Las deudas que deja Michelle Bachelet en políticas sobre pueblos indígenas

Este 11 de marzo Michelle Bachelet deja la Presidencia de la República y entrega la banda tricolor a Sebastián Piñera. Durante las últimas semanas, desde el Gobierno han intentado poner en relieve el supuesto “legado” de la mandataria, resaltando las políticas de gratuidad en educación, la ley de aborto en tres causales, el fin del sistema binominal, el fomento a las energías renovables y la creación de la Red de Parques Nacionales de la Patagonia. 

¿Pero qué pasó en materias vinculadas a los pueblos indígenas? El Programa de Gobierno de Bachelet contenía importantes anuncios y una declaración ambiciosa en relación a los deberes del Estado chileno con las comunidades que ya habitaban este territorio antes de la llegada de los europeos.

“Una nueva relación deberá estar basada no sólo en los derechos individuales, sino también en los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, con una propuesta real de participación y superación de toda forma de marginación, racismo y discriminación. Reconocemos así que el Estado y la sociedad chilena mantienen una deuda histórica”, se lee en la carta de navegación con que Bachelet logró alcanzar la Presidencia por segunda vez.

El texto establecía tres ejes en torno a los cuales se sustentaría la política indígena del Gobierno. El primero de ellos sostiene que “el Estado de Chile tiene obligaciones que debe cumplir”, por lo que el programa compromete al país para implementar los tratados que ha ratificado en materia de derechos para los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT. También asume la tarea de respetar “su autonomía y autodeterminación y extendiendo sus derechos políticos”, además del reconocimiento constitucional de los pueblos en el marco de la discusión por una nueva Constitución.

En un segundo eje –“Por un camino de Paz, Diálogo y Entendimiento”– el Programa de Gobierno reconoce que “la falta de reconocimiento de los derechos indígenas ha llevado a una profunda crisis en la relación de los Pueblos con nuestra sociedad y el Estado”. A partir de este diagnóstico, Bachelet se comprometió a corregir esta situación “y los errores cometidos en el pasado”, con el fin de “reconstruir confianzas, alejándonos de la represión y la violencia”.

“Construir juntos una nueva relación para mejorar la calidad de vida, tanto de las comunidades  indígenas rurales como para la población indígena urbana. Respetar los derechos de los Pueblos Indígenas y sus Recursos Naturales”, se titula el tercer eje de la propuesta gubernamental. En esta parte del documento se señala que “los Pueblos Indígenas tienen derecho a decidir sobre el uso de sus tierras y lugares donde habitan”.

Participación, consulta y reconocimiento

Más allá del conjunto de intenciones declaradas, el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet contenía una serie de medidas para implementar sobre el tema indígena, además de las menciones que la mandataria realizó en los cuatro mensajes presidenciales o cuentas públicas que dirigió ante el Congreso Nacional.

En relación a las reformas políticas, legislativas e institucionales, la administración bacheletista comprometió la participación indígena en el proceso constituyente, instancia que tendría que haber derivado en la redacción de una nueva carta magna. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Social, participaron más de 17 mil representantes de los nueve pueblos originarios reconocidos en el país.

Sin embargo, los consejeros nacionales de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), expresaron en agosto de 2017 sus reparos respecto del contenido y forma como se estaba desarrollando la iniciativa.

“Los textos o enunciados que se someten a consulta, son claramente insuficientes frente al avance en materia de Derechos que la comunidad internacional ha reconocido en diversos instrumentos jurídicos internacionales. No es posible aceptar que se continúe negando el derecho a ser reconocidos como pueblos o naciones indígenas, el derecho al territorio y a la libre determinación. En el mismo sentido, a pesar de lo manifestado en el Proceso Constituyente Indígena, se niega la definición de Estado Plurinacional”, denunciaron.

Los compromisos de Gobierno también incluían el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la generación de unos Estatutos Especiales de Autonomía. La primera iniciativa completó un 40% de avance, puesto que el proyecto para modificar la Constitución se encuentra en primer trámite legislativo, según reveló la Fundación Ciudadano Inteligente, al pasar revista a los compromisos asumidos por la mandataria saliente. En tanto, el segundo proyecto no tuvo movimiento.

La ONG identificó un 42% de cumplimiento en el total de promesas sobre los pueblos indígenas. De seis compromisos, ninguno fue concretado íntegramente; cuatro permanecen en proceso y dos ni siquiera alcanzaron a plasmarse en un proyecto de ley.

De igual manera, la organización registró el nivel de avance de otras promesas contenidas en el programa, como conferir rango de ministro de Asuntos Indígenas al Director de la CONADI (0%) y los proyectos de ley que crean el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígena. Estos últimos han logrado un progreso de 70%, dado que se encuentran en segundo trámite constitucional.

Ana Llao

Desde las agrupaciones indígenas también pusieron en duda la legitimidad del proceso de consulta previo a la formulación del proyecto que crearía una nueva secretaría de Estado.

En enero, Ana Llao, werken de la organización mapuche Ad-Mapu, afirmó a El Ciudadano que “las consultas que se hicieron para el Ministerio de Pueblos Indígenas fueron súper chantas, sin una participación real, porque se juntaron solamente los amigos del gobierno de turno, donde quedamos una gran parte de personas que no participamos”.

La disconformidad también se hizo saber respecto de uno de los objetivos más ambiciosos del Gobierno -implementar «en plenitud» el Convenio 169 de la OIT-, instrumento mediante el cual se introdujo el mecanismo de consulta indígena para proyectos que interfieran en el quehacer cotidiano de las comunidades.

En febrero, el werken del parlamento de Koz koz, Jorge Weke, dijo a El Ciudadano que “las consultas que ha hecho el Gobierno han sido nefastas, han sido negativas y muy malas, pero eso no es culpa del Convenio, sino culpa de los gobernantes que no tienen los cojones para llegar y aplicar una consulta y un consentimiento adecuado para los pueblos indígenas”.

Ley Antiterrorista: hechos más que palabras

“Nos comprometemos firmemente a la no aplicación de la Ley Antiterrorista a miembros de los Pueblos Indígenas por actos de demanda social”, fue otra de las promesas suscritas por la Presidenta Bachelet.

Sin embargo, lo cierto es que el Gobierno se sumó a la querella por delito terrorista en contra de los cuatro comuneros imputados por el denominado caso “Iglesia”, lo que ha significado que los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol, además del lonko Alfredo Tralcal, permanezcan más de un año y medio en prisión preventiva.

Al cumplir un año encarcelados sin que comenzara el juicio, en junio de 2017, los cuatro detenidos iniciaron una extensa huelga de hambre que, al menos, logró torcer la mano del Gobierno, que terminó por retirar la querella. No obstante, el Ministerio Público persistió y los cuatro comuneros permanecen en prisión, a pesar de que el juicio recién comenzó en marzo de 2018.

La guinda de la torta no podía ser otra que lo acontecido con la “Operación Huracán”, mediante la cual se detuvo a ocho dirigentes mapuche, acusados por los delitos de asociación ilícita terrorista e incendio. En una teleserie que aún continúa, el Ministerio Público desestimó las pruebas presentadas por Carabineros y abrió una investigación por obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento publico en contra de ex funcionarios de la policía uniformada, incluido el asesor informático Álex Smith –“el Profesor”–.

A comienzos de febrero, uno de los detenidos en el marco del operativo, Héctor Llaitul, quien además es vocero político de la Coordinadora Arauco Malleco, conversó con El Ciudadano y responsabilizó al Gobierno por el proceso en contra de los dirigentes mapuche.

“El ministro del Interior (Mario Fernández) y el subsecretario (Mahmud Aleuy) tienen una responsabilidad directa en el desarrollo de la ‘Operación Huracán’. Esto tiene que ver con el contexto de presión, por parte de los gremios y el empresariado, de dar una respuesta frente al ascenso que tomaba la lucha de nuestro pueblo nación Mapuche”, sostuvo Llaitul.