadanía carecía de las condiciones mínimas para debatir y manifestar libremente sus ideas y preferencias. Miles de opositores habían sido asesinados, encarcelados, torturados o exiliados. No existía libertad de prensa, derecho de reunión ni de asociación para los opositores; los registros electorales habían sido quemados por los militares golpistas; el estado de emergencia regía en todo el territorio nacional y el “receso político” o prohibición de funcionamiento de los partidos políticos se prolongaba desde el mismo día de la defenestración de Allende. 

Aunque el gobierno autorizó la realización de un mitin opositor encabezado por el exPresidente Frei Montalva (que luego de apoyar el golpe de Estado se había pasado a las filas de la oposición), otras manifestaciones contrarias al régimen fueron prohibidas y las fuerzas oficialistas pusieron todos los recursos que les daba su dominio total del aparato estatal y un amplio control de los medios de comunicación al servicio de la campaña por la aprobación (el voto “Sí”) de la nueva Constitución. Fue este Código Político el que implantó la subsidiariedad, las privatizaciones y los pilares de un neoliberalismo radical y a ultranza.  

Siguiendo al historiador Sergio Grez, “todos los textos constitucionales han sido elaborados y aprobados por pequeñas minorías, en contextos de ciudadanía restringida (como ocurrió con algunas variantes en el siglo XIX) o como resultado de imposiciones de la fuerza armada (como sucedió durante ese mismo siglo e invariablemente en el siglo XX). Las tres cartas principales (1833, 1925 y 1980) tuvieron como parteras a las Fuerzas Armadas que, actuando como “garantes” del Estado y del orden social, pusieron sus fusiles y cañones para inclinar la balanza a favor de determinadas soluciones constitucionales propiciadas por facciones social y políticamente minoritarias. Los momentos de refundación del Estado y de la sociedad política en Chile han tenido siempre ese mismo rasgo. Incluso ciertas coyunturas históricas en las que no se desarrolló un proceso constituyente sino una mera reinterpretación constitucional – como la lectura parlamentarista de la Constitución presidencialista de 1833 a partir de 1891- también fueron el fruto de la “crítica de las armas”. Las evidencias históricas demuestran que las Constituciones chilenas han surgido de la imposición militar y de maniobras, generalmente combinadas con el uso de la fuerza armada, de los grupos hegemónicos de las clases dominantes y de la clase política (civil y militar). Exceptuando algunas tentativas abortadas, como la “Constituyente chica” de 1925, la ciudadanía ha sido casi siempre un espectador o un actor secundario que, a lo sumo, ha sido convocado a última hora por los grupos en el poder para respaldar o plebiscitar proyectos constitucionales preparados sigilosamente, pero nunca para participar activamente en su generación”. 

En síntesis, nos referimos a la misma derecha oligárquica que en 1811 derrocó al Gobierno de José Miguel Carrera, que había declarado oficialmente la Independencia, dictado la Primera acta constitucional y abolido la esclavitud a través de la Ley de Libertad de Vientres. La misma derecha que en 1823, al iniciarse el Gobierno de Ramón Freire, habiendo aún en Chile más de 20.000 esclavos, pidió indemnización por ellos debido a la promulgación de la ley de abolición de esclavitud. La misma derecha que en 1891 no pudo tolerar los avances sociales del gobierno extraordinariamente progresista de Balmaceda y corrompió la lealtad de la Armada a Chile, llevándonos a una Guerra Civil donde aproximadamente 5.000 compatriotas perdieron la vida. 

Finalmente, ¿puede ofrecer una buena, progresista y maciza obra de desarrollo una creencia basada en prejuicios y en terminología conceptual tan abstrusa como naturaleza, divinidad y normalidad? La derecha chilena desde el siglo XIX se ha opuesto al registro civil de nacimientos y defunciones, a los cementerios laicos, a la primera ley de matrimonio civil, al término de la censura de libros por la que abogó Andrés Bello a mediados del siglo XIX, al sufragio femenino, a los métodos anticonceptivos, a la planificación familiar, al aborto terapéutico, a los primeros trasplantes de órganos, a la igualdad de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, a la abolición de la censura cinematográfica impuesta por Constitución Política de 1980, a la promoción y uso del condón, a la distribución gratuita de anticonceptivos de emergencia a mujeres de escasos recursos, a la eutanasia activa, a la unión civil, al matrimonio de personas del mismo sexo y a la adopción de hijos (as) por parte de parejas homosexuales… Saque usted sus propias conclusiones de cara a las elecciones de este fin de semana. ¡Prohibido olvidar!

Autores: Jorge Molina Araneda y Patricio Mery Bell