Las cárceles en Estonia y Chile

La información internacional nos trae la asombrosa noticia de que en Estonia a las cárceles les sobra un 42 por ciento de sus celdas. Esto se debe a que los delincuentes han disminuido en más de un tercio en los últimos 10 años, por lo que algunos sugieren que este espacio carcelario desocupado se le podría arrendar a aquellos países que tienen una sobre población penal. Nosotros, por cierto, estamos demasiado lejos de esta joven república europea como para postular a estos cupos carcelarios que, sin duda, deben tratarse de espacios mucho más cómodos y dignos que los de nuestros mejores penales.

Si a las autoridades de Estonia y Chile hicieran caso omiso de nuestra distancia, seguramente los presos de “cuello y corbata” estarían muy complacidos de cumplir sus detenciones y penas en cualquier país en que a los reos se los considere seres humanos y no se les sume a sus privaciones de libertad el estar hacinados en lugares estrechos, fríos, insalubres e inseguros. Aun si se trata de nuestro reclusorio Capitán Yaber dispuesto para encerrar a empresarios, políticos y otros que no hayan cometido delitos de sangre, como se considera a los que solo cometen fraudes, desfalcos al fisco, sobornos, cohechos y asociaciones ilícitas para enriquecerse indebidamente.

Es muy probable, además, que los gastos de traslado, mantención y otros que son propios de los penales con gusto podrían ser financiados por los propios procesados y condenados de alto peculio como los que acaparan actualmente los espacios periodísticos.

Se trata de una posibilidad, por supuesto, muy poco factible, por más que piense, como lo proclamara un candidato presidencial de la derecha, que “Chile es un gran país solo que ubicado en un mal barrio”, aludiendo pretenciosamente a nuestra identidad cultural y política con el Primer Mundo en contraste con otros países de la región.

En política se cometen muchos despropósitos, pero podemos asegurar que una posibilidad como esta sería demasiado extrema y serviría solo para acentuar nuestras profundas diferencias sociales. Lo que no solo se aprecia en nuestras ciudades, pueblos y poblaciones marginales sino, además, en nuestros bochornosos recintos penitenciarios.

Todos los días sabemos de decenas de chilenos y extranjeros residentes que son recluidos en nuestra vorágine criminal que, como se sabe, ha alcanzado ribetes alarmantes y parecen estar fuera del control de las autoridades y policías. Nadie se explica dónde pueden caber tantos presos y cómo lo hace Gendarmería para atender a tan voluminosa y creciente población penal. Porque ya se reconoce que varias de nuestras cárceles han excedido en más de un 80 por ciento su capacidad y que, en estas condiciones, se hace muy difícil separar a los presos según la cuantía de sus delitos, edad, reiteración delictual y peligrosidad.

Tal aglomeración y la promiscuidad son verdaderamente críticas y son muchos los que piensan que en estas condiciones se va a producir próximamente un severo estallido social. Solo que ahora sus actores y acciones se expresarían detrás de las rejas. Esta delicada situación explica la voluntad gubernamental de construir nuevas cárceles, al mismo tiempo que ampliar las existentes. Solo que este deseo ya lleva varios meses sin concretarse mientras los presos se multiplican a propósito de las profusas detenciones policiales y resoluciones judiciales. La hipocresía política asume que tendría que ser un nuevo gobierno el que se encargue de inaugurar estos nuevos recintos. La mezquindad económica oficial hace muy improbable que se dediquen recursos para este propósito, cuando se calcula que tenemos más de un millón y medio de chilenos sin casa, así como campamentos que son más populosos que varias ciudades y pueblos.

Todo esto mientras, de derecha a izquierda, la política hace gárgaras con la democracia pero, sobre todo, con los Derechos Humanos. Tanto así que a nuestra televisión le gusta destacar conmovedores reportajes sobre las precarias condiciones carcelarias de Brasil, El Salvador y otras naciones, omitiendo la realidad de nuestro país. Diversos análisis, seminarios y actividades académicas destacan la dignidad de todos los seres humanos y no faltan los políticos que anotan nuestros severos déficits al respecto, aunque de verdad, nada o muy poco hacen todos para atender el llamado de Gendarmería, de las organizaciones sociales, los familiares de los presos y de la instituciones religiosas y asistenciales para que nuestra supuesta democracia se ponga a la par con otras que, como el caso de Estonia, le dan ejemplo al mundo. Donde se respeta la dignidad de todas las personas, especialmente de quienes están recluidos en la esperanza de su rehabilitación y reinserción en una vida civil digna y plena.

Nada más ingrato y vergonzoso que nuestros recintos carcelarios se constituyan en verdaderas “universidades del delito”, como tanto se repite. Cuando tantos miles de condenados, producto de su miseria, falta de educación y desesperanza, son sometidos a situaciones todavía más indignas que las de sus poblaciones y barrios, pasando a ser instruidos por delincuentes que ya no reconocen posibilidad mejor para sus vidas que la de robar, matar, secuestrar y enrolarse en aquellas bandas criminales que asolan hoy a los habitantes.

No es solo con más policías y armas con las que se debe enfrentar el delito. Mucho más importante es que todos nuestros niños tengan acceso a la educación, que nadie siga viviendo en la promiscuidad y la pobreza extrema, que el trabajo se asegure a los jóvenes y que los que delinquen tengan posibilidad de reivindicarse. Es triste que un gobierno que se supone de izquierda ponga tanto énfasis en la represión, nos llene de policías y, más temprano que tarde, recurra a los militares para poner orden y paz. Que soslayen la imperiosa necesidad de justicia social. Que sus voces hablen por los poderosos y asuman con tanto entusiasmo las ideas y propuestas de la derecha.

Por Juan Pablo Cárdenas S.

Columna publicada originalmente el 9 de septiembre 2024 en el blog del autor.

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