Lapidario informe de Contraloría da cuenta de graves irregularidades en el sistema de inscripción de armas

La Contraloría General de la República detectó múltiples irregularidades en los procesos de control de armas de la Dirección General de Movilización Nacional, incluyendo acreditaciones sin verificar, incumplimientos legales y fallas en el respaldo informático.

Si bien la investigación abarcaba originalmente el año 2023, la magnitud de las irregularidades detectadas motivó que el ente contralor terminara revisando antecedentes desde el 2019 hasta la fecha.

Entre los hallazgos llama la atención la detección de 61 médicos que emitieron certificados sin contar con la especialidad de psiquiatría, un requisito esencial para concretar la inscripción legal de armas. En total se detectaron 1.281 personas que pudieron inscribir su arma sin cumplir con este requisito, de los cuales 502 recurrieron al mismo profesional.

En paralelo, se encontraron 11 certificados firmados por médicos que se encontraban fallecidos al momento de la emisión, mientras que otros utilizaron RUTs de profesionales que no existían.

Contraloría acusa a la DGMN de no ejercer medidas efectivas de verificación

La Contraloría también detectó que más de 700 personas condenadas por diversos delitos pudieron acceder a los trámites de inscripción de armas, 9 de ellos mientras cumplían sentencia.

También se encontraron 174 personas que superaron el límite anual de compras de munición, existiendo 23 personas que concentran el 51% de estas municiones.

El informe también da cuenta de 18 trámites para la adquisición de artificios pirotécnicos y municiones que se realizaron en nombre de personas fallecidas, y 123 casos en los que propietarios de armas inscritas para defensa personal poseían más de las dos armas que permite la normativa.

Por lo anterior, la Contraloría determinó que la Dirección General de Movilización Nacional «no ejerce medidas efectivas de verificación acerca de la autenticidad o validez de la documentación que presentan usuarios al inscribir un arma» y se remitió el informe al Ministerio Público para que éste las medidas correspondientes.