Lanzan en Chile primera resolución centrada en la emergencia climática y su alcance con los derechos humanos

Fotografía e Información: G5Noticias

A nivel internacional, existe consenso en que la relación entre la crisis provocada por el cambio climático y sus efectos en los derechos humanos es directamente proporcional. Por ejemplo, el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero y la intensificación de cambios meteorológicos, conlleva a un aumento de riesgos para las sociedades, las personas y los ecosistemas.

De este modo, resulta fundamental reconocer el escenario actual y tomar medidas para enfrentarlo. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) presentaron en marzo de este año la resolución 3/21 «Emergencia climática: alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos». El documento, que toma nota del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), incluye estándares y recomendaciones dirigidas a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El lanzamiento oficial en Chile de esta resolución, organizado junto a la Iniciativa Global por los Derechos Económicos Sociales y Culturales (GI-ESCR) y Espacio Público, se realizó este viernes 8 de abril a las 8:30 hrs. y contó con la presencia de las ministras de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y de Medio Ambiente, Maisa Rojas, además de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a temas medioambientales y de derechos humanos.

Así, la Canciller destacó la importancia de la Resolución 3-21: «Uno de los principales compromisos del Presidente Gabriel Boric es el de impulsar una política exterior con foco en medioambiente y derechos humanos». Y agregó: «La Resolución muestra una diversidad de materias, como los derechos humanos en el contexto medioambiental, el rol de las empresas y el cambio climático». Además «da cuenta de su conexión con el Acuerdo de Escazú, recientemente impulsado por el gobierno».

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, recalcó la urgencia de la crisis climática y económica: «Es tiempo de tomar decisiones decididas y transformadoras». «Como país y como gobierno buscamos impulsar el respeto a los DD.HH. y el medioambiente, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, el empresariado y la ciudadanía en general. Esta resolución se alinea a eso», indicó.

Luego de estas intervenciones, la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Soledad García Muñoz, presentó la resolución. “Esperamos que esta resolución sea una herramienta para la acción, para la justicia y para la ambición climática, con los DD.HH. considerados en su integralidad», señaló, añadiendo que “aquellos colectivos que menos aportan al efecto invernadero son los más afectados con el cambio climático. Es necesaria una verdadera justicia ambiental”.

Finalmente, se dio paso a un panel de conversación (moderado por Rodrigo Guerrero, investigador del área de Sustentabilidad de Espacio Público), y que contó con la participación de Magdalena Sepúlveda, directora ejecutiva de GI-ESCR y ex Relatora Especial para la extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas; y Andrea Sanhueza, directora de Espacio Público y representante del público para el Acuerdo de Escazú.

Por su parte, la directora de Espacio Público se refirió a un, a su juicio, aspecto innovador de la resolución presentada: “Respecto a los actores, la resolución habla -al igual que Escazú- de la importancia de acercar la información a las distintas comunidades, lo que es fundamental para una verdadera democracia ambiental”.

Finalmente, Magdalena Sepúlveda indicó: “Debe haber una transición hacia energías renovables, pero incorporando las necesidades de las mujeres y los grupos vulnerables: los grandes ausentes hasta ahora».